Reconciliación, uno de los mayores retos del posconflicto

BOGOTÁ – 7.640.180 víctimas. Ese es el número de colombianos que se han registrado ante el Estado reclamando que les garanticen sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y a la no repetición de las acciones violentas de las que fueron víctimas en este medio siglo de guerra en Colombia.

Cumplir a ese reclamo de las víctimas, y evitar los millones adicionales de víctimas que se generarían si no se acaba la guerra, es la prioridad en mente de los negociadores de los Acuerdos de Paz de la Habana a dos semanas de que se cumpla el plazo fijado por el gobierno del presidente Santos y las Farc para poner fin a la última guerra civil en el hemisferio occidental.

Aunque hay detalles claves pendientes por resolver, los negociadores ya lograron un acuerdo en cuatro de los cinco puntos en negociación, que cumplen con los estándares nacionales e internacionales en materia de  justicia, verdad y reparación y que contribuirá a pasar esta dolorosa página de la guerra.

El camino hacia la paz y futura reconciliación pasa por implementar el punto cuarto de los acuerdos, según el cual se establecerá una jurisdicción transicional para que procese todos los casos hasta hoy impunes relacionados con el conflicto armado, con estándares equivalentes entre los diferentes actores del mismo, y que cobije a civiles, guerrilleros,  paramilitares e incluso agentes del Estado involucrados en graves violaciones a los derechos humanos.

Por ejemplo, en el acuerdo se contemplan penas privativas y efectivas de la libertad y cárcel de hasta 20 años para quienes no colaboren con el esfuerzo de aclarar la larga estela de muerte y sufrimiento causado por nuestro degradado conflicto armado. Pero también penas alternativas, de carácter restaurativo, sin cárcel, de apenas 5 años para quienes sí colaboren con la verdad y la reparación. Esa diferenciación es el balance de justicia y paz que está labrando Colombia para terminar definitivamente la guerra.

Aun cuando el desafío de lograr un balance adecuado de justicia y paz es enorme, no será suficiente para construir la Colombia reconciliada que tanto anhelamos en el hemisferio. Lograr la reconciliación implica echarnos al hombro, al alma y, sobre todo, al bolsillo, la tarea de construir seguridad y justicia, instituciones estatales, bienes públicos, oportunidades de ingreso decente y legal para los colombianos que viven dispersos y básicamente sin Estado en la mitad del territorio.

Son más de 15 millones de compatriotas que necesitan un plan serio y concreto para el posconflicto y que demandan inversiones en infraestructura, educación, salud, seguridad y justicia del orden de $333 billones en los próximos 15 años.

¿De qué les sirve a esos colombianos la firma de un acuerdo en La Habana si no se materializa en la mejora de sus condiciones en la vida diaria? Para superar el ciclo de violencia, Colombia debe afrontar sus causas: la principal de ellas, la presencia diferenciada del Estado en el territorio.  Esos 15 millones de compatriotas, por ejemplo, viven en zonas donde la autoridad no la ejerce ni la Policía, ni los fiscales, ni los jueces, sino el poder intimidatorio de un fusil –en ocasiones en manos de las Farc; en otras, de las bandas criminales que surgieron tras la desmovilización de los paramilitares en la década pasada; o incluso del ELN, grupo guerrillero que se mantiene al margen de las negociaciones con el Gobierno–.

La presencia efectiva y permanente de la justicia y la seguridad pública en todo el territorio es la condición elemental para garantizar el principal anhelo de las víctimas y los colombianos más afectados por el conflicto: la no repetición de los crímenes y violaciones a sus derechos humanos. El acuerdo de La Habana, por su parte, proveerá el marco general de justicia para que se conozca la verdad y se produzca la reparación de las víctimas.

Por eso la verdadera reconciliación, y el desafío más importante que tenemos como generación, es lograr que todos los colombianos gocen de los mismos derechos, sin importar si nacen en un pueblo o en la capital. Cerrar las profundas brechas de presencia estatal, de protección de derechos, de inclusión territorial, social, económica, y política es lo que nos convertirá a los colombianos que apoyamos con algo de esperanza y escepticismo este proceso en la generación de la paz.

Sanar el dolor, castigar a los responsables, desenterrar la verdad son pasos significativos hacia la paz, pero la reconciliación sólo llegará una vez los colombianos perciban que son iguales ante la ley y que son sujetos de los mismos derechos y deberes efectivamente en todo el territorio nacional.

Debemos aprovechar nuestra experiencia sin parangón en 9 procesos de paz previos durante los últimos 30 años para construir una ruta que no repita la historia consistente en firmar la paz pero seguir la guerra. Alcanzar un acuerdo es un primer paso; materializarlo en los territorios y en la vida de los colombianos más desprotegidos, es el definitivo. Solo el cumplimiento de esa promesa básica de la democracia y del Estado de derecho nos permitirá, al fin, a todos, mirar al futuro con esperanza.

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