Continua el annus horribilis del PP. Si la semana nos enterábamos que el extesorero tenía una cuenta en Suiza con 22 millones de euros, y que blanqueaba parte del mismo gracias a la amnistía fiscal del Gobierno, ésta nos desayunábamos la noticia de que Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal cobraron sobresueldos en negro de manos Bárcenas, según afirma diario’El País’. En la lista aparecían también otros dirigentes como los exministros Javier Arenas, Jaime Mayor Oreja, Francisco Álvarez-Cascos o la alcaldesa de Cádiz Teofila Martínez. Además, siempre según El País no se trata de algo puntual sino de algo que formaba parte de la contabilidad del partido conservador desde 1990 al 2009. Igualmente aparecían nombre de empresarios y empresas que habían realizado “donaciones” al Partido Popular. Aparecen una lista en la que destaca importantes constructores como Villar Mir o la cadena de supermercados Mercadona.
La gravedad de la información es tal, afecta al propio Presidente del Gobierno, que la reacción no se hizo esperar. Esta vez no bastaba con el tan conocido y relamido “no me consta” que habían utilizado hasta la saciedad sino que era necesario negarlo con rotundidad. Y así fue, Cospedal niega la veracidad de la información en su totalidad, pero su argumento se desmonta cuando Pio García Escudero, Presidente del Senado, confirma la veracidad de un apunte que aparece en la misma. Cospedal queda en evidencia y tiene que improvisar diciendo que si parte puede ser y si otra no y que vete tú a saber, vaya.
No se si todo eso será verdad y, supongo que deberá ser investigado, pero desde luego tiene muy mala pinta. Si se confirmaran los hechos publicados por El País estaríamos no sólo ante una trama de financiación ilegal del partido sino ante un grupo de dirigentes políticos que además aprovechaban esa contabilidad B para llevárselo crudo. De ser así estaríamos hablando de una organización criminal perfectamente estructurada que ha venido cometiendo delitos fiscales durante más de 20 años. Huele tan mal y parece tan sucio todo que las imágenes de los apuntes contables de Bárcenas me recuerdan al libro de contabilidad de Al Capone en Los Intocables de Eliot Ness. La indignación ciudadana ha subido hasta niveles impensables. Mientras a los ciudadanos y ciudadanas se les exigen sacrificios como aumento de impuestos y se les somete a recortes sociales y de derechos, observan atónitos como sus máximos dirigentes están defraudando fiscalmente.
Dinero negro
Es una situación tremendamente delicada que afecta al propio Presidente del Gobierno y que no puede quedar en agua de borrajas. Se comenta que los delitos pueden haber prescrito o, incluso, si esa práctica podría tildarse o no de ilegal. Me es indistinto. La legalidad de un acto no exime de que pueda ser moralmente reprobable. La moral y ética de los cargos públicos deben de rayar a la altura de su vocación de servicio público. Esa es la virtud de la política. Si la vaciamos de ella se cae en la desafección y la desconfianza. Y ahí es donde comienza el peligro. Una de las estrategias del PP está siendo convertir un hecho de corrupción que afecta a su partido en un problema institucional. El típico tópico del “y tú más”. Y no es así. Vaya por delante que cada partido tendrá sus problemas en mayor o menor medida con la corrupción, pero lo que afirman las informaciones de El País hablan de una estructura y organización criminal que afecta únicamente al PP. Porque si, aprovechando la indignación ciudadana, se cae en en “todos somos iguales” estamos abriendo el paso a la antipolítica y a los populismos de supuesto corte regeneracionista que facilitarían el poder más aún a los poderes y élites económicas y acabarían con buena parte de los derechos y libertades. Se pierde la confianza en la democracia, en los partidos, en la justicia y en el resto de pilares básicos de nuestra sociedad. Desacreditar la política es el paso previo para que el Gobierno sea sustituido por un Consejo de Administración y el Parlamento por una junta de accionista, a lo que hay que añadir que el Presidente sería sustituido por un Presidente o Consejero Delegado de corte fascista.
Y no debe ser así. Se debe creer en la política como elemento necesario y principal motor de la transformación social. Asumiendo ese poder transformador, la política debe utilizarse precisamente para evitar que ocurran este tipo de situación, para dar soluciones a los problemas de la ciudadanía. Debe redefinirse y englobar nuevos elementos que permitan esa utilización, que la acerquen al pueblo para que la vean como lo que es, un instrumento clave para construir una sociedad más justa y no un nido donde sólo van a parar corruptos, arribistas y ladrones. Se trata de una herramienta fundamental en la lucha contra las desigualdades y que debe tener un papel clave en la reconstrucción de una nueva sociedad.
Se debe recuperar la pasión por la política y esto sólo se consigue con al confianza de los ciudadanos en ella y en los partidos que la articulan. Y los partidos deben ser conscientes porque les va su propia supervivencia en ello. Por eso, con independencia de la legalidad o prescripción de los hechos que relata El País, de ser ciertos, necesitarían medidas contundentes. Mariano Rajoy debería dimitir de inmediato y convocarse elecciones anticipadas. Pero claro, esto es España y aquí dimitir no es una acto de responsabilidad, es un nombre ruso.
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