Estamos quebrados. Por la sinvergonzonería de los políticos y sus saqueadores satélites que arruinaron cajas de ahorros y bancos, por nuestros propios dispendios y por los del Estado y sus cientos de miles de políticos y funcionarios innecesarios en órganos centrales, autonómicos y locales que han devastado la competitividad e iniciativa del país.
El vicepresidente del Foro de la Sociedad Civil y catedrático Juan Antonio Sagardoy, acaba de recordar en un artículo que las autonomías tienen normativas distintas para, por ejemplo, homologar ascensores, por lo que una multinacional no montó una fábrica que le resultaría ruinosa.
De cumplir las leyes, añade, habría que cambiar tres veces de autobús para viajar desde Badajoz a Barcelona a causa de esas regulaciones autonómicas.
Y es porque los diputados autonómicos, esos que Aguirre propone reducir a la mitad en Madrid, y que aun así sobrarían casi todos, dan sensación de trabajar creando marañas legislativas, incluidas algunas lingüísticas, que hacen inviable España.
Hay alcaldes de poblachos que prometen centros culturales “de referencia para Europa”, y rectores universitarios que crearon subsedes y facultades para enchufar a familiares y amigos como profesores o conserjes.
Mariano Rajoy ha logrado adquirir en seis meses una visibilidad internacional que nunca alcanzó Zapatero en ocho años al reunirse con líderes internacionales para tomar grandes decisiones.
Pero sobre esas imágenes sobrevuela una posible intervención de España. Porque este país necesita reordenarse, limpiar el inmenso cultivo de parásitos que lo ha colonizado en las últimas décadas y que pervierte con políticos incluso el poder judicial, que debería ser el neutral garante de la incorruptibilidad.
Rajoy se resiste a la intervención y parece incapaz de iniciar el guillotinado radical que necesitamos.
Por lo que para salvarnos, aunque muchos perdamos por el camino, que nos intervengan de una vez. ¡Ya!
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