Quieren recetar más psicofármacos a los niños y con dinero público

La pregunta sobre los daños que está causando la vacuna del papiloma no es la única que ha enviado estos días al Gobierno el diputado Gaspar Llamazares. Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara de diputados, el político ha solicitado respuesta escrita, sobre la posible financiación pública de fármacos sin evidencia científica para tratar el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

El pasado mes de mayo se presentó en Madrid el libro blanco europeo sobre el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). En él, según el parlamentario de Izquierda Unida:

“se prevé la barbaridad de 1,4 millones de niños y adultos afectados y se promueve el tratamiento con psicoestimulantes y la financiación pública de metilfenidato y atomoxetina“.

Resulta chocante en un contexto de crisis, las dificultades para el tratamiento de enfermedades graves y la “alegría de financiación pública de fármacos sin evidencia científica”, Llamazares dixit. El reconocido sobrediagnóstico y sobretratamiento del citado trastorno, ha provocado

“una llamada de atención por parte de UNICEF y de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El propio gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) ha abierto una investigación sobre el posible vínculo entre este diagnóstico infantil masivo (1/10 escolares y 1/5 alumnos estadounidenses de secundaria) y el auge de los laboratorios que comercializan los fármacos, que han quintuplicado sus ventas entre 2007 y 2012″.

En España disponemos de una Guía Práctica Clínica para abordar el diagnóstico y tratamiento del TDAH. Ésta ha sido elaborada en ausencia de representatividad de los profesionales de nuestro Sistema de Salud. Por otro lado, el 70% de los colaboradores y el 50% de los revisores, declaran conflictos de interés y se detectan intereses cruzados no declarados y el profesional más citado en la bibliografía es Joseph Biederman, investigado en el senado estadounidense por recibir 1,7 millones de dólares de compañías farmacéuticas entre 2002 y 2007, tras promover el diagnóstico de trastornos psiquiátricos en la infancia.

Las preguntas de Llamazares son:

-¿Piensa el Gobierno elaborar una nueva Guía para el manejo de la TDAH con una participación plural de profesionales libres de conflictos de interés y basada en la mayor evidencia disponible, dadas las graves implicaciones de salud y económicas?

-¿Considera el Gobierno creíble y deseable la previsión del libro blanco de que solo el tratamiento del TDAH podría suponer 1.200 millones de euros anuales (el 12% del Gasto Farmacéutico Público de 2012) y por las consecuencias en la salud actual y futura de los niños y jóvenes españoles tratados con psicofármacos desde la infancia?

-¿Piensa el Gobierno financiar el tratamiento del TDAH en adultos, que carece de evidencia científica, pero donde los laboratorios calculan más de un millón de posibles afectados?