Reclamo razonable de docentes de la ex escuela de policía

EX ESCUELA DE POLICÍA

Docentes policías van a la Justicia por indemnización

Luego de ser dados de baja, buscan el beneficio que sí obtuvo un grupo de profesores civiles.Por Walter Rios - Diario De CuyoAl menos 16 de los 20 uniformados retirados que daban clases en la extinta Escuela de Policía acudieron a la Justicia para conseguir su indemnización laboral por los años que ejercieron su actividad. Es que esos profesores no recibieron el resarcimiento económico del Gobierno luego de que fueran dados de baja por el cierre de la institución que preparaba a los agentes y cadetes, cuya capacitación ahora está en manos de la Universidad Católica de Cuyo. Si bien hay un grupo de 8 docentes civiles que también están con el mismo reclamo en sede judicial, otra tanda de 9 sí consiguió la compensación en la etapa administrativa, lo que representa un antecedente a su favor.
La Escuela de Policía era la encargada de formar a los agentes y cadetes para su ingreso a la Fuerza, pero en 2012, la gestión giojista decidió que dicha capacitación quedara en manos de la Católica para una mayor profesionalización. Así, la institución quedó sin razón de ser y la situación de los profesores ha transitado por un camino de marchas y contramarchas para el Gobierno. Primero, los docentes recibieron una licencia con goce de haberes, luego les dieron de baja, y no los reubicaron ni indemnizaron, aunque después resarcieron económicamente a parte de los civiles. Ahora, el personal policial retirado recurrió al Juzgado Contencioso Administrativo para obtener el mismo resultado.
En este caso, el área legal dictaminó que como los efectivos se encontraban retirados, no se afectó su estabilidad como empleados al darles de baja sino que se concretó el cese de una función accesoria, lo que está avalado por ley. El abogado Daniel Persichella, que representa a 6 profesores policías, señaló en cambio que sí ejercían una función docente, autorizados por el Poder Ejecutivo. Dicha tarea tiene como característica la estabilidad laboral, la que si se vulnera, se la debe indemnizar, explicó. Por su parte, Raúl De la Torre, que patrocina a otros 7 uniformados retirados, destacó que “el argumento para el rechazo es que la administración no tiene obligación de indemnizar al cerrar los institutos, porque los cargos docentes en ellos son ‘actos de servicio’, como los adicionales en canchas de fútbol. Entonces, cerrados los institutos, los policías también cesan en sus cargos docentes, según el fundamento. Esto es insostenible desde todo punto de vista, porque los profesores fueron nombrados por respectivos decretos del Ejecutivo, en cargos totalmente diferentes a los policiales”. Otro uniformado retirado que apuntó directamente a sede judicial fue el abogado y exjefe de Policía, Carlos Alcayaga. Según mencionaron desde el entorno del personal policial retirado, sólo hay 4 de ellos de los que no se sabe si apelaron a la Justicia. Tras los planteos, ahora será la jueza Adriana Tettamanti quien deberá resolver si les corresponde o no una indemnización. 
El caso de los profesores civiles va por un carril aparte. Tras la resolución que les dio de baja, Persichella presentó un recurso en sede administrativa por 9 de ellos y al final se definió que les correspondía la indemnización. Actualmente, se está en trámite de liquidación, el cual ronda entre 1,2 y 1,5 millones de pesos en total, resaltó el abogado. Además representa al docente Isidro Díaz, expresidente del Foro de Abogados. Éste no recibió ninguna compensación porque se encontraba jubilado, pero Persichella también apeló a la Justicia porque el sistema argentino no le tiene prohibido trabajar a un retirado, indicó. En cuanto a los 7 profesores civiles que defiende De la Torre, éste detalló que se habían vencido los plazos para presentar los recursos en sede administrativa, por lo que directamente presentó la demanda en instancia judicial. En ese sentido, destacó que aún no hay resolución al respecto, aunque ya cuenta con el antecedente anterior.
Debido a la supresión de la Escuela de Policía, la Católica puso en marcha 5 carreras de seguridad para los aspirantes a agentes, los cadetes, los oficiales en actividad e inclusive para el personal penitenciario. Con su plantel de docentes absorbió la formación académica y la instrucción estrictamente policial, en la cual contrata a uniformados de San Juan o de otras provincias.