Recogen firmas en Andalucía para que hijos de inmigrantes indocumentados accedan a servicios de Educación Infantil

Sevilla,  La Plataforma contra la Violencia Institucional contra las Personas Migrantes ha iniciado un proceso de recogida de firmas en la plataforma digital 'change.org' --ya se han recabado en torno a los 500 respaldos-- con la que articulan una petición, dirigida tanto a la Consejería de Educación de la Junta como a la Dirección General de Políticas Migratorias, para asegurar el acceso efectivo de hijos de personas inmigrantes indocumentadas o en situación irregular a servicios de Educación Infantil, en referencia a guarderías, comedor escolar y actividades extraescolares.

   En el manifiesto, recogido por Europa Press, la plataforma sostiene que desde el pasado curso 2012-2013 se han producido numerosos casos de exclusión de niños cuyos padres se encontraban en situación irregular, producidos por los cambios generados en el acceso a estos servicios en toda la comunidad autónoma.
   "Las últimas modificaciones han condicionado el disfrute de las bonificaciones económicas para estas actividades a la certificación de ingresos a través de los datos registrados en Hacienda, retirando otros mecanismos que permitían en estos casos otras formas de acceso", recuerda el colectivo, que incide en que, al ser imposible por parte de estas personas aportar esta información, se han puntuado sus solicitudes como personas de altos ingresos, quedando fuera de toda ayuda.
   Precisamente, el Grupo de IULV-CA en el Parlamento de Andalucía ha elevado una pregunta a la consejera de Educación, Mar Moreno, relativa al cambio de instrucciones internas en este departamento a principios del verano de 2012 a raíz de las cuales los menores inmigrantes escolarizados en los distintos niveles educativos cuyas familias tuvieran a uno o más progenitores en situación irregular serían calificados con una puntuación de cero, con la denegación de la solicitud de beca para acceder a estos servicios complementarios, según la cuestión consultada por Europa Press.
   La incapacidad de estas familias para afrontar los costes está derivando, según los promotores de la iniciativa, en "su práctica expulsión de estos servicios, agravando su situación de vulnerabilidad y obstaculizando su derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar, aspecto fundamental para poder desarrollar estrategias de generación de ingresos en las ya precarias circunstancias en que se encuentran".
UNA "BARRERA ADMINISTRATIVA"
   Si bien hasta la fecha se había admitido la presentación por parte de estas personas de una declaración jurada de ingresos para resolver la situación, "este mecanismo ha sido eliminado, indicando como única opción la presentación de una Acreditación de Exclusión emitida por los servicios sociales, que requiere la apertura de una intervención global y continuada por parte de los equipos sociales para emitir dicho documento".
   En la práctica, critica el colectivo, la decisión de emplear este mecanismo ha supuesto "una barrera administrativa que no ha resuelto el acceso de la población, siendo numerosos los casos que quedaron excluidos en el curso anterior".
   Así, para la Plataforma contra la Violencia Institucional contra las Personas Migrantes, esta actuación supone una "discriminación" hacia esta población por parte de las políticas públicas y la "violación" del principio del interés superior del menor como parámetro prevalente en toda decisión que deba tomarse sobre un menor, independientemente de cualquier circunstancia, incluida la situación documental suya o de sus padres.
   Por todo ello, exigen que se generen los mecanismos que aseguren el acceso real de estas personas al servicio; que éstos sean publicados para el conocimiento de los colectivos y asociaciones para poder proceder a su divulgación; y que sean notificados dichos mecanismos a los centros para asegurar que no se produce discriminación en base a las normativas que regían el acceso en el curso anterior.
Firma esta petición Aquí