Es un recorte descarado a los derechos ciudadanos amparados por la Constitución Española. Máxime cuando los delitos cometidos por esa minoría de violentos ya están penados en el actual Código Penal. Incluso la resistencia pasiva a la autoridad, la mítica herramienta que utilizó Gandhi contra el dominio británico, podrá ser penada con prisión. Una auténtica barrabasada jurídica. Es como retrotraer a la sociedad española a tiempos pre constitucionales. El Grupo 17 de Marzo-Sociedad Andaluza de Juristas para la Defensa de los Derechos Humanos Individuales y Colectivos lo considera, en una nota de prensa la que expone su rotunda oposición a la medida, “extender la legislación que se ha utilizado para mitigar los actos de lucha callejera en Euskadi a cualquier acto de vandalismo que ponga en peligro bienes públicos o privados”. Los motivos que alude no pueden ser más contundentes:
- La ley penal ha de ser considerada la última medida para resolver conflictos sociales.
- Supondrá el aumento de personas condenadas en prisión en nuestro país, que ya supera al resto de países de nuestro entorno europeo.
- Utiliza una medida excepcional contra actos de organizaciones criminales para actos realizados por cualquier persona en el contexto de manifestaciones populares.
- Su uso se convertirá en un medio político para contrarrestar reivindicaciones sociales.
- Es desproporcionada y sesgada, por cuanto no modifica los actos de maltrato y/o tortura realizados por los cuerpos de seguridad del Estado, que han aumentado en mayor medida que los vandálicos.
- Supone un paso más en el deterioro del Derecho Penal, aumentando el elenco de enemigos del Estado. A todos los ya asistentes se le añade ahora los manifestantes.
Ya lo único que les queda es volver a vestir de gris a la policía.
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