Desde unos 527 etarras a los que no protege la sentencia anti-Parot de Estrasburgo, hasta el torero José Ortega Cano, que mató borracho con su coche a otro conductor, numerosos condenados esperan ser indultados gracias a las medidas de gracia individuales que pueden adoptar los gobiernos.
Que no extrañe, pues, que los etarras sueñen con acortar sus penas, en algunos casos muy largas, como las de los condenados por el centenar de asesinatos cometidos tras la entrada en vigor del Código Penal de 1995.
Tampoco debe extrañar que Ortega Cano se someta a un cateterismo, algo que no le viene mal a numerosas personas de 60 años, para dar pena, pedir el indulto y evitar la baratísima pena de dos años y medio de prisión por aquella muerte.
Claro que cualquiera con cierto nombre, relaciones o intereses políticos puede esperar que el ministro de Justicia le proponga su indulto al Rey, que siempre lo aprueba.
Como el del conductor kamikaze, un ejecutivo defendido por la empresa de abogados en la que trabaja un hijo de Ruiz Gallardón, que mató a otro conductor tras ir en dirección contraria a gran velocidad casi quince diez kilómetros.
Condenado a 13 años, salió libre gracias al indulto de Gallardón, aunque la familia de la víctima ha conseguido que el Supremo declarara nulo ese perdón de la pena.
El expresidente balear del PP Jaume Matas, acaba de solicitar no sólo el indulto, sino que, mientras se tramita, no se ejecute la pena de nueve meses de cárcel por el primero de los numerosos juicios del caso Palma Arena: alega que la cárcel no serviría para su “reinserción social” y que tendría “efectos desocializadores”.
Los argumentos de Matas son magníficos: delincamos todos, corrompiéndonos como él, para socializarnos adecuadamente.
Terminaremos como el entusiasta monje alemán Johann Tetzel, comisionado por el papa León X para vender indulgencias, el perdón de la pena por los pecados, incluso antes de cometerlos; provocó la revolución luterana, y aquí, y ahora, a saber qué respuesta a estas indecencias.
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SALAS