Uno de los casos que mejor expone este problema es el proceso a Salvador Puig Antich, ejecutado el 2 de marzo de 1974 en la prisión Modelo de Barcelona. Para muchos el caso queda en el recuerdo a través de testimonios familiares, aunque quien más hizo para ofrecer una idea del mismo fue la película de Manuel Huerga. Desde aquí somos los primeros en aplaudir la labor de un cine pedagógico porque en un mundo audiovisual consigue un efecto instantáneo de asimilación del contenido, algo que no debe oscurecer la importancia de investigaciones bien realizadas como es la de Gutmaro Gómez Bravo.
El profesor de la Complutense ha conseguido un ensayo riguroso donde su estructura es un acierto que permite consolidar las partes planteadas. No puede entenderse la cuestión sin atenerse a la concepción que la Dictadura tenía de sí misma. Durante sus cuatro decenios de existencia mantener el orden público fue una premisa fundamental. El cambio de 1957 hacia un leve bienestar y el ingreso de España en las dinámicas occidentales provocaron una mayor apertura que la juventud y la iglesia aprovecharon para exponer una serie de argumentos que desestabilizaron el edificio. Surgió el terrorismo vasco, los clérigos lucharon por un progresismo propio del Concilio Vaticano Segundo y los estudiantes reclamaron desde las aulas y mediante manifestaciones una mayor libertad que era una antesala de la futura democracia. Por eso mismo el Régimen percibió que estaba en sus estertores y recuperó toda su crudeza para contentar al ala dura. Lo militar, tanto en lo público como en lo jurídico, recuperó posiciones. El atentado del veinte de diciembre de 1973 que terminó con el asesinato del Almirante Carrero Blanco, por aquel entonces presidente del gobierno, no hizo sino constatar una deriva que la opinión internacional consideró un grave error que hacía caer en el más profundo descrédito la imagen de España en el exterior, tiñéndola de un anacronismo insólito en cualquier país de Europa Occidental.Es en esta tesitura cuando estalla en pedazos cualquier esperanza de salvación para Salvador Puig Antich. EL joven de 25 años pertenecía al MIL, Movimiento Ibérico de Liberación, y fue detenido el veinticinco de septiembre de 1973 tras una trifulca terminada con un tiroteo en el número 70 de la calle Girona de Barcelona, donde aun pueden contemplarse restos de balas del suceso. Durante el altercado falleció el subinspector Anguas, cuyo cuerpo recibió cinco impactos, aunque los informes de la época sólo mencionaban tres. Algunos de ellos provenían del arma que disparó Puig Antich. El clima tenso del momento, tendiente como ya hemos visto a endurecer penas para exhibir el pulmón del Régimen en su apuesta por aparentar fortaleza, quiso que el suceso pasara de la justicia ordinaria a la militar por una sucesión de detalles que Gómez Bravo explica a la perfección. La negligencia habitual brilló con luz propia. Se omitieron pruebas, se descartó la pericia balística y se ignoraron muchos análisis necesarios. Era rutina en un cuerpo habituado a largos interrogatorios con el fin de sonsacar falsas confesiones que terminaban firmando los detenidos a base de amenazas y torturas. El tiroteo se hermanó con un atraco del MIL para dar al acusado y a los otros dos juzgados la categoría de elementos pertenecientes a un grupo terrorista que atentaba contra el Estado y sus instituciones. Ello conllevó una cerrazón absoluta, la imposibilidad de convocar a determinados testigos y terminó con la sentencia de muerta que terminó por cumplirse en un delirio de sangre donde primaban más intereses públicos que la lógica judicial, ausente en todo el procedimiento mientras el nuevo gobierno encabezado por Carlos Arias-Navarro, antiguo jefe de la Dirección General de Seguridad, pregonaba un nuevo espíritu que de aperturista sólo tenía el nombre.Estas dos primeras partes recogen con precisión lo acaecido, el silencio de prensa y los tejemanejes oficiales para que la historia terminara con la ejecución sin dar pie a ninguna posibilidad de ser objetivos. Lo más preocupante es el tramo final del volumen, donde se habla de los recursos de revisión interpuestos por las hermanas del finado, denegados pese a las nuevas tecnologías, la presencia de testigos que no pudieron declarar en el primer juicio y el sistema político actual, una Democracia donde muchos de los implicados en el asunto siguieron en la judicatura como si nada adquiriendo más galones, tantos que hasta en ocasiones podían verse obligados a revisar sus pasadas actuaciones con resultados más que previsibles. Es lamentable que en España no hayamos ajustado verdaderas cuentas con ese lúgubre período de nuestra Historia hasta el punto que sólo Argentina ha aceptado revisar el proceso, pero vaya, no debemos extrañarnos si el juez Garzón es inhabilitado y en la escuela no existe ninguna voluntad para alterar unas enseñanzas donde pocas veces se llega al siglo XX, con el cúmulo de despropósito e ignorancia que ello conlleva. Por ello es de aplaudir un libro como el de Gutmaro Gómez Bravo, necesario porque a partir de un tema central sabe trascenderlo y formularnos preguntas que, por desgracia, tienen respuestas que seguirán siendo desoídas durante mucho tiempo porque no hay la mínima disposición para que afloren y hagan de nuestra sociedad un lugar mejor dotado de espíritu crítico y capacidad para generar un relato coherente sin lagunas que son puro oprobio.