Radiografía del Servicio Penitenciario Bonaerense

La insólita historia del jefe que peleaba con facas y molía a golpes a los internos para ganar el respeto de su tropa. Pactos de silencio, financiamiento, sociedades con el delito y la lucha por la caja.

Por Juan Diego Britos

Desde febrero de este año, la jefatura del Servicio Penitenciario Bonaerense está a cargo de María Florencia Piermarini, antes asesora personal de César Albarracín, subsecretario de Política Criminal bonaerense. Su antecesor, Javier Mendoza, fue designado camarista en Mar del Plata en reconocimiento a la lealtad que mantuvo con el sistema.

Debajo de la Jefatura de Servicio se encuentran las cuatro Direcciones Generales. La de Coordinación está a cargo del inspector mayor Héctor Rodolfo Uncal; la de Seguridad es manejada por el inspector general Mario Mazzeo. Por su parte, el director de Recursos Humanos es el inspector general Walter Dardo Velaz, ex juez de línea de AFA; y el inspector mayor Fabián Rodríguez conduce la dirección de Asistencia y Tratamiento. Estos son los referentes de una institución que contiene 54 unidades penales, a las que hay que sumar las alcaidas inauguradas en los últimos años para sopesar el hacinamiento en las comisarías. Hasta hace un mes, la dirección que maneja Mazzeo tenía bajo su órbita a la Dirección de Operaciones, comandada por Fabio Sanguinetti, conocido en el mundo intramuros como “Pink Floyd” y temido por muchos presos por la ferocidad con la que se manejaba. “Es ‘mata-pibe’, parte de la misma banda de Horacio “Chino” Barrera” –que según fuentes confiables habría tenido algo que ver en la fuga del preso Segovia de Florencio Varela– contó un ex detenido que conoció a Sanguinetti de su paso por distintos penales. Una fuente judicial destacó que Pink Floyd “se animaba a pelear con detenidos mano a mano y con facas; cuando estuvo en la Unidad 29 recibí muchas denuncias de los internos, que me contaban que los molía a palos. Era común que participara en golpizas en forma directa porque esto le generaba respeto de los suboficiales que se sentían acompañados en la tarea de ‘calmar’ a los detenidos”. Por su parte, Mazzeo maneja el dinero del combustible del SPB. Las recargas son quincenales y se depositan en cuentas del Banco Provincia, que cada jefe de complejo administra para los traslados de los detenidos en las cárceles bajo su jurisdicción. Luego los oficiales rinden los gastos a los superiores, que elevan una planilla final a la Dirección General de Administración del Ministerio de Justicia. Un jefe penitenciario señaló que los montos que ellos rinden “son diferentes a los que figuran en la planilla final”. Esta diferencia alimentaría las cajas negras de recaudación de la Subsecretaría de Investigación Criminal. “Roban para la corona y reciben beneficios. El Ministerio –señaló la fuente– premia al obediente, no al capaz.” Pero esta no sería la única vía de financiamiento ilegal del SPB. También hay cajas chicas y partidas descentralizadas, que pueden ser utilizadas para gastos de mantención de los penales. “Los que se prenden en el negocio –añadió la fuente– reciben más cajas que el resto por la sencilla razón de que el retorno es mayor.” Los órganos de contralor de los gastos en refacciones en las cárceles es la Dirección de Infraestructura Edilicia, que depende de la Dirección General de Coordinación. El año pasado, el hombre a cargo de esta unidad era Edgardo Medina, tesorero del Círculos de Oficiales del SPB. La cúpula penitenciaria guarda íntima relación con este organismo. A modo de ejemplo sirve recordar el pase de mando que en los últimos años hicieron Javier Ciancio y Rubén Borzani, que se turnaron para ocupar sucesivamente la Dirección General de Seguridad, la de Coordinación y la presidencia del Círculo. Borzani se peleó meses atrás con Héctor Venche, ex director general de Asistencia y Tratamiento, lo que provocó algunas escaramuzas dentro de la tropa. Ocurre que ambos formaban parte de la “Banda de Mercedes”, grupo que imprimió su sello al espíritu de la oficialidad en la última década. “Borzani y Venche –explicó un alto jefe penitenciario– se pelearon por cuestiones de ego. Ellos hacían y deshacían con el aval del Ministerio de Justicia y Seguridad.” Cuando era director de Seguridad del SPB y vicepresidente del Círculo de Oficiales, Borzani estuvo involucrado en una estafa a los guardias de bajo escalafón. Por medio de la empresa ficticia Simonetti Lovera, los penitenciarios cubrían cuotas que iban de 120 a 240 pesos por pistolas que recibirían al finalizar el plan de pago. Pero en agosto de 2010 la empresa quebró y el dinero se esfumó. Esa no fue la primera vez que Borzani tuvo que dar explicaciones a la justicia: en 2007, cuando estaba a cargo de la Unidad 15 de Batán, fue intimado por un juez porque no hacía los aportes de los presos que trabajaban bajo el convenio firmado con sectores pesqueros. “Jamás hay un cargo para alguien externo al sistema. Es incalculable la plata que se roban”, explicó otra fuente penitenciaria en La Plata, que detalló que otra boca de recaudación es la Dirección de Trabajo Penitenciario, a cargo del inspector mayor Julio Anselmo, que respondía a Venche y a Borzani. “Anselmo supervisa los trabajos que se producen en los talleres de los penales y administra los convenios celebrados con empresas privadas. Preguntale a los presos si cobran lo que tiene que cobrar y después decime cuánta plata se llevan”, explicó otro penitenciario consultado. « Nota publicada en la sección Policiales del diario Tiempo Argentino el domingo 5 de agosto de 2012