¿Qué es la ley Magnitsky de sanciones internacionales?

La ley Magnitsky permite a Estados Unidos sancionar a ciudadanos extranjeros sospechosos de graves violaciones de derechos humanos o corrupción a gran escala. Permite al Gobierno estadounidense aplicar sanciones económicas y migratorias por estos actos ilegales, una tendencia en auge. Su nombre oficial es Ley de Responsabilidad de Estado de Derecho Sergéi Magnitsky, y el Congreso la aprobó en 2012 para sancionar a los funcionarios rusos responsables de la muerte en 2009 del abogado ruso de ese nombre. Magnitsky fue torturado y abandonado en una prisión de Moscú por denunciar fraude fiscal en Rusia.

El Congreso estadounidense aprobó extender las sanciones a cualquier individuo, al margen de su nacionalidad, con la Ley Global Magnitsky de 2016. La “Lista de nacionales especialmente señalados y personas bloqueadas” del Gobierno estadounidense puede incluir personas físicas, en especial funcionarios públicos, y también jurídicas —empresas, organismos y no estatales— para ser condenados por ejecuciones extrajudiciales, torturas u otros crímenes graves. El Programa Global Magnitsky permite denegar la entrada a las personas en la lista y bloquear sus propiedades en suelo estadounidense. Además, la ley de 2016 ha abierto la puerta a que ONG de monitorización de derechos humanos y corrupción aconsejen al Gobierno.

Qué fue de la oposición rusa

Este régimen de sanciones individuales internacionales ha calado en otros Estados occidentales. Los países bálticos han implementado “sanciones Magnitsky” para marcar distancias con la vecina Rusia. Estonia castiga los crímenes de lesa humanidad —genocidio, torturas, desapariciones forzosas—, el asesinato y la discriminación política; Lituania, la corrupción y el blanqueo de capitales. Letonia  se limita a sancionar a los funcionarios involucrados en el asesinato de Magntisky. 

Por su parte, Canadá protege a los extranjeros ante los delitos cometidos por funcionarios públicos. El Reino Unido adoptó en 2017 un régimen de sanciones basado en leyes ya existentes y promulgó la Ley de Finanzas Criminales para recuperar los activos de residentes en suelo inglés de manos de individuos involucrados en violaciones de derechos humanos. Otros países que parecen dispuestos a adoptar leyes Magnitsky son Suecia, Ucrania y Sudáfrica.

Las leyes Magnitsky complementan el principio de justicia universal y en parte lo alteran. La justicia universal permite a los tribunales nacionales enjuiciar a un ciudadano, nacional u extranjero, por crímenes como el genocidio o la tortura, y las leyes Magnitsky autorizan a los Gobiernos nacionales a castigar también a personas jurídicas. Además, el principal delito que persiguen estas leyes es la corrupción a gran escala, ya que hay consenso internacional en que esta socava y viola los derechos económicos, culturales y sociales al impedir el desarrollo. Por tanto, las sanciones Magnitsky relacionan los actos u omisiones de los Estados con la violación a los derechos de un individuo, algo que la ONU siempre ha evitado hacer por la dificultad de probar esa relación.

La Unión Europea ha sido la primera organización supranacional en adoptar un sistema Magnitsky, aprobando en diciembre de 2020 un reglamento añadido a su régimen global de sanciones. El sistema europeo mantiene elementos de la legislación estadounidense: los visados, el veto de entrada al territorio y el bloqueo de fondos a individuos, empresas privadas y agentes estatales por crímenes internacionales y violaciones graves, al margen de dónde se hayan producido. Sin embargo, la UE ha dejado fuera el delito de corrupción y blanqueo de capitales, lo que limita el efecto del sistema. Además, las sanciones europeas deben aprobarse por unanimidad de los Estados miembros de la UE, demorando la aplicación de medidas hasta que haya consenso.

La Unión Europea aplicó por primera vez estas sanciones en febrero de 2021 para castigar a cuatro altos cargos rusos responsables de detener y encarcelar al líder opositor Alexéi Navalni, así como de reprimir la libertad de expresión y reunión de la población rusa. Poco después, en marzo, Bruselas sancionó a cuatro funcionarios y un organismo chinos por su implicación en las detenciones arbitrarias de los musulmanes uigures de Xinjiang, a quienes internan en campos de reeducación. El Reino Unido, Canadá, y Estados Unidos secundaron estas medidas con sus respectivas leyes Magnitsky.  

¿Impunidad para los crímenes internacionales?

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