El Fondo Monetario Internacional se acaba de sumar a las propuestas de la patronal de reducir el salario mínimo con la excusa de que así disminuiría el paro juvenil. Y para ello, como le ocurre casi siempre, oculta evidencias y recurre a prejuicios bastante alejados de la realidad.
La discusión sobre la influencia de los salarios mínimos en el empleo es antigua y hoy día tenemos evidencias indiscutibles, aunque no por ello exentas de polémica. Quienes asumen como punto de partida las hipótesis del modelo de mercados perfectos concluyen que un salario mínimo superior al de equilibrio hace que las empresas sustituyan trabajo por capital, disminuyendo, por tanto, el empleo. Quienes abordan el problema desde otras posiciones teóricas llegan a conclusiones diferentes: los salarios mínimos pueden tener efectos positivos si llevan consigo un aumento de la productividad o de la demanda global, o pueden tenerlos neutros o inciertos, según el caso. Las evidencias empíricas disponibles más bien tienen a demostrar esto último, es decir, que su efecto general puede ser inconcluso pero no negativo: positivo, nulo o sin apenas relevancia sobre el empleo (sobre este debate, se puede ver mi artículo Más engaños del Banco de España). Sin embargo, no ocurre lo mismo con el efecto de los salarios mínimos sobre el empleo juvenil. La evidencias empíricas son más complejas.
Así, los economistas más cercanos a las hipótesis ortodoxas suelen aceptar que, en términos generales, un incremento del 10% en el salario mínimo puede llevar consigo un aumento de entre el 1% y el 3% en el paro juvenil, dependiendo de las diferentes franjas de edad. Pero esto se pone en cuestión en estudios que toman en consideración periodos de expansión económica, como ha ocurrido en España entre 2000 y 2008, cuando se ha podido apreciar que la subida en el salario mínimo no influyó en el desempleo juvenil (Maite Blázquez, Raquel Llorente and Julián Moral. Minimum Wage and Youth Employment Rates in Spain: New Evidence for the Period 2000-2008).
Aunque el efecto del salario mínimo sobre el empleo y el paro juvenil es, por tanto, más complejo que el que tiene sobre el empleo en general, tampoco se pueden establecer conclusiones definitivas, sobre todo, en escenarios abiertos y dispares o de largo plazo.
Para justificar la reducción del salario mínimo como forma de disminuir el paro juvenil en Europa se recurre a una evidencia: los países que no tienen salario mínimo legal tienen una tasa de paro juvenil mucho más baja que los que sí lo tienen. Efectivamente, los cinco países que no tienen salario mínimo legal y que registran menos paro juvenil -Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia y Suecia- tienen una tasa de media paro juvenil del 14,1%. Por el contrario, los cinco con salario mínimo legal y mayor tasa de paro -Grecia, España, Croacia, Portugal y Eslovaquia- tienen una tasa media del 45,5%.
Pero incluso ese hecho cierto es discutible como argumento para asegurar que la disminución del salario mínimo genera más empleo juvenil. Primero, porque, en realidad, casi todos los países que no tienen salario mínimo legal tienen mínimos salariales por la vía de la negociación lo que en la práctica viene a ser lo mismo. Y, además, porque hay países de este grupo, como Italia o Chipre, que también tienen un nivel muy elevado de paro juvenil (43% y 37,3% respectivamente). Y otros, como Holanda, que tienen poco paro juvenil (10,8%) y salario mínimo muy elevado (1.469,40 euros). E incluso podría añadirse que el país con menos paro juvenil, Alemania, ha aprobado ya el salario mínimo.
¿Por qué pretender entonces que España se asemeje a la peor de las combinaciones?
Por otro lado, hay que tener en cuenta que los países con más desempleo entre sus jóvenes no son precisamente los que tienen niveles de salario mínimo más altos (los arriba mencionados entre los que se encuentra España tienen salarios mínimos que se encuentran más o menos en la mitad del espectro). Por el contrario, los países que tienen salarios mínimos más elevados, por encima de 1.200 euros mensuales, son los que tienen una tasa de paro juvenil por debajo de la media europea. Lo cual también dificulta admitir que el recorte en el salario mínimo sea el instrumento que garantice que aumente el empleo juvenil.
El caso español es significativo. Tenemos un salario mínimo bastante bajo (752,85 euros mensuales). En valores absolutos es más o menos de la mitad de los más altos (el 40% de el de Luxemburgo y el 50% del belga). Y también es bajo en relación con el salario medio de todos los trabajadores (el 35% en España, 13 puntos menos que en Francia, donde el salario mínimo se acerca más al salario medio). Y, además, nuestro salario mínimo solo es vinculante para muy pocos trabajadores (el 2%) porque la gran mayoría se encuentra cubierta por convenios colectivos.
Por todo ello, no es fácil demostrar que el salario mínimo existente en España suponga una barrera de entrada considerable al mercado de trabajo en general o en todas las circunstancias y ni siquiera para los jóvenes.
Por el contrario, sí que hay evidencias de la vinculación de nuestro paro juvenil, como del europeo e internacional, con otro factor que el FMI y otros defensores de los recortes salariales no contemplan: la relación del paro juvenil con el nivel de actividad.
Diversos estudios demuestran, como he avanzado más arriba, que existe una relación muy estrecha entre el desempleo juvenil y las fases de ciclo económico, aumentando claramente en los procesos de crisis y en los de recesión. De hecho, en el caso europeo reciente es fácil comprobar que los países con nivel del desempleo juvenil más elevado (Grecia, España, Croacia, Italia, Chipre, Portugal) han sufrido una caída muy grande en el PIB en la última etapa de crisis y recesión en que el salario mínimo ha permanecido prácticamente estancado, mientras que mantuvieron niveles más aceptables de empleo en la anterior fase de expansión, cuando hubo salarios mínimos al alza. Y al revés: los países con menor tasa de paro juvenil han sido los que han sufrido menos caída en la actividad económica durante la crisis.
Por tanto, frente a la tesis en la que, no por casualidad ni por primera vez, coinciden la patronal, el Banco de España y ahora el FMI, se pueden establecer, por el contrario, otras tres primeras conclusiones:
- No está demostrado ni se puede afirmar categóricamente que el nivel español de salario mínimo sea la barrera de entrada principal al empleo para los jóvenes y mucho menos para los desempleados en general.
- Lo que sí parece estar claramente vinculado al enorme incremento del paro juvenil es la disminución tan grande que se ha producido en el nivel de actividad económica, sobre todo, si se compara nuestra situación con la de otros países europeos.
- Por tanto, el mejor remedio para incentivar la creación de empleo juvenil no es reducir el ingreso de la población que gasta una mayor proporción de su renta en consumo sino poner en marcha medidas de estímulo que, aumentando el gasto y la financiación, permitan que aumente la oferta productiva de las empresas.
Sin embargo, estas tres conclusiones no pueden obviar un fenómeno real: es cierto que muchos de los jóvenes que se acercan por primera vez al mercado de trabajo tienen menos experiencia y posiblemente una productividad más baja, lo que plantea la posibilidad de que sea más conveniente que su incorporación se realice a través de salarios diferenciados.
Es una cuestión bastante realista pero tampoco de solución inmediata y solo vinculada al recorte del salario mínimo. Las evidencias empíricas no permiten confirmar que la solución sea precisamente reducirlo, sobre todo, cuando es ya tan bajo como el español. Así lo demuestra el hecho de que en los países de la OCDE donde hay salarios mínimos diferenciados para jóvenes haya resultados muy diferentes en cuanto a tasas de paro juvenil.
Lo que plantea esta cuestión, por consiguiente, no es tanto la necesidad de abaratar el trabajo de los jóvenes como la de favorecer su entrada al mercado de trabajo en las mejores condiciones posibles en cuanto a experiencia y productividad. Y eso es algo que se resuelve mejor mediante la política educativa que a través de una política salarial de empobrecimiento salarial que genera otros efectos perversos colaterales (desincentivos, fomento de las actividades de baja productividad, desigualdad…). Es decir, generando incentivos no solo dirigidos a su inserción en el mercado de trabajo sino también a su permanencia en el sistema educativo y, sobre todo, diseñando bien el tipo de formación que deben tener y su vinculación con la actividad productiva en el periodo de formación.
Nada de eso se consigue recortando aún más salarios que ya son de por sí muy bajos. De hecho, una buena parte de los jóvenes empleados tiene ya ingresos por debajo del salario mínimo. Concretamente, ocurre eso con el 34% de los contratos de trabajo suscritos por jóvenes como consecuencia del gran número de empleos a tiempo parcial a los que se añaden normalmente un buen número de horas extraordinarias no remuneradas.
Por todo eso se puede afirmar que la propuesta de la patronal, del Banco de España y del Fondo Monetario Internacional no proporciona soluciones a la escasez de empleos sino que se orienta a otro objetivo: seguir modificando el sistema productivo para basarlo en el máximo abaratamiento del trabajo con el único fin de aumentar la ganancia del capital aunque sea a costa de hacerlo cada día más rentista y periférico, menos productivo y más empobrecido y empobrecedor. Y en donde si acaso hay más empleos lo son de cuasi esclavitud.
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