El Gobierno de España ha decidido que, una vez descabezadas la ANC y Omnium, manteniendo en prisión a los Jordis, y quedando tranquilos que el otro granlíder independentista, Oriol Junqueras estará en prisión hasta que fiscalía quiera, el objetivo a derribar sea como sea es Puigdemont. Me sorprende esta estrategia del estado español en hacer un empeño de una victoria a toda costa pagando cualquier coste.
La reacción al referéndum del 1 de octubre fue un ejemplo, una reacción racional sería no hacer demasiado caso de un referéndum que para el estado era ilegal, deslegitimar el resultado sabiendo que Europa no iba a hacer demasiado caso dejar que se hiciera y el mismo 2 de octubre desplegar toda la fuerza policial y judicial sancionando a los impulsores. No solo pagó la represión política post-2 de octubre sino pagó con anterioridad que no pudieran frenar la logística del referéndum, con escenas ridículas, y con la violencia policial del 1 de octubre que hizo más que el propio referéndum para internacionalizar el conflicto.
Ahora el estado vuelve a cometer un error intentando impedir la investidura de Carles Puigdemont. Lo más fácil para el estado es ver como los independentistas nos cocemos en nuestra salsa peleando entre los que creemos que toca hacer un gobierno efectivo y acumular fuerzas o bien entre los que creen que toca legitimar el gobierno en el exilio. Simplemente impidiendo el retorno de Puigdemont y los cuatro consellers manteniendo la orden de detención y reteniendo en prisión a los 4 presos políticos el estado podía estar viéndolas venir. Las propias contradicciones entre continuar la resistencia de la República y tener que formar gobierno efectivo nos hubiera debilitado.
Muchas veces el drama de una batalla política asimétrica entre un movimiento político y un estado es encontrar algo en que el estado quiera defenderlo, sino estaríamos haciendo actos de desobediencia de baja intensidad en el más puro vacío. Si el estado no reacciona y comete errores será difícil que los costes políticos de no dialogar sean más altos que los de negociar para él. Esta es la tesitura que estábamos después que el 27 de octubre se decidiera que la resistencia al 155 no se ejercería y que no defenderíamos la República de forma pacífica pero efectiva.
Pero como dicen algunos veteranos “España nunca falla” y ahora el estado ha decidido impedir la investidura de Puigdemont como sea. No le ha importado cargarse el principio de legalidad, con lo peligroso que es eso para su relato político ya que para ellos el debate no es de legitimidades o democracia sino de un respeto estricto de la ley. Han forzado al Tribunal Constitucional con llamadas nocturnas para que este se posicione en contra de su investidura y el TC ha retorcido el derecho nuevamente para poder impedirlo. El estado ha decidido que Puigdemont sea “casus belli” y nos proporciona una oportunidad de aprovecharlo para causar desgaste. ¿Cómo hacerlo? Aquí es donde tengo mis dudas y los independentistas volveremos a pelearnos seguramente:
Tenemos que decidir si aprovechamos que el estado ha cometido el error de querer impedir la investidura de Puigdemont de una manera u otra, todo dependerá de los riesgos que Carles Puigdemont y los líderes independentistas creen que podemos tomar. Si creen que ahora podríamos desobedecer y ofrecer resistencia al estado, cosa que no sé si es posible ya que no veo que ha cambiado desde el 27 de octubre hasta hoy, es el momento que Puigdemont vuelva, lo defendamos en el Parlament y constituyamos un Gobierno que en este caso, no solo sea legítimo, sino que defienda la legalidad frente a los ciudadanos y el mundo. Todo el aparataje del estado para impedir la investidura de Puigdemont difícilmente se puede sostener de forma legal. No lo dicen juristas independentistas sino una plétora de juristas de todos los colores, incluso exmiembros del TC. Por tanto, si algo ahora ha cambiado respecto al 27 de octubre es que ahora, defender la investidura de Puigdemont sería defender, de hecho, la propia Constitución.
Pero tenemos que ser conscientes que esta vía tiene muchos costes, que puede acabar con toda la dirección política independentista en prisión y con las organizaciones independentistas aún más capadas y una aplicación in eternum del 155. El estado ha demostrado que parar a Puigdemont es un elemento de casus belli, y a excepción de pegar tiros, va a hacer lo que sea necesario. Incluso pagar costes a nivel internacional. Si plantamos batalla ahora, no ha de ser para un acto simbólico, ni para un gesto de dignidad sin demasiada eficacia real que les gusta a los de cierto sector independentista que prefiere una muerte heroica que una lucha en la trinchera a medio o largo plazo. Si lo hacemos no vaya a ser para una investidura fallida o para investir a una persona que no podrá a ejercer de President de forma real.
Y es que los costes de acciones simbólicas son altísimos, tan solo intentar la investidura sin ofrecer una resistencia real a la acción del Gobierno del estado español solo terminaría con la Mesa del Parlament inhabilitada o en prisión preventiva, con otro golpe al movimiento independentista. Por tanto, si ahora hemos de luchar, que sea de verdad. Que no sea un 10 de octubre o un 27 de octubre. Que sea por defender un Gobierno legítimo y legal que ejerza el poder en Catalunya. Porqué para tener un Gobierno simbólico exiliado y otra parte en prisión, eso ya lo tenemos, sin necesidad de más mártires.
Y si no podemos hacer una resistencia real, hagamos lo necesario para sacar provecho del error del estado español, denunciémoslo, estiremos el tema a nivel europeo y buscando las alianzas con los demócratas españoles (para ayudarnos en su denuncia, no por otro motivo) y busquemos mañana una solución también para tener un gobierno efectivo de la Generalitat y seguir sacando partido a un Gobierno legítimo de la República en el exilio.