La palabra inglesa lawfare, que en español se puede traducir como guerra jurídica, es una contracción gramatical que deriva de law (ley) y warfare (guerra). Así pues, el lawfare puede definirse como el uso de la ley como un arma de guerra que tiene con fin la muerte política de un rival.
Se trata de un neologismo que implica el intento de desgaste político al Gobierno de la nación o a un partido político determinado y molesto por parte de un grupo opositor a través de la instrumentalización de la ley.
Al contrario de los golpes de estado, el lawfare se basa en un procedimiento no violento que busca desacreditar un contrario político por medio de la manipulación de la ley y los jueces, menoscabando su reputación pero intentando en todo momento aparentar que el procedimiento acusatorio es normal y legal cuando, en realidad, no lo es.
Mediante el uso de medios de comunicación, de jueces y de fiscales afines, determinados grupos políticos poderosos pergeñan falsas acusaciones para lograr el repudio ciudadano hacia un determinado líder o partido político.
El principal objetivo de la lawfare es hacer creer al ciudadano de a pie que las acusaciones —investigaciones, imputaciones, señalamientos— vertidas por jueces, fiscales y policías (sujetos imparciales que se suponen completamente independientes en Estados con separación de poderes) contra determinados partidos o políticos son auténticas o se basan en indicios o hechos delictivos reales, cuando en realidad no es así.
Es importante apuntar que muchas de estas acusaciones cuentan con la complicidad de medios de comunicación afines, que se ocupan de hacer visibles estos supuestos delitos en informativos y programas de máxima audiencia.
El lawfare implica, pues, una persecución antidemocratica e injusta hacia personas o partidos políticos elegidos libremente utilizando medios —jueces, fiscales— que se suponen incorruptibles, respetables y ecuánimes.
El lawfare también puede definirse como una campaña de desprestigio, un acoso que tiene como objetivo la desinformación del ciudadano respecto a una determinada facción política enemiga.
Como consecuencia, la lawfare produce, como efecto secundario, un control de la opinión de la ciudadanía, manipulándola; se trata, por tanto, de una guerra mediática basada en la creación de modelos de propaganda de publicidad negativa que tienen como objetivo la eliminación del rival político de forma aparentemente legal.
En definitiva, el lawfare es un uso indebido de los tribunales y los sistemas jurídicos por parte de grupos políticos con el objetivo de desacreditar y deslegitimar a sus oponentes, estigmatizados como enemigos, mediante largas campañas de desinformación.