Por Pablo Muñoz Unceta
Un Proyecto Urbano Integral (PUI) es un
instrumento de planificación empleado en distintos países de Latinoamérica,
similar a un Plan Especial, y normalmente enfocado a zonas de la ciudad con
importantes problemas de vulnerabilidad física y social, que han surgido a
través de procesos de ocupación informal a menudo incontenible. En Lima, los
PUI han comenzado a desarrollarse por la gestión municipal de Susana Villarán,
que hace unas semanas dejó la alcaldía en manos de la oposición, tras las
elecciones municipales de octubre de 2014. Pero, para hablar del caso limeño, es
quizás importante mencionar la historia de los últimos 60 años de la ciudad,
marco imprescindible para entender los PUI.
Lima es una ciudad con cerca de 10 millones
de habitantes (9.735.587 según la proyección del Instituto Metropolitano de
Planificación sobre el último censo (2007) del Instituto
Nacional de Estadística e Informática). Sin embargo, en el año 1957 vivían 1.260.729 [1]personas
en la ciudad. Desde entonces, la ciudad ha crecido en más de 130.000 habitantes
por año, llegando a mayores cifras durante el período de conflicto interno de
los años 80 y 90, generado por la confrontación entre los grupos terroristas
Sendero Luminoso y MRTA y el estado peruano, en el cual cientos de miles de
personas se trasladaron a Lima desplazados por la violencia que vivía el país (se
estima que Lima creció en más de 170,000 habitantes cada año* [2]).
La llegada vertiginosa de población de las
provincias a la capital hizo difícil la elaboración de una planificación que
organizara el crecimiento de la ciudad e incorporara a todas estas estas
personas al tejido urbano social. Sin embargo, el Estado en ocasiones respondió
a esta llegada masiva de familias, poniendo en marcha iniciativas conjuntas con
ésta para que los y las migrantes se asentaran en territorios disponibles, generalmente
en la periferia de la ciudad: En la Navidad de 1954 se establece un importante
precedente con la ocupación organizada de Ciudad de Dios (20 mil familias); durante
el gobierno militar de Velasco Alvarado (1968-75) se forma el SINAMOS (Sistema
Nacional de Apoyo a la Movilización Social), y en 1971, a raíz de la presión
popular y la ocupación informal de terrenos en la zona de Pamplona, se
desarrolla la ciudad
modelo de Villa el Salvador, con una población organizada, el apoyo del
gobierno central y un equipo técnico liderado por el arquitecto Miguel Romero;
años después, en 1984 surge la Comunidad
Urbana Autogestionaria de Huaycán (CUAH) con el apoyo del gobierno municipal
de Alfonso Barrantes, diseñando
las etapas iniciales el equipo del arquitecto Eduardo Figari, en contacto
directo con la población; por poner algunos ejemplos.
La mayoría de estas iniciativas tuvieron en
cuenta la autogestión y la capacidad de la población para construir sus barrios
como esfuerzo principal para generar ciudad. Contando intermitentemente con
apoyo de las instituciones, los vecinos y vecinas conformaron comités barriales
y comunidades vecinales, representadas por juntas directivas elegidas por sus
integrantes, encargadas no sólo de coordinar los esfuerzos de la comunidad,
sino también de ser interlocutores con las diferentes instancias públicas, las organizaciones
vecinas o las estructuras organizativas sociales de mayor escala. Se formaron
también organizaciones sociales de base como comedores populares, ollas comunes,
escuelas auto-organizadas o rondas de vigilancia que suplían los inexistentes
servicios del Estado. Estas estructuras fueron el motor para el desarrollo inicial
de muchos barrios de Lima, que poco a poco se irían consolidando con la
intervención complementaria del Estado: Implementación de los servicios de luz,
agua y desagüe, sistemas de transporte públicos o equipamiento sanitario y
educativo, para los que se dejaron espacios y terrenos libres, en previsión de
los equipamientos o espacios públicos que debieran ejecutarse posteriormente.
Por otro lado, el sistema de propiedad y lotización (división de los terrenos)
respondía a un modelo extensivo de ocupación, con lotes pequeños para el
desarrollo de viviendas unifamiliares, que irían construyendo poco a poco a
medida que la familia creciera (a menudo cada piso corresponde a una nueva
generación o núcleo familiar).
A finales de los años 80, la organización
vecinal comenzó a desintegrarse y a perder fuerza, llegando a atomizarse y
fragmentarse definitivamente durante los años 90. Muchos de los barrios habían
conseguido en esta década los servicios básicos, las infraestructuras y los
títulos de propiedad de los terrenos donde se erigían sus viviendas
autoconstruidas, derechos que confirmaron la pertenencia a la ciudad de las
familias y que, de algún modo, cerraron una etapa de lucha colectiva. Es en
este momento también cuando se redacta el último Plan Urbano aprobado por la
Municipalidad de Lima Metropolitana (1991).
Los años 90 fueron tiempos de inestabilidad
política y violencia social en el Perú, iniciados años atrás por los grupos
terroristas Sendero Luminoso y MRTA y que, en su confrontación con el estado
peruano (recrudecida
durante los gobiernos de Alberto Fujimori), afectaron dramáticamente a
millones de familias y personas en el país. Fueron también tiempos en los que la
irrupción de lógicas neoliberales en el mercado afectó profundamente las vidas,
los empleos y los hábitos de consumo de la población a través de la
privatización de los servicios básicos, el desmantelamiento del transporte
público o los tratados de libre comercio que desplazaron a pequeñas empresas y
productores, años en los que el clientelismo y asistencialismo político
impuesto por los dos gobiernos consecutivos de Alberto Fujimori se consolidaron
como principal modo de hacer política. Éstos y otros acontecimientos cambiaron
tanto la ciudad de Lima, que el plan urbano de 1991 quedó obsoleto en poco
tiempo.
La fragmentación de la organización y el
asistencialismo, contrarios a los modelos de autogestión y trabajo conjunto
entre autoridades y ciudadanía experimentados intermitentemente en décadas
anteriores, afectaron profundamente a los barrios y su población, que se vieron
desplazados de la mesa de trabajo y de la toma de decisiones y que, con una
organización fragmentada, perdieron parte de la presión política que había
tenido anteriormente, obteniendo
únicamente obras aisladas como moneda de cambio para ganar votos. Muchos
grandes proyectos quedaron inconclusos (Huaycán o Villa el Salvador) y los
barrios siguieron creciendo con el aumento de la población limeña, que poco a
poco fue asentándose (informalmente) en los espacios reservados para los
equipamientos y las laderas de la ciudad, encajada entre el Océano Pacífico y
las estribaciones andinas. Esto, unido a la incapacidad de las autoridades de
entender y gestionar el crecimiento de la ciudad y a la ausencia de un plan
urbano o una hoja de ruta, llevó a millones de personas a vivir en situación de
alto riesgo físico y social.
Debido a esta situación, en 2012, la
Municipalidad de Lima Metropolitana puso en marcha el desarrollo de los
Proyectos Urbanos Integrales (PUI) desde el Programa
BarrioMío, inspirados por otras experiencias latinoamericanas de
planificación y desarrollo de barrios en situación vulnerable: Favela
Bairro en Brasil (1995-2004) o los PUI
desarrollados y ejecutados en Medellín durante la gestión municipal de Sergio
Fajardo y su equipo (2004-2007).
Pablo Muñoz Unceta es un arquitecto español que vive en Lima
desde el año 2011. Ha colaborado en diversos proyectos e investigaciones en los
barrios de la periferia de la ciudad y durante los años 2013 y 2014 trabajó
para la Municipalidad de Lima en el área de Proyectos Urbanos Integrales del
programa BarrioMío y en el equipo de vivienda del plan metropolitano de desarrollo
urbano Lima y Callao 2035.
*Este texto es la primera de las dos partes en que se ha dividido Lima y los Planes Urbanos Integrales de Pablo Muñoz Unceta.
[1] José Matos Mar «Estado Desbordado y Sociedad Nacional Emergente»
[2] José Matos Mar «Estado Desbordado y Sociedad Nacional Emergente»
Créditos de imágenes:
Imagen 01: Evolución de las barriadas
de Lima (fuente: «Estado Desbordado y Sociedad Nacional Emergente» José Matos Mar.)
Imagen 02: Vista Aérea de Villa el
Salvador en 1985 / Foto del Servicio Aerográfico Nacional. (fuente: «Estado Desbordado y Sociedad Nacional Emergente» - José Matos Mar.)
Imagen 03: Plano general de UCVs
(unidades comunales de vivienda) de Huaycán (fuente: «Huaycán: Una Experiencia de Gestión
Democrática e Innovación Tecnológica Para la Vivienda Popular» - Eduardo Figari.)
Imagen 04: Zona de Intervención del PUI
Valle Amauta (fuente: Programa BarrioMío, Municipalidad Metropolitana de Lima)
Revista Arquitectura
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