¿Qué es y cuándo puede aplicar un Estado el derecho a la legítima defensa?

El derecho a la legítima defensa es aquel que permite a los Estados responder a los ataques militares de otro país para evitar más daños. Como principio, la legítima defensa se recogió en la Carta de las Naciones Unidas de 1945 para asegurar que los países pudieran protegerse a tiempo sin esperar una resolución del Consejo de Seguridad, el único órgano internacional autorizado para usar la fuerza. 

El origen de la figura está en el caso Caroline, una disputa diplomática entre el Reino Unido y Estados Unidos en 1837. Soldados británicos mataron a un tripulante del barco estadounidense Caroline, que ayudaba a los canadienses durante su levantamiento contra el Imperio británico, entonces potencia ocupante. En la correspondencia que mantuvieron para resolver el conflicto, ambos países acordaron que ese tipo de actos podrían darse solo en caso de necesidad de autodefensa instantánea y sin tiempo para deliberar, y que la respuesta debía ser proporcional. Lo acordado sentó un precedente para establecer el principio de legítima defensa, que la Carta de Naciones Unidas plasmó un siglo después en su artículo 51. 

Un derecho limitado a la respuesta

Un Estado puede invocar la legítima defensa solo cuando sea necesario, es decir, cuando un ataque extranjero en curso atente contra su integridad territorial o independencia política. Se aplica en caso de una agresión estatal, que comprende acciones como la invasión, el asalto a buques, tropas o aeronaves, o el ataque a las fuerzas armadas; pero deja fuera otras como el bloqueo económico o los ciberataques. Además, el contraataque del Estado víctima tiene que ser proporcional a la acción inicial y, si es posible, evitar usar la fuerza. En ningún caso podrá actuar con otra finalidad que la de protegerse, como aprovechar para conseguir nuevos territorios u otro tipo de beneficio.

El derecho de legítima defensa es subsidiario y provisional. El país afectado debe comunicar al Consejo de Seguridad las actividades que llevará a cabo, y las mantendrá hasta que el organismo retome el control de la situación. Una vez el Estado da el aviso, el órgano aprueba una resolución contra el país atacante siempre que los cinco miembros permanentes —Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, China y Rusia— voten a favor. De lo contrario, el veto de cualquiera de ellos impedirá cualquier intervención. La legítima defensa nació precisamente para esquivar esta previsible parálisis.

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El principio puede activarse de forma individual, si la aplica solo un Estado, o colectiva, si varios países recurren a la fuerza para auxiliar al que ha sufrido el ataque. Para esta segunda fórmula es necesario que el país víctima solicite ayuda militar a sus aliados, pero también es habitual que se celebren tratados multilaterales sobre asistencia recíproca, como el Tratado que rige la Organización del Atlántico Norte (OTAN).

Nuevas (auto)justificaciones: por sospechas y contra terroristas

Con el tiempo, el uso de la figura ha evolucionado, en especial tras los ataques yihadistas del 11 de septiembre de 2001. Los atentados mostraron una nueva amenaza internacional y abrieron la veda para invocar la legítima defensa contra agentes no estatales, sobre todo grupos terroristas. Esta interpretación tiene cabida cuando las agresiones militares de grupos armados se producen bajo las órdenes, control o financiación del Estado, y por tanto se les atribuyen. Es la variante que aplicó Estados Unidos en 2001 para invadir Afganistán en su guerra contra el terror de los talibanes. Estos formaban parte del aparato estatal, y acogían en su territorio a Al Qaeda, el grupo yihadista responsable del atentado. 

Mientras tanto, países como Rusia o Irán defienden el derecho a invocar la legítima defensa también ante sospechas fundadas de una agresión inminente. Ese principio de legítima defensa preventiva es el que aplicó Estados Unidos al invadir Irak en 2003. La Administración de George Bush argumentó entonces que el régimen de Sadam Huseín tenía armas de destrucción masiva listas para atacar a la superpotencia, aunque estas nunca se encontraron. La Corte Internacional de Justicia rechaza este principio porque elimina el requisito de necesidad y abre la puerta a ataques arbitrarios o desproporcionados.

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Aun así, en enero de 2020 la Administración de Donald Trump reactivó la defensa preventiva para asesinar al general iraní Qasem Soleimani, ante el temor de que estuviese desarrollando planes para atacar a militares y diplomáticos estadounidenses en Irak. El Gobierno de Estados Unidos aún no lo ha demostrado, así que la ONU describe el acto como una ejecución arbitraria. En respuesta, Irán invocó el artículo 51 para lanzar misiles balísticos contra dos bases militares estadounidenses ubicadas en Irak.El Consejo de Seguridad puede sancionar una aplicación de la legítima defensa que no atienda al requisito de necesidad, pues el Estado infractor habría usado la fuerza sin causa justificada. Sin embargo, si uno de sus cinco miembros permanentes realiza estas acciones, estas quedarían impunes con su veto a cualquier resolución condenatoria.

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