Asistí recientemente a un debate privado sobre si Pedro Sánchez puede o no considerarse un tirano en el que la mayoría de los participantes defendió con claridad que, técnicamente, Pedro Sánchez es un tirano, aunque su presidencia sea legal. Allí se esgrimieron varios argumentos, que intentaré resumir. Según el diccionario de la Real Academia Española, tirano es el que abusa de su poder o lo impone contra la voluntad del pueblo. Popularmente, tirano es todo aquel que impone voluntad a los demás. Técnicamente, Sánchez puede ser considerado un tirano no porque no haya sido elegido mediante el voto popular, sino porque tanto su gobierno como sus aliados y sus decisiones son contrarias a la voluntad popular y a los deseos y sentimientos de la sociedad que gobierna. Las encuestas son claras cuando revelan que al menos el 70 por ciento de los españoles quieren unas elecciones anticipadas, pero él las niega, después de haberlas prometido, lo que lo coloca contra su pueblo. El porcentaje de españoles que rechazan a los partidos aliados que sostienen su gobierno es todavía mayor, lo que hace más notoria su tiranía. Gobernar en contra de la voluntad popular, sobre todo cuando se niega al pueblo su inalienable derecho democrático a votar, es pura tiranía. Uno de los asistentes dijo con vehemencia: "guste o no guste a sus partidarios, tenemos a un tirano en la Moncloa, aunque su ruta para alcanzar el poder haya sido legal". Otro dijo que Sánchez no podía ser considerado un tirano porque no accedió al poder por la fuerza. ---
Alguién explico que la falsa democracia española no reconoce el derecho del pueblo a que su voluntad sea respetada. El sistema español es una partitocracia y no una democracia porque la voluntad de los políticos que gobiernan siempre prevalece frente al pueblo. Técnicamente, un gobierno podría imponer legalmente en España una decisión a la que se opusiera el cien por ciente de la población, lo que siempre es una sucia y repugnante tiranía.
La hoja de ruta de Sánchez incluye una alianza "contra natura" con partidos que odian a España y se comportan con deslealtad, un factor que convierte su mandato en más indecente y ajeno a su pueblo, que se siente vejado cuando Sánchez adopta decisiones no mirando el bien común sino para contentar a los partidos que le sostienen, casi todos rechazados por los españoles por su odio a España y sus deseos de romper la nación.
Otro de los presentes esgrimió el argumento de que el recurso a las argucias y trampas, como la de eludir al Senado en la aprobación de cambios y leyes, porque allí el gobierno está en minoría, es un atentado al sistema bicameral que es ajeno a la Constitución, propio de esas tiranías que lo utilizan todo para imponer se voluntad.
Sánchez y su gobierno saben que están gobernando sin apoyo popular y conocen perfectamente que el 70 por ciento de los ciudadanos, aproximadamente, les exige que convoquen elecciones, pero ellos, en lugar de someterse a la voluntad popular, como es preceptivo en democracia, hablan de un programa de gobierno de 12 años, hasta el año 2030.
Alguien recordó que para muchos pensadores y filósofos, la tiranía es precisamente eso: gobernar contra los deseos del pueblo y adoptar medidas que el pueblo rechaza, como es el caso de la subida general de impuestos que Sánchez pretende. Para la inmensa mayoría de los pensadores, cuando un gobierno toma medidas contrarias a lo que piensa y desea la mayoría, su mandato entra en crisis y el problema debe resolverse mediante referéndum o elecciones anticipadas.
A mi me tocó argumentar que los gobiernos, cuando la democracia es auténtica y decente, no tienen la obligación de gobernar según los deseos del pueblo y que en ocasiones pueden situarse en contra de la voluntad popular, pero que cuando eso ocurre, ese gobierno está obligado a abrir un debate, a convocar un referéndum vinculante o a dimitir para dejar paso a otros. También dije que se puede ser un tirano incluso habiendo ganado unas elecciones y puse el ejemplo del venezolano Nicolás Maduro.
Otro argumento esgrimido fue que la actitud antidemocrática del gobierno español y su desprecio a la voluntad ciudadana permiten y aconsejan que el pueblo reaccione con protestas y rebeldías pacíficas, aunque contundentes, contra un gobierno cuyo déficit de legitimidad es alarmante.
Al respecto, recordé que el blog Voto en Blanco publicó en el año 2011 un artículo titulado "Como derrocar un gobierno inicuo;. Merece la pena leerlo porque aclara suficientemente el derecho ciudadano a alzarse contra el mal gobierno, sobre todo si pone en peligro la convivencia, la paz y la supervivencia de la nación.
En aquel artículo, escrito contra el zapaterismo abusivo, se decía: "El "zapaterismo" no ha sido otra cosa que un intento perverso de blindarse en el poder, gastando el dinero público para comprar pactos y votos, para generar clientelismo y dependencia, para debilitar y aislar a la oposición y para someter, desinformar y confundir a los ciudadanos. Ante un gobierno de esas características, rebelarse pacíficamente contra él y obligarle a que convoque elecciones anticipadas no es una opción en democracia, sino toda una obligación ineludible. Pero el problema es cómo hacerlo, sobre todo cuando el gobierno en cuestión ha logrado pervertir el sistema, comprar votos suficientes para obtener mayorías parlamentarias, reclutar a una legión de fanáticos que le defienden y debilitar tanto a la sociedad con la corrupción y la mentira y otras arbitrariedades que ya es incapaz de unirse en la lucha por un mundo más justo y decente."
El derecho de resistencia a la opresión es un derecho reconocido a los pueblos frente a gobernantes de origen ilegítimo o que teniendo origen legítimo han devenido en ilegítimos durante su ejercicio, que autoriza la desobediencia civil y el uso de la fuerza con el fin de derrocarlos y reemplazarlos por gobiernos que posean legitimidad.
El derecho a la resistencia frente al tirano se puede encontrar en la Antigüedad. Platón trató el tema de la tiranía y del derecho del pueblo a defenderse contra el tirano y la injusticia. A partir de él, numerosos autores han desarrollado el tema a lo largo de la historia, tales como San Isidoro de Sevilla y Santo Tomás de Aquino.
Este derecho puede considerarse implícito en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776, que en su párrafo más famoso declara:
"Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad."
Francisco Rubiales
Francisco Rubiales