¿Qué es la inmunidad diplomática, y para qué sirve?

La inmunidad diplomática es una ventaja concedida a los diplomáticos para facilitar el desempeño de sus funciones. Consiste en diversos beneficios legales que impiden, salvo excepciones, que un diplomático sea juzgado y que se intervenga una misión o un local diplomático, como una embajada o un consulado.

La inmunidad diplomática está recogida en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961, que establece los privilegios que se otorgan para garantizar la eficacia de las misiones de los representantes extranjeros. Por su parte, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 regula los derechos similares para el cónsul y demás funcionarios de un consulado.

Los diplomáticos no pueden ser detenidos aunque sean descubiertos delinquiendo

El término jurídico “inmunidad diplomática” se refiere a la dispensa de penas e incluye el derecho de los diplomáticos y sus familias a no ser llamados a juicio ni estar obligados a testificar en un país extranjero. Los diplomáticos tienen por tanto inmunidad de jurisdicción penal, es decir, no pueden ser responsabilizados por actos delictivos o ser detenidos incluso si son descubiertos en delito flagrante, y administrativa y civil, como un contencioso con la administración o una denuncia no criminal. Con todo, los diplomáticos deben respetar las leyes del Estado receptor.

Las misiones y sus miembros gozan además de ciertos “privilegios diplomáticos”, como exenciones fiscales y arancelarias. El personal técnico y administrativo de las embajadas también posee inmunidad penal limitada al ejercicio de sus funciones oficiales, pero no tienen los mismos privilegios, pues, por ejemplo, pueden ser sujetos a inspección de aduanas.

Los países con más embajadas y consulados

Los locales de la misión diplomática son inviolables, es decir, nadie puede acceder a las embajadas sin el consentimiento del jefe de misión. Esta inviolabilidad se extiende a la residencia particular del diplomático y sus bienes, la valija diplomática —la cartera precintada con la correspondencia oficial de la misión— y medios de transporte, que deberán quedar bajo la protección del Estado receptor. 

Una norma polémica

La idea de una inmunidad diplomática viene de varios siglos antes de Cristo, cuando se perdonaba de la pena de muerte a los emisarios indios. La inmunidad también ha estado asociada al concepto de extraterritorialidad, que considera que los locales diplomáticos no forman parte del territorio del país en el que se encuentran, sino del Estado al que pertenece la misión. Esta ficción jurídica se aplica, además de a las embajadas y los domicilios diplomáticos, a buques de guerra y bases militares en el extranjero, que deben cumplir la legislación de su país de origen.

Aunque la inmunidad diplomática está asentada en el derecho internacional, no está exenta de polémica ni de tensiones entre Estados. Muchos agentes diplomáticos han cometido delitos y han evitado a la justicia gracias a su inmunidad, pese a que los hechos hayan ocurrido en la esfera privada. Por ejemplo, en 2019, el cónsul de Egipto en Madrid eludió la detención tras ser acusado por violencia machista. Otro caso, habitual en algunas grandes ciudades, es el de diplomáticos que aprovechan su inmunidad para aparcar incumpliendo las normas de tráfico a sabiendas de que no tienen que pagar ninguna multa.

La inmunidad se puede retirar

Pese a todo, inmunidad no implica impunidad. En casos graves, el Estado que envía a sus diplomáticos a otro país tiene derecho a retirarle la inmunidad de jurisdicción a cualquiera de sus agentes diplomáticos por considerar que ejerce sus funciones de forma inadecuada. Gracias a la colaboración entre Estados, el diplomático en cuestión podría ser juzgado.

El desarrollo de la diplomacia: de la corte a los algoritmos

Por ejemplo, en 2015 el jefe de seguridad de la Embajada española en Brasil asesinó a su mujer, tras lo cual el Gobierno español le levantó la inmunidad diplomática para que fuera juzgado por tribunales brasileños. Por otro lado, el Estado receptor también puede expulsar a un diplomático de su territorio, como cuando el Gobierno de Nueva Zelanda expulsó en 2017 a un diplomático estadounidense investigado por un delito después de que Washington decidiera no retirarle la inmunidad.

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