Puedo prometer y prometo, aunque quizás no pueda cumplir (I)

Tras 6 meses de intentos fallidos por formar Gobierno y de continuos reproches y recriminaciones entre los partidos, los ciudadanos nos encontramos de nuevo sumergidos en plena campaña electoral, rodeados de fórmulas mágicas que harán desaparecer (o eso nos aseguran) todos los problemas económicos de nuestro país con una facilidad asombrosa. Pero como todos sabemos la magia no existe, y la realidad se acaba imponiendo a golpes, los cuales pueden ser muy dolorosos si no tratamos de protegernos frente a ellos.
Y es que parece que si en algo han conseguido ponerse de acuerdo los principales partidos políticos ha sido en centrar sus propuestas económicas en torno a dos grandes cuestiones: la reforma impositiva (observada minuciosamente desde Bruselas), y la reforma del sistema de pensiones. Dos pilares fundamentales que determinarán, para bien o para mal, el futuro económico de nuestro país.

PARTE I: LAS REFORMAS EN EL SISTEMA DE PENSIONES
“El sistema público de las pensiones no va a garantizar en el futuro el nivel de pensión que esperan los españoles”. Estas palabras pronunciadas por el Gobernador del Banco de España, Luis María Linde, hicieron sonar todas las alarmas. ¿Era una afirmación con intereses ideológicos y partidistas, o realmente tenía una base empírica detrás que la sostenía?
Muchas fueron las críticas que el señor Linde recibió por estas declaraciones, especialmente desde los partidos de izquierdas, pues entendían que su único objetivo era hacer negocio mediante los planes de pensiones privados, y aseguraban que el actual sistema de pensiones es sostenible y seguro.

Desde aquel momento, los partidos parecen haber situado al sistema de pensiones en el punto central de sus programas económicos, aunque con propuestas muy distintas. Podemos y PSOE parecen estar de acuerdo (sí, de acuerdo, has leído bien) en este aspecto, optando por financiar las pensiones mediante un aumento de la presión fiscal y/o creando un impuesto exclusivo para este fin. Ciudadanos, por su parte, no propone cambios drásticos, y propone devolver la edad de jubilación a los 65 años y que ésta se actualice mediante el IPC. Finalmente el Partido Popular entiende que deben continuar por la senda tomada, aumentando la edad de jubilación y fijando una actualización del 0,25%. Pero, ¿son estas propuestas sostenibles? ¿Sirven para hacer frente realmente a los problemas que afectan al sistema de pensiones?

Muy a mi pesar, el Gobernador del BE estaba en lo cierto. El actual sistema de pensiones tiene problemas profundos, muy relacionados con las características demográficas de nuestro país, que hacen que éste necesite de una profunda reestructuración.

1º Tasa de sustitución

Definimos la tasa de sustitución como el porcentaje del último salario del trabajador que representa el pago obtenido por la jubilación. Así, una tasa de sustitución del 20% significa que la cuantía de la jubilación representa un 20% del salario del último trabajo realizado por esa persona.
Lo lógico sería pensar que cuanto mayor sea esta tasa de sustitución mejor será el sistema de pensiones. Y la respuesta a esta idea es una muy utilizada en economía: depende. Obviamente, desde el punto de vista del jubilado, esta situación es muy favorable pues goza de una cuantía muy similar a la de su último salario, pero no lo es tanto desde la perspectiva del trabajador que se encuentra cotizando actualmente.
El principal problema que esta situación produce es que la dependencia del sistema de pensiones con el ciclo económico del país es aún más pronunciada. En épocas de expansión, cuando la tasa de desempleo es muy baja y los salarios son elevados, no existen graves problemas, pues las pensiones se pueden costear con relativa facilidad gracias a la cotización de los trabajadores. Pero esta situación cambia cuando el país se encuentra en momentos de recesión (como el actual), ya que el jubilado seguirá cobrando el 80% (por ejemplo) de su último salario, pero el número de cotizantes, y sobre todo, el salario que estos perciben (y por tanto sobre el que cotizan) caen en picado, poniendo en serios apuros la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Como vemos en el gráfico, nuestro país se encuentra dentro de ese umbral de tasas de sustitución problemáticas para la economía con un 81,2%, solo superado por Grecia, y muy lejos de otros países como Suecia, Alemania o Francia.
La principal solución que se propone es tratar de crear un impuesto que ayude a costear las cotizaciones de los jubilados (ideas defendidas principalmente por Podemos y el PSOE). Esta idea podría ser una buena medida para los próximos 20-25 años, pero no más allá, pues el número de cotizantes será cada vez menor mientras que el número de jubilados no parará de crecer (como veremos más adelante).

El gráfico muestra cuál debería ser el impuesto sobre el trabajo para costear unas pensiones con una tasa de sustitución del 60% (suponiendo pleno empleo). Como vemos, actualmente necesitaríamos un impuesto de aproximadamente el 20%, pero a partir del 2050, éste debería de ser, en el mejor de los casos, del 42% del salario, es decir, casi la mitad de lo que gana el trabajador medio (en el gráfico suponemos que no existen modificaciones en la decisión de trabajar derivadas por cambios en los impuestos, que toda la población en edad activa trabaja a un salario medio, y que este salario crece al mismo ritmo que las pensiones). Por tanto, tratar de costear las pensiones mediante un aumento de la presión fiscal no es más que un parche momentáneo que no resolverá los problemas estructurales del sistema de pensiones.

2º Tasa de dependencia

La tasa de dependencia determina cuántas personas en edad económicamente activa hay en la economía por cada jubilado. Por tanto, una tasa de dependencia de 4 significa que en ese país hay 4 personas que podrían trabajar por cada jubilado.
A diferencia del anterior apartado, aquí sí queremos que la tasa sea la más alta posible, pues eso implica que las posibilidades para costear las pensiones de los jubilados son mayores.
Pero, lógicamente, esta situación depende de la demografía del país. España tiene una esperanza de vida mayor que otros países de la OCDE como muestra la siguiente tabla:

Por tanto, en el período del 2005-2010, el 17.3% de los hombres españoles y el 21.4% de las mujeres españolas vivirán a los 65 años, datos mayores que Francia, Suecia, Reino Unido o EE.UU. Sin embargo, las diferencias no parecen ser abismales, y aunque sí pueden ocasionar ciertos problemas económicos ya que los jubilados viven durante más años, y por tanto, el gasto en pensiones es mayor (además del sanitario), no debería suponer una grave preocupación.
El problema se encuentra en la tasa de fertilidad. Que los jubilados vivan durante más años debería ser un buen indicativo de que la calidad de vida en nuestro país es buena, y si esta situación viene acompañada por altas tasas de fertilidad que permitan que la tasa de dependencia no decaiga en el futuro podríamos estar tranquilos, pero esto desafortunadamente no es así.
Actualmente España tiene la cuarta tasa de fertilidad más baja de la OCDE, con tan solo 1,27 hijos por mujer, frente a los 1,83 de Reino Unido, 1,86 de Estados Unidos o los 1,98 de Francia. Y es esta situación la que provoca que la alta esperanza de vida se convierta en un serio problema: cada vez vivimos más, pero nacen menos niños.
Este cóctel se traduce en tasas de dependencia decrecientes, es decir, el número de personas en edad de trabajar por jubilado será cada vez menor.

La principal medida que se propone para combatir esta situación, especialmente desde el Partido Popular, es aumentar la edad de jubilación, pero el ritmo en el que esta tasa de dependencia decae es mayor que los efectos positivos que generaría un aumento de dicha edad. Este tipo de medidas tan solo producen los efectos deseados en un corto plazo, pero en el largo plazo las tasas de dependencia convergerán, llegando en 2050 a ser menores de 1,5. Una demostración clara de la ineficacia de estas medidas es que para mantener la tasa de dependencia que en el 2014 con una edad de jubilación de 65 años en el 2050, dicha edad de jubilación tendría que aumentar hasta los 77 años.
Por tanto, enfocar la reforma del sistema de pensiones en torno a esta idea de aumentar la edad de jubilación sería un grave error.

3º Elevadas comisiones de las pensiones privadas

Viendo los datos anteriores parece que la solución más viable sería optar por un plan de pensiones privado. Cada vez son más los trabajadores que deciden apostar por esta opción, pues parece más sólida y fiable que el actual sistema público. Sin embargo, ¿puede un trabajador con unos niveles de ingresos bajos optar por esta medida? Según un artículo publicado en el diario ElEconomista en 2014, los planes de pensiones privados solo son rentables para aquellos trabajadores con una renta anual de más de 60.000 euros.
Si bien es cierto que los últimos gobiernos han tratado de incentivar esta opción mediante deducciones fiscales y otro tipo de ventajas, el número de personas con planes de pensiones en España se encuentra a años luz del resto de países euro (un 18% frente al 88% de Holanda). El principal problema que padece estos planes privados son las altas comisiones que sufren, las cuáles menguan considerablemente la rentabilidad obtenida durante todos los años de la inversión, llegando incluso a generar pérdidas. Según la OCDE, España es el segundo país con comisiones más altas, con una media del 1.5% anual, provocando que tan solo el 1.16% de los fondos con menos de 15 años hayan conseguido superar la rentabilidad de los bonos del Estado a 15 años.

¿Y cómo podemos solucionar esta situación?

Sin duda alguna el panorama del actual sistema de pensiones en España es realmente preocupante. Si bien es cierto que éste no va a llegar a extinguirse, las cuantías que podrá generar serán insignificantes, y no servirán para cubrir un nivel de vida medio digno de los futuros jubilados.
Ante esta perspectiva el único camino que parece viable (que no por ello ideal) es la instauración de un sistema de capitalización. Este tipo de sistemas de pensiones consiste en que el pago de las mismas no depende de las cotizaciones de los trabajadores actuales, por lo que se elimina su dependencia del mercado de trabajo, sino que son estos los que se costean su futura jubilación, utilizando esa cotización que entregan al estado para invertirla en el mercado financiero. Este sistema ya fue implantado en Chile, y bien es cierto que padece de serios problemas, principalmente las comisiones antes mencionadas. No obstante, a día de hoy, y sin propuestas firmes y realistas encima de la mesa, parece que este camino lleno de piedras es la única opción que tenemos para salvarnos del acantilado.