PSOE y PP envilecen la falsa democracia española

Algunos españoles incautos, fanáticos y descerebrados están felices porque el PSOE y el PP han pactado la renovación de ciertos órganos del Estado, ignorando que lo que han hecho es ensuciar y envilecer todavía más el sistema al repartirse impúdicamente un poder que la democracia exige que sea independiente y limpio. Han nombrado defensor del pueblo a al socialista Gabilondo, el que fue duramente derrotado en las elecciones de Madrid, y a Teresa Jiménez Becerril, del PP, como su ayudante. Ambos, lógicamente, se dedicarán más a defender a sus respectivos partidos que al pueblo español, abandonado y maltratado por sus políticos, como es habitual desde hace siglos. También han hecho lo mismo y se han repartido los puestos en el Tribunal Constitucional y otros órganos del Estado de gran importancia, que la democracia exige que sean limpios e independientes, pero que los partidos políticos españoles, siempre ansiosos de acumular poder, han politizado y envilecido metiendo sus garras en ellos. No es un día de alegría, como dice la propaganda, sino de luto porque el basurero español ha acumulado algunas toneladas más de porquería política. --- Los pactos alcanzados por el PSOE y el PP para renovar órganos democráticos constituyen un nuevo deterioro corrupto de la democracia española, que hoy amanece un poco más sucia y envilecida por culpa de su peor enemigo: los grandes partidos políticos. Los dos principales partidos del país invaden el poder judicial y otros órganos y colocan a tipos cuyo gran mérito es tener un carné de partido o ser ciegamente leales a esos partidos, invadiendo y ensuciando así espacios y órganos del Estado que la democracia exige que sean independientes.

El acuerdo alcanzado renueva, politiza y contamina el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. La renovación afecta a cuatro miembros del Tribunal Constitucional, pendiente desde 2019, el recambio para doce consejeros del Tribunal de Cuentas y al defensor del pueblo y a su ayudante.

El pacto no afecta al Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, donde ambos mantienen posturas alejadas: el PP pide un cambio en el método de elección para despolitizarlo y los socialistas quieren mantener el sistema vigente.

Con esta renovación politizada, España da un paso más hacia la podredumbre y la degradación de la democracia, ya seriamente dañada por el poder excesivo de los gobiernos y los partidos, por sus privilegios desmedidos, por el control obsceno que ejercen sobre la sociedad civil y por la indecente ausencia del pueblo, teóricamente soberano, pero que es ignorado y tratado como rebaño por los grandes partidos y el poder político en general.

El pacto pone de manifiesto la verdad de lo que tantas veces han denunciado los demócratas verdaderos: que los dos grandes partidos, PP y PSOE, terminan siempre por ponerse a cuerdo en todo lo que afecta a incrementar su poder y privilegios, desde ocupar órganos y espacios que en democracia deben ser independientes y limpios, hasta subirse los sueldos e incrementar sus privilegios.

Francisco Rubiales