Luisana Colomine.
Los dos fiscales que anunciaron golpes de Estado en Venezuela: diferencias y semejanzas
El 12 de abril de 2002, el entonces Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, convocó una rueda de prensa para fijar posición ante los sucesos que estremecían al país. Cuando tenía todas las cámaras y micrófonos ante sí, seguro de que estaba “en vivo”, denunció: “Los hechos en Venezuela violan el protocolo de Washington y la Carta Democrática Interamericana. No hay ninguna duda de que se ha violentado totalmente el estado constitucional y de que estamos ante una situación que no se puede calificar sino de golpe de Estado”. Las luces de la TV se fueron apagando pero ya era tarde. El anuncio había salido al mundo antes de que lo sacaran del aire…Eran otros tiempos, otra gente, otras circunstancias. Y, claro, realmente aquello sí era un golpe de Estado, pues el presidente Chávez había sido detenido y en su lugar se erigió un gobierno de facto.
No puedo sino comparar ese hecho con el que protagonizó el 31 de marzo de 2017, exactamente desde el mismo espacio, la actual Fiscal General, Luisa Ortega Díaz. Esa mujer rubia, alta, de ojos claros, nacida en Valle de La Pascua, de verbo fluido y altivez mantuana, paralizó al país con una declaración que leyó sin profundizar en detalles: “Considero un deber histórico e ineludible (…) referirme a las recientes decisiones, signadas con los números 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución (…) lo que constituye una ruptura del orden constitucional (…)”. Ortega fue premiada con una ovación de casi 1 minuto por los funcionarios que le acompañaban en la presentación de su memoria y cuenta y, claro, a ella los medios no la sacaron del aire. Dejaron las ovaciones hasta el final y vimos que lanzó besitos y sonrisas a alguien como diciendo “¡Oops, lo hice!”. Habló, según dijo, en nombre de los más de 10 mil empleados de esa Institución, e hizo énfasis en el hecho de que hablaba “desde” la sede de la Fiscalía, lo cual indica que es una posición no de ella, personal, sino del Ministerio Público. Por si fuera poco, ese anuncio cerró una intervención llena de cifras que, además, reflejaron una Venezuela donde se violan los Derechos Humanos mediante crímenes, torturas y trato inhumano.
Las declaraciones de esos dos Fiscales ya forman parte del imaginario colectivo pues nunca nadie olvidará qué estaba haciendo o dónde se hallaba cuando ocurrieron.
Llegué a pensar que la performance de Ortega Díaz había sido una estrategia comunicacional para mostrar al mundo que en Venezuela sí existe la división de poderes. Hubiese sido una jugada maestra si no es porque eso dejaría muy mal parado a un TSJ satanizado y desprestigiado por la AN y al propio presidente Maduro. Llegué a pensar que acaso seguía el ejemplo de su antecesor. Llegué a preguntarme después: ¿Quién ganó y quién perdió con la acción de ambos fiscales pero en tiempos y circunstancias distintas?
En defensa de las sentencias salieron muchos expertos-as que coincidían en que no había ningún golpe de Estado ni disolución del parlamento (así como hizo sí Carmona Estanga) ya que uno de los fallos tenía carácter provisional, a la espera de que la AN salga del desacato. En medio del escándalo internacional alimentado por el jefe de la OEA Luis Almagro, con unas bredes sociales encendidas difundiendo “Golpe de Estado” y “Autogolpe” en Venezuela, las palabras de la Fiscal fueron como cuchillos y de “reina de la corrupción chavista”, como la llama la oposición, pasó a ser una “digna fiscal” o una “chavista que se le rebela a Maduro”. Desde el chavismo ella simplemente es una “traidora” y hasta se le asocia con el ex ministro Miguel Rodríguez Torres.
Pocas personas del entorno presidencial se atrevieron a hablar del asunto. Otras, quizás para montarse en la ola mediática del día y conseguir más seguidores en sus cuentas de twitter, se apresuraron a apoyar a Ortega Díaz. En cuestión de horas se definieron las acciones y el presidente Maduro, con un discurso sereno, evitó calificarla. Dijo “Como esto es una dictadura tal vez yo le hice el discurso a la Fiscal”, bromeó y confesó que lo había visto todo por el canal 8 (medio que fue sorprendido por el inesperado anuncio). También comunicó que “no conocía el texto de la segunda sentencia” (a pesar de que ambas decisiones llevaban un día dándole la vuelta al mundo). Acto seguido convocó el Consejo de Defensa de la Nación para resolver el “impasse” entre dos poderes a cuya reunión no asistió Ortega (Recordemos que en octubre de 2016 se convocó el CDN para analizar el rol de la AN). Un hecho curioso es que, según la periodista Madeleine García, el presidente de la AN, Julio Borges, fue invitado mediante oficio suscrito por la Ministra Carmen Teresa Meléndez. ¿Por qué y para qué invitar a un ente que está en desacato? Amaneciendo el día sábado el TSJ echó para atrás lo que consideró tal vez había provocado la declaración de la Fiscal. Cerca del mediodía, ella fue recibida por el Jefe del Estado y se difundieron fotos y videos del encuentro. Pude ver las aclaratorias en la web de la institución, pero minutos más tarde aparecía que el sitio estaba en mantenimiento y aún a esta hora el portal sigue sin abrir.
Pero todo se diluye en este mundo donde las noticias ya forman parte del entretenimiento y apenas duran 24 horas. Aquí lo más importante es que la posición de Ortega Díaz y sus sucesivas consecuencias, lejos de dirimir una controversia, arrojan un manto de duda y quizás un daño irreparable sobre el TSJ y el procedimiento que siguió para “suprimir” (los medios usan “borrar”) las cautelares del escándalo (No aclares que oscureces, dice el criollo refrán), para no hablar de los que salieron a defender las sentencias esgrimiendo no sólo el carácter temporal de una de ellas, sino también el artículo 335 de la CRBV que dice: “El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de esta Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República”.
El resultado final, aparte de que la oposición volvió a demostrar que su “calle” es desde los teclados, es que el país se partió en dos: Fiscal Vs TSJ. Pero la AN sigue en desacato, alargando el más grave “impasse”, ese no resuelto ni aún con la participación del mismísimo Papa. Ese que retrasa y torpedea todas las acciones del gobierno legítimamente electo: el impasse entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. ¿Cómo y cuándo se resolverá ese?
Si la fiscal Luisa Ortega Díaz tuvo el poder de empujar la solución de la controversia ¿No podrá echar una mano para resolver también el conflicto que se mantiene entre el Ejecutivo y el Legislativo? ¿Acaso a ella como ciudadana no le preocupa que el Legislativo inicie un juicio político contra el Presidente de la República, o declare que abandonó su cargo, o que pida la aplicación de la Carta Interamericana contra Venezuela o que sus diputados convoquen a desconocer al gobierno y estén inmersos en hechos que atentan contra la paz?
Dos fiscales, dos momentos difíciles de nuestra historia. Sobre los resultados de cada actuación, reflexione usted.
@LuisanaC16
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