Público o privado

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha dimitido después de que el Gobierno regional paralizara la privatización de la sanidad en esta autonomía (tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que decretó la suspensión cautelar de la llamada “externalización sanitaria”).

La dimisión de Lasquetty se produce por «no haber conseguido» poner en marcha el proceso de privatización. Llama la atención que argumente este motivo, como si la «externalización» fuese el objetivo máximo que perseguía su departamento. Aunque quizás no es de extrañar, cuando hace unos meses decía que la Administración Pública «nunca ha sido eficiente prestando directamente servicios». Quizás si él no se veía capaz de gestionar los servicios de sanidad desde su puesto en la Administración, debería haber dimitido entonces.

En cualquier caso, la crisis ha puesto de actualidad otra vez el debate acerca de la privatización. El gobierno central y los autonómicos buscan obtener ingresos adicionales y recortar el déficit, y para ello recurren a subidas de impuestos, reducciones de servicios, copagos (o repagos) y privatizaciones.

¿Cuáles son los argumentos a favor de las privatizaciones? ¿Es verdad que funcionan mejor los servicios privados que el público? En el caso concreto de la sanidad, ¿cuál es el mejor modelo?

La carrera de las privatizaciones

Algunos economistas liberales creen que la intervención del Estado en la economía debe ser mínima, y que debe fiarse todo a la iniciativa privada, ya que ésta es mucho más eficaz y eficiente. Es decir, que gestiona mejor los recursos. Pero, ¿es esto cierto? ¿Lo es en todos los casos?

En España se han privatizado más de 100 empresas públicas en los últimos veinte años, por importe de casi 30.000 millones de euros. Entre ellas, grandes joyas de la corona, muchas de ellas integrantes del IBEX 35, como Telefónica, Repsol, Argentaria, Gas Natural, Endesa, ENAGAS, Iberia o Ebro.

Este proceso privatizador tiene varias motivaciones:

 Obtener dinero. Esta razón es normalmente la primera, aunque en muchas ocasiones no se reconozca explícitamente. Sin embargo, esto puede resultar erróneo a largo plazo. Si la empresa a privatizar pierde dinero, el Estado llega a pagar a algún organismo privado para que se lo lleve. Por ejemplo, es el caso de algunas cajas de ahorro, adjudicadas por un euro, pero con un Esquema de Protección de Activos que blinda a la entidad compradora contra las pérdidas que se puedan producir en el futuro. Si la empresa gana dinero, probablemente el precio que se obtiene a corto plazo no compensa los beneficios que se obtendrían a largo plazo (de hecho, por eso los inversores privados están interesados).

 Reducir el déficit y la deuda. Relacionada con la anterior. La Unión Europea, en su batalla por la austeridad, promueve estas ventas para rebajar el déficit y/o la deuda. Sin embargo, tal y como se ha explicado en el punto anterior, esto es bastante discutible. Además, en muchos casos, el modelo público-privado puede suponer un gran sobrecoste, aunque contablemente no figure como deuda (lo cual no deja de ser un artificio contable).

 Generar más eficiencia. Adam Smith, considerado el padre del capitalismo, decía en el siglo XVIII: «No es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés. [...] Al perseguir su propio interés frecuentemente fomentará el de la sociedad mucho más eficazmente que si de hecho intentase fomentarlo».

Sin embargo, en muchos casos, supone un empeoramiento de los servicios prestados o un coste público oculto. Además, habría que ver cómo se mide la eficiencia. Por ejemplo, el primer ministro británico, David Cameron, pidió perdón en el Parlamento por los cientos de personas que murieron por «primar objetivos económicos» en el centro médico de Staffordshire. Por otra parte, la sanidad más cara del mundo es la estadounidense, a pesar de no tener sanidad pública universal. El gasto sanitario en Estados Unidos representa un 17,6% de la renta nacional (porcentaje que supone el doble del gasto sanitario medio en los países desarrollados). En España está en descenso y se sitúa alrededor del 9%.

 Aumentar la competitividad y beneficiar a los usuarios. Por ejemplo, muchos servicios de basura en las ciudades se privatizaron bajo este argumento. Sin embargo, periódicamente nos encontramos con huelgas en el servicio de recogida de basuras que dificultan enormemente la vida de las personas. Y además, el propio Tribunal de Cuentas detalla que la recogida de basuras es hasta un 71% más cara cuando está privatizada.

Otro ejemplo es el del sector eléctrico. En España se inició su liberalización en 1997, con el objetivo, decía la ley, de «garantizar el suministro eléctrico, garantizar la calidad de dicho suministro y garantizar que se realice al menor coste posible». Sin embargo, la verdadera liberalización está lejos de ser cierta, y la competitividad brilla por su ausencia (la existencia de un oligopolio lo complica bastante). En el polo opuesto, Électricité de France (EDF) es una empresa mayoritariamente pública, con un beneficio neto de cerca de 3.000 millones de euros. Y ello, teniendo en cuenta que Francia tiene una tarifa eléctrica de las más bajas de Europa, según Eurostat.

Público o privado

Parece claro que hay sectores en los que el sector privado puede actuar mejor que el público, y por el contrario, otros que deben ser públicos.

En cualquier caso, que el funcionamiento privado sea mejor no significa que no deba estar reglamentado o que «los mercados se autorregulen».

Por ejemplo, la defensa y la justicia deben ser públicas. Por el contrario, el comercio y los medios de comunicación son sectores que deben estar, mayoritariamente, en manos privadas. En el caso de la sanidad (al igual que en el de la educación), se suscitan acalorados debates acerca de las bondades de uno u otro modelo.

La Constitución española, en su artículo 43, «reconoce el derecho a la protección de la salud» e indica que «compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios». Así pues, debe haber al menos una parte pública en la sanidad, que garantice estos derechos. Pero a partir de este nivel, algunos argumentan que el sector privado puede prestar mejor este servicio, por lo que la parte pública debería ser lo más pequeña posible. Veamos a continuación algunos argumentos que se utilizan en el debate sobre la sanidad:

Mejora de la eficiencia: Al sector público se le suele achacar poca eficiencia, escasa competitividad, una dirección poco profesionalizada, escasa autonomía, ausencia de incentivos al trabajo bien hecho, elevada burocracia, poca autonomía o falta de motivación, entre otras cuestiones. Por ello, se argumenta, una sanidad privada puede proporcionar un mejor servicio.

Reducción de costes: por esa (teórica) mayor eficiencia, los partidarios de la privatización señalan que la sanidad privada es más barata. Según la Comunidad de Madrid, el coste medio por paciente en un centro privado es de 440 euros, frente a 600 euros por paciente en otros centros públicos. Sin embargo, estas cifras no han sido demostradas ni contrastadas,  e incluso hay quien argumenta lo contrario, ofreciendo datos. Según un estudio publicado por la revista PLOS Medicine, no está justificada la supremacía privada. Y de acuerdo con lo publicado por JAMA (The Journal of the American Medical Association), el riesgo de mortalidad es más alto en los privados.

Sin embargo, la verdadera razón es la económica. Pero no se trata de reducir costes ni de rebajar el déficit o la deuda, sino de… ganar dinero. Hay que tener en cuenta que la sanidad mueve cifras multimillonarias (por ejemplo, unos 8.000 millones de euros en la Comunidad de Madrid).

- Las dos principales compañías del sector facturan más de 1.000 millones de euros.

- Si no se gana dinero, se cambian las condiciones, como ocurrió en el pionero de la colaboración público-privada, el hospital de Alzira. Empezó cobrando 225 euros por habitante (dentro de la zona que tenía que atender). En 2003, como perdía dinero, la Comunidad rescató al hospital y volvió a sacarlo a concurso, subiendo la cuota un 68%, a 379 euros. Actualmente está en 639. Pero además, todos los pacientes que se atiendan que sean de fuera de su área se cobran aparte.

- Los anteriores consejeros de sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela y Juan José Güemes están imputados por prevaricación y cohecho, por haber realizado algunas adjudicaciones sin cumplir los requisitos necesarios, y curiosamente, ser contratados por alguna de las empresas favorecidas por ellos tras dejar el cargo (habrá que ver dónde termina Fernández-Lasquetty).

La sanidad pública no es perfecta, sin duda. Tiene algunos aspectos a mejorar. Pero muchos de ellos están en manos de los políticos. Es posible mejorar la gestión, aumentar su autonomía, elevar su motivación y premiar el trabajo bien hecho. Pero para eso, no hace falta privatizar la sanidad.

¿Y TÚ, QUÉ OPINAS?

Pablo Rodríguez es economista.