Tras la victoria derechista de noviembre de 1933, el PSOE radicaliza más el discurso y el 13 de enero de 1934 la comisión ejecutiva socialista aprobó el “Proyecto de bases”: nacionalización de la tierra, disolución de todas las órdenes religiosas y la incautación de sus bienes, disolución del Ejército sustituyéndolo por una “milicia democrática”, disolución de la Guardia Civil… Renovación, periódico socialista, afirma el 14 de septiembre de 1934: “La República social vendrá con sangre, con violencia”. El Socialista, órgano de expresión del PSOE, dice el 18 de septiembre de 1934. “Tenemos nuestro ejército, a la espera de ser movilizado. Sólo nos falta el poder. Hay, pues, que conquistarlo”. Se estaba preparando el Golpe de Estado del 5 de octubre de 1934, llamado eufemísticamente Revolución de Asturias, donde Largo Caballero desempeñaba el papel de presidente del comité revolucionario y que debía ser ejecutado por las juventudes socialistas y comunistas en coordinación con elementos afectos al PSOE en el Ejército, la Guardia de Asalto y la Guardia Civil, y que encuadrarán a 30.000 hombres, ya bajo el nombre de Ejército Rojo. Pero este Golpe de Estado fracasó, con un balance trágico de 256 muertos y 639 heridos en el Ejército y las Fuerzas de Seguridad; 942 muertos y 1449 heridos entre la población civil. Los socialistas y la izquierda en general dijeron que había sido “una protesta espontánea del pueblo” por la entrada de la CEDA en el Gobierno. Salvador de Madariaga exponía sobre este Golpe de Estado: “Con la rebelión de 1934, la izquierda española perdió hasta la sombra de autoridad moral para condenar la rebelión de 1936”. En las elecciones del 16 de febrero de 1936, el Frente Popular dio un Golpe de Estado parlamentario que privaba de cualquier legitimidad al gobierno de esta coalición de todas las izquierdas. El propio presidente de la República, Alcalá Zamora, da testimonio de ello: “…El Frente Popular obtenía solamente poco más de 200 actas, en un Parlamento de 473 diputados… La mayoría absoluta se le escapaba. Sin Embardo, logró conquistarla consumiendo dos etapas a toda velocidad, violando todos los escrúpulos de legalidad y de conciencia. Primera etapa: Desde el 17 de febrero, el Frente Popular, sin esperar el fin del recuento del escrutinio y la proclamación de los resultados… desencadenó en la calle una ofensiva del desorden, reclamó el Poder por medio de la violencia… Algunos gobernadores civiles dimitieron. A instigación de dirigentes irresponsables, la muchedumbre se apoderó de documentos electorales. Segunda etapa: Conquistada la mayoría de este modo, fue fácil hacerla aplastante… Se anularon todas las actas de ciertas provincias donde la oposición resultó victoriosa; se proclamaron diputados a candidatos amigos vencidos. Se expulsaron de Cortes a varios diputados de las minorías…Fue así que las Cortes prepararon dos golpes de Estado parlamentarios”, artículo en el Journal de Genéve (17 de enero de 1937). A partir de ese Golpe de Estado del Frente popular, milicias socialistas y comunistas y sindicatos anarquistas imponían su ley en la calle, traducida en asesinatos y disturbios, invasión de fincas, quema de iglesias y registros de la propiedad, asaltos a periódicos y sedes de la derecha, desfiles intimidatorios, humillaciones y ultrajes al clero… El estado de alarma y una estricta censura de prensa ocultaban las noticias. El 16 de junio Gil Robles presentaba en las Cortes su ya célebre balance de la violencia política desde las elecciones de febrero de 1936: 269 muertos, 1.287 heridos (la gran mayoría de las víctimas, de derechas), 33 periódicos de la derecha asaltados, 10 completamente destruidos, asalto a 312 centros políticos y sedes de sociedades privadas, más destrucción de otros 69; 160 iglesias totalmente destruidas, 251 templos asaltados o incendiados, 113 huelgas generales, 228 huelgas parciales, 146 bombas… En esa misma sesión de las Cortes, Casares Quiroga amenazaba a Calvo Sotelo: “Si algo pudiera ocurrir, su señoría sería el responsable de toda responsabilidad”. El desenlace de tanta violencia tendrá lugar el 12 de julio de 1936, cuando el líder de la derecha monárquica, José Calvo Sotelo, es asesinado (Gil Robles se salvó por no estar en Madrid). En el crimen participan media docena de militantes socialistas de la Motorizada de Indalecio Prieto (sus pistoleros), el capitán de la guardia civil Fernando Condés, y al menos un escolta de la diputada socialista Margarita Nelken. Tras ser detenido en su casa, Calvo Sotelo es embarcado a un vehículo y, después de recorrer unos cientos de metros, el pistolero Luis Cuenca, socialista de la escolta de Prieto, dispara dos tiros en la cabeza del diputado, dejando el cadáver en el cementerio. Al menos cuatro diputados socialistas se ocuparon enseguida de encubrir a los asesinos: Juan Simeón Vidarte, Julián Zugazagoitia, Margarita Nelken e Indalecio Prieto. Otro socialista, Ángel Galarza, dijo un mes después: “A mí el asesinato de Calvo Sotelo me produjo un sentimiento… el sentimiento de no haber participado en la ejecución”. La Guerra Civil estaba servida. Azaña y Giral, ante la presión de Largo Caballero y otros líderes socialistas y comunistas, deciden el 19 de julio de 1936 autorizar la entrega de armas al “pueblo”, es decir, a las milicias de los partidos de izquierda, aunque ya se habían producido dos grandes movimientos de armas en 1931 y en 1934, que terminaron engrosando el arsenal del Frente Popular. El terror se apoderó de toda la zona republicana: Los comités, los tribunales populares, las checas, las sacas, asaltos a prisiones, genocidio católico, represalias de guerra, torturas, saqueos, expolios… Siendo presidente del Gobierno Largo Caballero, que es nombrado en septiembre de 1936, se produce el episodio más terrorífico y criminal de toda la guerra: Paracuellos. En ello tiene que ver mucho la llegada de Ángel Galarza, socialista, como Ministro de Gobernación (actual Ministerio del Interior). Galarza, guerracivilista furibundo, proclive a la violencia y hostil a la Iglesia, facilita listados y registros oficiales a las milicias y a la Consejería de Orden Público, comandada por el genocida Santiago Carrillo, convirtiendo su Ministerio en una mecanización de la represión: detención de los “enemigos”, que son llevados a cárceles oficiales y asesinados a ritmo creciente en las sacas y fusilamientos de Paracuellos y Torrejón, con más de ocho mil inocentes fusilados, entre ellos mujeres, ancianos y niños. El PSOE tendrá un acusado protagonismo en el Terror, con sus jefes ostentando cargos importantes en los aparatos represivos del Estado. Así, la checa socialista por antonomasia fue la de la Agrupación Socialista de Madrid, en la calle Fuencarral, donde esta checa jugó un papel fundamental en la persecución religiosa y en las matanzas masivas de Boadilla del Monte. Margarita Nelken, la misma que votó en contra del voto femenino, disponía de su propio grupo represivo y estuvo implicada en los masivos asesinatos de Paracuellos. Wenceslao Carrillo, padre de Santiago Carrillo y militante del PSOE y la UGT, asaltaba legaciones diplomáticas y embajadas para asesinar a los asilados. Ángel Galarza crea en 1936 la DEDIDE (Departamento Especial de Información del Estado), una mezcla de policía política y servicio de espionaje a modo de la NKVD soviética, que “oficializa” y aumenta el terror al calor de la revolución y la guerra. Un año más tarde, el 6 de agosto de 1936, Indalecio Prieto crea el SIM (Servicio de Investigación Militar), órgano mixto de contraespionaje y policía militar que va sustituyendo en sus funciones a la DEDIDE de Galarza. El primer jefe del SIM fue Santiago Garcés Arroyo, uno de los escoltas de la Motorizada de Prieto que asesinaron a Calvo Sotelo. Delación, censura, secuestro, tortura y asesinato eran los “servicios” que le valieron al SIM una fama siniestra y que el ministro Irujo denunció al dimitir. Entre los que “sovietizaron” al PSOE se encuentra Julio Álvarez del Vayo (futuro presidente del grupo terrorista FRAP en 1974 y amigo del padre del actual líder de Podemos), que junto a Largo, Prieto, Negrín y Araquistáin son los que más contribuyeron a la deriva bolchevique socialista, algo que Julián Besteiro denunció en unas proféticas palabras: “Estamos derrotados nacionalmente por habernos dejado arrastrar a la línea bolchevique, que es la aberración política más grande que han conocido quizá los siglos”. Sabias palabras de un socialista moderado que fue arrinconado y ninguneado por un PSOE que no se distinguía del PCE. Por algo a Largo Caballero le llamaban “El Lenin español”. Los delitos de tipo económico que acompañaron al Terror rojo fueron múltiples y de gigantesco calado para España. La medida más importante fue la enajenación del oro del Banco de España a partir de un decreto firmado el 13 de septiembre de 1936 por Azaña. Esa medida fue responsabilidad directa del ministro de Hacienda, el socialista Juan Negrín, bajo el gobierno de Largo Caballero. Las reservas de oro del Banco de España fueron enviadas a Moscú. La operación del célebre “oro de Moscú”, la cuarta reserva mundial de oro, se llevó a cabo entre los socialistas Negrín, Largo Caballero y Prieto, al margen del presidente de la República, Azaña, a quien sólo presentaron los hechos consumados. El Estado español jamás volvería a ver ese oro ya que la entrega del tesoro se hizo sin documentos probatorios de la propiedad española. El mismo Indalecio Prieto insiste en calificar la operación como “colosal desfalco”: “Un ministro socialista (Negrín) pidió plena autorización para proceder libremente; el Gobierno, del que formábamos parte otros cinco socialistas, incluso quien lo presidia (Largo), se la concedió, y socialistas eran también los bancarios que dispusieron cuanto se les ordenó”.
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