'Recordamos para que la sociedad no olvide'

  Hace cuatro décadas, un golpe de Estado institucionalizó la represión y dio comienzo en Uruguay a una dictadura cívico militar de doce años que utilizó la tortura sistemática para infundir miedo y mantener el control sobre la población. Silenciosas y silenciadas durante décadas, un grupo de 28 expresas políticas batalla en los tribunales una denuncia colectiva de violencia sexual durante su encierro. Lidian con recuerdos dolorosos del pasado y un sistema judicial que las revictimiza en el presente. La Marcha del Silencio cruza cada año Montevideo clamando sin palabras contra la impunidad.-Marta González Subraya la responsabilidad de todos los Estados de poner fin a la impunidad y de enjuiciar a los culpables de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, especialmente los relacionados con la violencia sexual y de otro tipo contra las mujeres y las niñas y, a este respecto, destaca la necesidad de excluir esos crímenes, siempre que sea viable, de las disposiciones de amnistía. Artículo 11 de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU Desde la desnudez forzada, el manoseo y la amenaza de violación hasta la penetración individual, en grupo, con perros o presenciar violaciones a compañeras y compañeros. No es un relato agradable de oír, pero “hay que decirlo para que todos quieran justicia con nosotras, porque esto atañe a toda la sociedad”, dice con rotundidad Beatriz Benzano, una de las 28 expresas políticas que han denunciado a una larga lista de militares por violencia sexual durante su encierro. Entre 1973 y 1985, este pequeño país de poco más de tres millones de habitantes anclado en el cono sur sufrió una dictadura como las que por esos años asolaron toda la región. El terrorismo de Estado de Uruguay torturó, asesinó, desapareció y robó niños. Pero si por algo se caracterizó fue por detentar la mayor cantidad de presos políticos en relación a su población de toda Latinoamérica. Las cárceles se convirtieron durante la dictadura uruguaya en centros de tortura en los que también se utilizó una terrible violencia sexual. “Hacían ronda con mujeres, todas desnudas y encapuchadas, y ellos con el pene pasar tocándonos, abusando, y eyacular sobre nuestros cuerpos desnudos, sobre la cara”, a Beatriz el dolor se le escapa entre las palabras pero habla tranquila, sabiendo que la verdad está de su lado. “Son crímenes de lesa humanidad porque no fueron casos aislados sino que era un plan sistemático, generalizado y masivo, una manera de destruirnos como mujeres. Los teníamos que denunciar por su gravedad en sí misma pero también por la gravedad de sus efectos, por todo el daño causado”. Beatriz regresó de un encuentro de Mujeres de Paz en Caracas en 2010 con la firme determinación de hacer la propuesta a sus compañeras. Suponía que, en mayor o menor medida, más o menos conscientes de ello, más o menos presentes en sus recuerdos, todas lo habían sufrido. En Argentina, Guatemala, Chile o Perú, ya existían denuncias específicas de violencia sexual durante la dictadura. El proceso no fue sencillo. Muchas habían trasladado esos episodios a un rincón de la memoria. Abusos silenciados durante años a las personas mas cercanas. Ni compañeros ni familiares ni terapeutas sabían, aunque podían suponer. Al salir, tuvieron que borrar esas imágenes para seguir adelante con sus vidas. Ahora recuerdan para que la sociedad no olvide. El grupo ha ido cambiando. Algunas llegaban contando entre lágrimas su experiencia y no regresaban más. Una de sus compañera empezó a sentir trastornos digestivos y hemorragias intestinales solo de pensar en la posibilidad de denunciar. “Ha sido muy doloroso revivir el dolor, volver a pasar por el corazón y también por el cuerpo. Fue terrible”. Desde que comenzaron la denuncia, dos de sus compañeras murieron. Nuestro cuerpo, botín de guerra ¿Por qué durante todos estos años pudieron relatar con detalle todo tipo de torturas pero callar éstas? La violencia sexual en el contexto de conflicto armado tiene muchos significados específicos. “Nuestros cuerpos eran un botín de guerra y el campo de batalla en los que derrotar al enemigo a través del cuerpo de sus mujeres”, apunta Beatriz. Un lugar de sensibilidad, vida y placer que se convierte en horror, dolor, humillación y vergüenza. Las vejaciones sexuales se aplicaron sobre mujeres y hombres para destruirlos… pero bajo una lógica distinta. Quienes la sufrieron no hablaron. Quienes sospechaban que ocurrió, no preguntaron. Un denso silencio arropó los años que siguieron a su tiempo en prisión. A pesar del dolor, ahora recuerdan para que la sociedad no olvide. Marisa Ruiz, de Amnistía Internacional, hace una lectura en clave de género: “Ellas eran transgresoras de sus roles. Se torturó todos aquellos órganos que tenían que servir para procrear, una función de la que las mujeres se habían apartado para dedicarse a funciones masculinas como ir a la guerrilla o militar en un partido político. A ellos los violaban como a una mujer y al afeminarlos los convertían en un objeto despreciado, subalterno y sumiso”. La historiadora cree que los hombres tardarán aun más en reconocer este tipo de torturas. Y es que si algo perseguían y consiguieron fue el mutismo individual y colectivo. Quienes la sufrieron no hablan. Quienes sospechan que ocurrió no preguntan. Un denso silencio arropó los años que siguieron a su tiempo en prisión. “En el imaginario colectivo es mucho más digna la tortura. La violencia sexual se lleva peor porque involucra otra dimensión de la subjetividad de la persona. Por eso es tan perversa. Deja a la víctima en un lugar entre reconocerse como tal y de ver dañada su integridad, su identidad y el relato de sí misma de su futuro”, explica la psicóloga Marianna Risso. Marianna es compiladora junto a Soledad González del libro “Las Laurencias. Violencia sexual y de género en el terrorismo de Estado uruguayo”. Una serie de artículos que ayudan a pensar estos sucesos desde distintos enfoques. Una carga de culpabilización moral pesa sobre esos recuerdos. “Algunas se reprenden a sí mismas por no haber resistido, por haber hecho o no hecho algo que les llevara a ser elegidas. Pero, ¿cómo resistir en esas condiciones de vulnerabilidad? Tras días de torturas, sin comer, totalmente indefensas…”, apunta Soledad. Vergüenza y culpa operan entrelazadas en las víctimas de violencia sexual. “Hay que conseguir salirse de ese lugar en el que tú no solo no tienes culpa de haber recibido la agresión sino que no tienes absolutamente ninguna responsabilidad de lo ocurrido. Deshacerse de las connotaciones sociales, sin que tu honra o tu dignidad se vayan. Solo así se va a poder llevar de otra manera”, explica Marianna. Silenciosas y silenciadas El 14 de marzo de 1985, siete de los nueve dirigentes tupamaros del Movimiento de Liberación Nacional que habían sido tomados como rehenes durante la represión contra la insurgencia salieron a dar una conferencia de prensa tras su liberación. Un acto que quedó en la memoria colectiva. Sus protagonistas tuvieron una gran relevancia en la historia política posterior, como el actual presidente José Mujica o el ministro de Defensa del país. Como ellos, once mujeres también fueron retenidas como rehenas entre 1973 y 1976. Ninguna estaba presente. Beatriz Benzano: "Hay que decirlo para que todas quieran justicia con nosotras, porque esto atañe a toda la sociedad".-Marta González “Las mujeres no fueron escuchadas en absoluto a la salida de la dictadura. Salieron de la cárcel y entraron en un mutismo total. Salieron a vivir sus vidas. Se vieron silenciosas y silenciadas. Ellas no hablaron pero nadie les preguntó. No había el menor interés en escucharlas y menos había interés en escuchar las violaciones y toda la parte desagradable”, relata Marisa Ruiz. En su libro “Rehenas. Historia oculta de once presas de la dictadura”, escribe a cuatro manos junto a Rafael Sanseviero una explicación a este mutismo tanto personal como del relato. Su teoría es que la invisibilización de las rehenas es una muestra más de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. En este sentido, mientras que los hechos masculinos que transcendieron en la creación de la memoria colectiva fueron funcionales a las elites de la postdictadura, los de las mujeres hacían cuestionar “el relato fundacional del nuevo y amnésico Uruguay”. Marisa considera que estas mujeres empezaron a hablar cuando la sociedad estuvo en disposición de escucharlas. Les costó. La primera vez que testimoniaron públicamente fue en el año 2000. “La mujer es el sujeto ignorado de esta historia, y de la Historia con mayúscula”, sentencia. Por eso, Beatriz se toma este proceso como una manera de recuperar su voz en el relato. “En general los hombres no saben… a menos que se hayan puesto en algún momento de su vida en el lugar de SU mujer o de SU esposa o de SU hermana o de SU hija violadas”. Según Beatriz, muchas veces al padre no le importaba lo que había sufrido, sino simplemente saber si había ocurrido, porque era su honor lo que estaba siendo mancillando. El proceso es largo y el sistema judicial chupa las energías como un vampiro. Pero ellas tienen claro la relevancia de llegar hasta el final. “Lo hacemos por todas las que no lo habían podido decir, por todas las que vimos morir y por todas las mujeres del mundo entero que no tienen un oído receptivo y comprensible para escuchar lo que ellas mismas sufrieron”. Uruguay, isla de impunidad 1986. Casi un año después del fin de la dictadura cívico-militar, el Estado uruguayo se saca de encima la capacidad de juzgar los crímenes cometidos desde 1973 hasta ese año. Una salida a la democracia con exclusiones. La ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado sería conocida peyorativamente como la ley de Impunidad, sostenida sobre la teoría de los dos demonios que iguala los actos cometidos por el terrorismo de Estado a la violencia de las organizaciones insurgentes. La impunidad en Uruguay es una hidra. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley que permitía, desde apenas 2011, juzgar los crímenes de la dictadura “Esto de todos fuimos víctimas de la dictadura no es cierto. La izquierda uruguaya en el poder ha tenido muchas dificultades para resolver este tema y generar un discurso porque también se sienten culpables”, explica Marianna. El referéndum de 1989 para echar para atrás la ley fracasó estrepitosamente, sobre todo en el interior del país. Elbio Ferrario, coodinador del Museo de la Memoria del Uruguay y expreso político, recuerda la desmotivación que sintieron tras la derrota en ese plebiscito. Lo que siguió fueron años de desmovilización social que coincidió con un neoliberalismo que cambió capitalismo por amnesia. Veinte años después, otra consulta popular a petición de las organizaciones sociales con ese mismo objetivo tampoco llegó a buen puerto. Corría ya el año 2009. Para Valentín Enseñat, miembro de una asociación de hijos e hijas de desaparecidos, la lucha contra la impunidad se les está haciendo muy cuesta arriba. “Los derechos básicos y humanos no se plebiscitan. El Estado tiene que garantizarlos sí o sí”, reclama mientras ceba su mate en esta fría noche de invierno austral. La llegada al poder en 2010 de un rehén de la dictadura tupamaro que sumó trece años de encarcelamiento generó expectativas de que se produjeran cambios más significativos. Hasta el día de hoy, José Mujica, de 78 años, es presidente del país por el Movimiento de Participación Popular, el partido mayoritario de la coalición izquierdista Frente Amplio. Sin embargo, todas las personas entrevistadas en este reportaje coinciden en su desilusión y consideran que este sector ha hecho una capitalización política en su discurso por haber estado presos y formar parte del proceso de negociación hacia la democracia. Estas medias tintas en su gestión de los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura han acumulado un nivel de frustración que ha movilizado mucho más a la sociedad. Durante 30 años, estas mujeres callaron hasta a sus seres más cercanos las torturas sexuales que ahora denuncian como crímenes de lesa humanidad.- Marta González En 2011, la impunidad tuvo una gran derrota con el caso Gelman. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentó un precedente e hizo que el Parlamento anulara la ley y determinara que, en consonancia con el derecho internacional, los crímenes de lesa humanidad eran imprescriptibles. De esta forma, la ley salió del panorama político y se inscribió en el judicial. Más de 80 causas fueron desarchivadas. “Uruguay tiene un interés claro en mantener una imagen libre de cuestionamientos en cuestión de políticas de derechos humanos. Fue una sentencia muy ilustrativa porque, si bien tiene que ver con un caso concreto, en sus exigencias están representadas las faltas que tienen todas las causas pendientes”, señala Marisa, de Amnistía Internacional. Pero, como ella misma apunta, la impunidad es como una hidra a la que las cabezas se le multiplican cuando creías haberlas cortado y el panorama actual en Uruguay se ha tornado de vuelta desolador. Un lugar de sensibilidad, vida y placer que se convierte en horror, dolor, humillación y vergüenza. Las vejaciones sexuales se aplicaron sobre mujeres y hombres para destruirlos… pero bajo una lógica distinta. El pasado mes de marzo, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional dos artículos de la ley de 2011 que declaraba imprescriptibles los delitos cometidos durante la dictadura. La medida establece que las causas que permanecían abiertas sin procesamientos deberán ser archivadas, debido a que prescribieron, aunque permite a los jueces seguir aplicando otras leyes para procesar a militares por esos delitos pero no como derechos humanos. Tan solo una semana antes, en una polémica decisión que generó muchos recelos, se había trasladado del juzgado penal al civil a la jueza Mariana Mota, que tenía a su cargo más de 40 causas de delitos de lesa humanidad. La jueza a cargo de la causa de violencia sexual señaló a las demandantes que sigue considerándolos crímenes de lesa humanidad, por lo que no prescriben y deben tener sanción. Pero Beatriz duda. ¿Qué ocurrirá cuando el recurso llegue hasta la Suprema Corte? Su teoría es que algunos de los jueces que trabajaron durante la dictadura se ven venir que ellos también podrían pasar al banquillo de los acusados por callar ante atrocidades como los vuelos de la muerte que sembraron de cadáveres el río que separa Uruguay de Argentina. Cada 20 de mayo desde hace 18 años, son más las personas que recorren sin mediar palabra el centro de Montevideo en la Marcha del Silencio que organizan los hijos, hijas y familiares de detenidos y desaparecidos. En la última edición, la consigna interpelaba “en mi patria no hay justicia, ¿quiénes son los responsables?” “Esta Suprema Corte parece que en lugar de querer que haya justicia en el país después de 45 años de impunidad está ayudando a escapar a los criminales de lesa humanidad: torturadores, violadores, asesinos, secuestradores….”, lamenta Beatriz. Sabe que el reloj corre en su contra. “Se van muriendo ellos y nos vamos muriendo nosotros”. Por el momento, ninguno de los militares acusados en la denuncia se ha presentado en todo el proceso aludiendo la imprescriptibilidad de los crímenes. Pero ellas están dispuestas a luchar hasta el final. “No podemos dejar eso a las generaciones venideras. Tiene que haber una sanción y lo tenemos que hacer nosotras que lo vivimos”. LA VIOLENCIA SEXUAL COMO CRÍMEN DE DERECHOS HUMANOS En la guerra y en la paz, la mujer ha sido víctima de violencia sexual y sujeto ignorado de la historia y de las leyes. Los convenios de Ginebra en 1949 y sus protocolos adicionales de 1977 lo incluyeron como atentados al pudor, no como crímenes graves. No fue hasta 1979 cuando los derechos de las mujeres se consideran derechos humanos ,a través de la Convención para eliminar todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés). En 2002, la Corte Penal Internacional cataloga a través del Estatuto de Roma que la violencia sexual es un crimen de lesa humanidad si se comete de manera sistemática o generaliza en tiempos de guerra o paz. De esta manera, lo hace imprescriptible, por lo que puede ser juzgado en cualquier momento. Antes que eso, tanto el Tribunal Penal Internacional para la exYugoslavia como el de Ruanda habían generado jurisprudencia al respecto. Artículo 7.1 (g) del Estatuto de Roma: Se considera violencia sexual y de género la violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable. Y en la definición precisa “que el autor haya realizado un acto de naturaleza sexual contra una o más personas o haya hecho que esa o esas personas realizaran un acto de naturaleza sexual por la fuerza o mediante la amenaza de la fuerza o mediante coacción, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión psicológica o el abuso de poder, contra esa o esas personas u otra persona o aprovechando un entorno de coacción o la incapacidad de esa o esas personas de dar su libre consentimiento”. UNA JUSTICIA PATRIARCAL Estas 28 expresas se expusieron a lo bonzo a contar esos episodios pocos días antes de que supuestamente prescribieran esos delitos, con la expectativa de un juicio que durante treinta años les fue prohibido. Fueron a la justicia porque esperaban justicia. Sin embargo, se toparon con un sistema que no estaba preparado para escucharlas y que las acusa. Todas ellas fueron sometidas a una pericia psiquiátrica para poder darle credibilidad a un testimonio que ya no era físicamente comprobable. Beatriz la tacha de violencia institucional, que les niega el derecho a la justicia, el derecho a la verdad y el derecho a la participación activa. Por eso, también han hecho suya la lucha para cambiar este sistema. “Una sabía que siempre fue la cenicienta de los tres poderes, que los pobres son juzgados rápido pero los que comenten otro tipo de delitos como éstos, que son los peores criminales que ha conocido el país, para esos es muy lento; a las víctimas nos ponen una serie de dificultades que tenemos que ir superando”. Para ella, la experiencia que están teniendo es de una justicia “inimaginable y paupérrima”. CAUSAS ABIERTAS CONTRA LA DICTADURA URUGUAYA “Hasta que no salga la verdad y los responsables tengan una sanción, el Estado uruguayo sigue cometiendo esos delitos de lesa humanidad”, dice Azul Cordo, del Museo de Memoria. Según datos del Observatorio Luz ibarburu, que hace seguimiento de las denuncias penales por violaciones de derechos humanos, en este momento hay 158 causas en los juzgados del país. De ellas, solo hay dos sentencias y 26 se encuentran archivadas. Tras la anulación de la ley de Caducidad en 2011, se realizaron en Uruguay jornadas de denuncias masivas. Durante años, las personas desaparecidas y los niños y niñas apropiados habían sido la prioridad. En este momento, comenzaron ha visibilizarse los delitos de tortura. Para Valentín, no deberían ser solo las organizaciones y las personas quieren interpusieran estos recursos sino que el Estado mismo debería asumir de oficio estas denuncias. “A todos los gobiernos, de izquierda y derecha, les encantaría poder cerrar el tema. A nosotros también, pero cerrarlo bien”. Por Paula Vilella  Fuente: Pikara Magazine