Razones para que María Jesús Montero rectifique y suprima el Impuesto de Sucesiones y Donaciones

El PSOE de Andalucía va a perder cientos de miles de votos el 2 de diciembre por su obtusa obsesión de mantener vivo el impuesto de Sucesiones y Donaciones, el más impopular, injusto y odiado de todos los tributos vigentes en España. Es probable que gane las elecciones porque su ventaja era inmensa y porque sus adversarios carecen de fuerza y atractivo, pero perderá varios escaños por mantener el robo de las herencias y la burla a los que falleces. La nueva ministra de Economía y Hacienda, María Jesús Montero, conocida por su insensibilidad, odio a los que ella llama "ricos" y crueldad a la hora de aplicar en Andalucía el impuesto Sucesiones y Donaciones, el más impopular, denostado y rechazado de toda España, está empeñada, junto con Susana Díaz, en ignorar las protestas ciudadanas, razonables, justas y bien fundadas en derecho, y en imponer ese tributo en toda España. La reacción de las víctimas, encabezadas por las plataformas de lucha contra el peor tributo de España reunidas en FENCIS (Federación Española Contra el Impuesto de Sucesiones), bajo el liderazgo de la plataforma andaluza Stop Impuesto de Sucesiones, ha sido denunciar al Estado Español ante la Justicia Europea y el poder legislativo de la Unión Europea, una demanda que probablemente tendrá importantes efectos mediáticos y que apasionará a la opinión pública al contemplar como los restos de la débil sociedad civil española, ocupada y mediatizada por los políticos, se enfrenta al monstruo público arrogante y cruel, al que denuncia con dureza y al que terminará doblegando. Publicamos hoy algunos de los argumentos emocionales y humanos que acompañan al texto jurídico de la denuncia ante Europa del cruel e inhumano impuesto que está provocando miles de renuncias a heredar, cierres de empresas y miles de víctimas, arruinadas por el impuesto e indignadas por la actitud sucia y miserable de los recaudadores del Estado. --- Por vez primera en la Historia moderna de España, el pueblo se ha alzado contra un impuesto que considera injusto y brutal, colocando contra las cuerdas a los gobiernos que los han impuesto en contra de la voluntad popular. El rechazo al tributo que grava las herencias es tan intenso que ha provocado no sólo manifestaciones de decenas de miles de ciudadanos en las calles, sino también ríos de tinta y de testimonios en los medios de comunicación y en las redes sociales.

Ese rechazo popular, según las reglas democráticas, es razón suficiente para que ese impuesto quede suprimido, incluso si el gobierno necesita incrementar su recaudación fiscal. Podrá recaudar dinero por otras vías, pero la del Impuesto de Sucesiones, profundamente denostado y odiado por los ciudadanos, es democráticamente inviable.

Las razones que esgrime la ciudadanía para rechazar el llamado "Impuesto a los muertos" son muchas y profundas. La primera es que ese impuesto obliga a tributar por lo que ya ha tributado, lo que significa doble imposición. La segunda razón es que cada autonomía española lo cobra como quiere, generándose una desigualdad que rompe el principio constitucional de la igualdad de todos los españoles. Se da el caso concreto de que una herencia en Asturias paga mil veces más que la misma herencia en Canarias y cien veces más que en Madrid. Otras razones esgrimidas es que ese impuesto viola la voluntad de los que mueren, que destroza la economía porque arruina empresas familiares o las cierra, que causa daños terribles a las familias, muchas de las cuales se empeñan y otras muchas renuncian a las herencias, con dolor, porque no pueden pagar las cantidades que el gobierno, sádico y codicioso, les exige.

La situación que crea ese impuesto es de grave daño para la economía, las personas y los derechos humanos básicos. La forma como se aplica el impuesto denota crueldad y brutalidad, pues las administraciones practican tasaciones abusivas y aplican intereses desproporcionados, sin proporcionar a las víctimas facilidades de ningún tipo. El drama de heredar en España se acentúa cuando los bienes heredades son subastados a precios muy reducidos, inferiores a los tasados, provocando que los afectados piensen, probablemente con razón, que han sido estafados y que son las víctimas de un saqueo por parte de los administradores del Estado, que ni siquiera los otorgan el derecho de tanteo en los bienes subastados.

Sólo la arrogancia y la corrupción del poder político explica la situación que rodea a las herencias en España. De poco vale la oposición popular a ese abuso porque el gobierno de turno, que se siente seguro y blindado, desprecia la democracia, junto con el lamento, la queja y las razones esgrimidas por el pueblo, generando en la ciudadanía desazón, rechazo y hasta odio a la clase política.

Todas estas razones, en su mayoría emocionales y humanas, unidas a las jurídicas, justifican que la Justicia Europea y el poder Legislativo de la Unión Europea intervengan en favor de los ciudadanos españoles, que se sienten realmente desprotegidos e indefensos ante la suciedad y la arrogancia indecente del sector público y de una política fiscal depredadora e injusta.

Francisco Rubiales