Que esta pandemia marcará un antes y un después en nuestras vidas es algo que, a estas alturas, no lo dudará nadie. Que nuestros comportamientos van a variar, de hecho ya lo están haciendo, de cara al futuro, es más que evidente. Y que eso también va a abarcar al orden informativo, por supuesto que somos conscientes de ello. La reciente creación de un comité gubernamental en España para luchar contra la desinformación, o las denominadas ‘fake news’, ha levantado muchas suspicacias. Tras la publicación de la orden en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 5 de noviembre, en la que se aboga por que la ciudadanía tenga acceso a una información “veraz y diversa”, las reacciones no se han hecho esperar. Desde la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) se insta al Gobierno a que explique las funciones y cometidos del mencionado comité porque, señalan, la orden del BOE “deja en el aire varios aspectos importantes que nos suscitan una profunda preocupación por las eventuales consecuencias que pueda acarrear al libre ejercicio del periodismo”.
En efecto, el artículo 20 de la Constitución Española es el marco válido para discernir lo que es lícito o no en cuanto a lo que debe o no debe ser publicado. Todo aquel mecanismo externo con el que se pretenda ‘profundizar’ supuestamente en pos de la verdad ha de ser cogido con pinzas, máxime en un tiempo en que la tentación y la sospecha por controlar está a la orden del día. Junto a esto, la dependencia gubernamental del citado comité, con participación de diversos organismos que entroncan directamente con el Ejecutivo, implica que en buena lógica se vaya a examinar con lupa su cometido ante el temor, nada infundado, de que este pueda ser utilizado con fines políticos y partidistas o, lo que todavía podría ser incluso peor, para limitar y cercenar la libertad de expresión, derecho consagrado en la Carta Magna para todos y cada uno de los españoles.
Existe en nuestro país abundante legislación, vigente en la actualidad, para perseguir este tipo de delitos. El cumplimiento, y en caso contrario la aplicación de esas leyes, ha de ser el único límite que no se tendrá que traspasar a la hora de ejercitarnos en esa libertad de expresión, bajo el paraguas de la propia libertad de prensa y el sagrado derecho a la información. Para más inri, la experiencia en cuanto a la creación de comités últimamente en España no da para tirar cohetes, máxime cuando aún está por ver quiénes son los integrantes del que se denominó, en su momento, de expertos sobre el coronavirus. Recuerdo que fue el humorista Jaume Perich el que nos legó una reflexión antológica, cuando dijo aquello de que, en plena Transición, gracias a la libertad de expresión ya era posible decir que un gobernante era un inútil sin que nos pasara nada. Y añadía, siendo esto lo más preocupante del caso: y al gobernante, tampoco.
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