De todos los errores cometidos por el gobierno de Rajoy, quizás el más despreciable de todos haya sido la legalización, a través del Consejo de Ministros, del robo perpetrado a los ahorradores españoles con las participaciones preferentes. Muchos ciudadanos confiaban en que el Estado, dueño ahora de los bancos que mas sangre hicieron con las participaciones preferentes, devolvieran a los ahorradores hasta el último euro, todos entregados de buena fe al sistema bancario. Sin embargo, la decisión de Rajoy y de su gobierno ha sido otra muy distinta: convertir ese robo en política de Estado. ---
Por decisión del Consejo de Ministros, las 'víctimas' de las preferentes, todas ellas ciudadanos que entregaron sus ahorros, de buena fe, a un sistema financiero español que operaba "bajo la garantía del Estado", sufrirán una quita de entre el 38 y el 61 por ciento.
La última fechoría del gobierno de Rajoy, con la complicidad de buena parte del sistema político español, quizás la peor y la más indecente de las muchas cometidas en los últimos años, es esa quita practicada a las participaciones preferentes, una medida injusta que se asemeja a un robo en toda regla, perpetrado por los bancos, con el consentimiento y la bendición del mismo Estado, que ha autorizado y legalizado que los ahorradores pierdan gran parte del dinero que invirtieron. El saqueo a través de los impuestos parece que no es suficiente para un sistema insaciable que ha aprendido a meter la mano en la cartera del ciudadano, un espacio que antes le estaba vedado.
Los preferentistas de Catalunya Banc sufrirán una rebaja media del 61% y los dueños de estos activos en Novagalicia pierden el 43% y en Banco Gallego el 50%. Los que confiaron sus ahorros a Bankia, los mas numerosos, sufrirán mermas de un 38 por ciento, aproximadamente, practicadas por una entidad cuyos directivos aceleraron el hundimiento del esa caja de ahorros auto adjudicándose premios e indemnizaciones multimillonarias, sin haber acumulado otro mérito que el del saqueo y expolio de la entidad.
La adoptada por el último Consejo de Ministros es una decisión terrible, decepcionante para la gente de bien y un error irreparable que costará caro al Partido Popular y que acentúa el ya insoportable auge de la desconfianza ciudadana en el Estado español y en sus dirigentes políticos y financieros. Sin esa confianza, que es la base del sistema, la democracia deja de existir y el poder se torna despótico e ilegítimo. Es tan burda, baja e innoble la decisión adoptada que su maldad compite con la de los EREs mafiosos del PSOE andaluz, un asunto al que se califica como la mayor estafa corrupta de España, desde la muerte de Franco.
Son precisamente las entidades financieras intervenidas por el Estado, ya convertidas en ´nacionalizadas y públicas, las que descontarán mas dinero a los ahorradores. Esos bancos, con Bankia a la cabeza, después de haber sido rescatados con decenas de miles de millones de euros, salidos de los impuestos ciudadanos, robarán, además, la mitad o mas de lo que invirtieron aquellos que cometieron el error de confiar en un sistema financiero español que se presentaba como "garantizado" por el Estado.
Rajoy nos roba, aunque su decisión sobre las preferentes haya sido presentada por la propaganda y por los periodistas sometidos como una intervención en favor del ciudadano.
Lo único digno y decente que tenía que haber hecho el gobierno es devolver a los inversores hasta el último euro entregado. Todo lo demás es robo, aunque pretendan justificarlo y disfrazarlo con la ayuda de los perros del poder mediático.