¿Qué son los países frugales?

Los países frugales son un grupo de Estados de la Unión Europea que priorizan la austeridad del gasto público y la estabilidad económica. Cuando se negocian nuevas ayudas económicas en las instituciones europeas, suele haber una división entre países a favor y otros reticentes a desembolsar esas cantidades. Los segundos son los llamados países “frugales”, en el sentido de moderados, sobrios o austeros: Dinamarca, Suecia, Austria y los Países Bajos, a los que también se suele incluir a Finlandia. Todos pertenecen, además, a la Nueva Liga Hanseática, un grupo de países miembros que defienden políticas fiscales conservadoras. Los frugales apoyan la condicionalidad de los fondos, un escrutinio exhaustivo de los gastos o la necesidad de recortar costes, medidas que pueden tener un fondo positivo. No obstante, se les ha recriminado su falta de solidaridad y visión por el interés general de la Unión.

Los frugales comparten varios rasgos económicos, como una deuda pública muy reducida —en torno al 60% del PIB, frente a un 100% de Francia o España—, lo que les evita depender de ayudas externas. A la hora de negociar programas de ayudas de la UE, defienden que los países receptores tengan que adoptar medidas de austeridad, es decir, recortes del gasto público y ajustes fiscales. Esas medidas ayudaron a sanear las cuentas de los países frugales en los años noventa y garantizaron unos indicadores económicos positivos. Con todo, España, por ejemplo, destina alrededor de un 23% del PIB al gasto en protección social, un dato más “frugal” que el de los Países Bajos (29%), Finlandia (30%) o Dinamarca (32%). Sin embargo, los frugales gozan de una mayor cobertura del estado de bienestar gracias a sus altos impuestos. En España la presión fiscal es del 34%, y en los frugales está entre el 40% (media de la UE) y el 46%.

¿Qué países han recibido más fondos regionales de la Unión Europea?

Todos los frugales son países del norte y centro de Europa, mientras que, en general, los mayores receptores de ayudas son mediterráneos, junto con algunos del este como Polonia o Hungría. Esta división norte-sur es una dinámica habitual en la Unión Europea, y los desacuerdos vienen al menos desde la crisis de 2008, cuando se empezó a popularizar término PIGS (‘cerdos’), un acrónimo insultante para referirse a Portugal, Italia, Grecia y España, los países más afectados. Más tarde, en 2017, el entonces presidente del Eurogrupo, el neerlandés Jeroen Dijsselbloem, se jactó de la solidaridad de los frugales y afirmó que, por el contrario, los países mediterráneos se gastaban todo el dinero en “alcohol y mujeres”. 

La pandemia ha vuelto a poner de relieve el choque estereotípico entre las economías “ahorradoras” del norte y las “despilfarradoras” del sur, y ha hecho que se extienda el uso mediático del término “países frugales”. En 2020, la Unión Europea lanzó un fondo de recuperación para ayudar a los Estados miembros a amortizar los daños económicos provocados por el virus. Los países más perjudicados, como España, Italia o Francia, resultarían más beneficiados por las ayudas, que podrían ser en forma de préstamo o de ayudas no reembolsables. Sin embargo, las principales trabas en la negociación vinieron por parte de los países frugales, que exigieron reducir el tamaño del fondo y priorizar los préstamos sobre las ayudas a fondo perdido. 

Otro escollo en las discusiones del fondo de ayudas se produjo en torno a la propuesta de los frugales de condicionar los fondos al respeto del Estado de derecho en los países miembros. Polonia y Hungría han sido acusados de atentar contra los valores europeos con sus ataques a la independencia judicial y la libertad de prensa y por recortar derechos a grupos como el colectivo LGTB. Los Gobiernos de ambos países llegaron a amenazar con vetar el acuerdo pues, según ellos, el seguimiento de las normas políticas no debe condicionar la concesión de fondos económicos, a pesar de que el derecho comunitario es vinculante. Al final, el plan se aprobó pero con algunas concesiones a los frugales: las ayudas directas se redujeron de 500.000 a 390.000 millones de euros y se implementaron instrumentos de observación y una limitación temporal hasta el final de 2022.

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