Ayer se publicó en el BOE y hoy entra en vigor la Ley por la que se
regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, más conocida como la
“Ley de Tasas Judiciales”, una iniciativa del Gobierno central con el objeto de
que se racionalice el ejercicio de la potestad jurisdiccional, considerando que
son adecuadas y se homogenizan con la práctica habitual en el resto de los
países de la Unión Europea.
Yo he de manifestar mi oposición a esta Ley, la considero injusta e innecesaria (y diría que roza la inconstitucionalidad). No se puede pretender mejorar la eficacia de la Administración de Justicia y la financiación del derecho a la justicia gratuita con la imposición de unas tasas que, en muchos casos, harán a mucha gente pensarse si iniciar un procedimiento judicial.
Como decía un amigo ayer en Facebook, ahora un albañil que quiera iniciar un proceso para reclamar una deuda de 6.500,00 €, por ejemplo, deberá abonar al inicio del procedimiento la tasa de 332,50 € y así tener derecho a presentar la correspondiente demanda. O si le quieres reclamar a una aseguradora, que no te abona los 2.200,00 € por los daños sufridos en un accidente de tráfico, ve preparando 331,00 € de tasa, pues si no pagas la tasa no tendrás derecho a iniciar el proceso judicial de reclamación correspondiente.
Así están las cosas. Tenemos un Gobierno que no sabe de dónde sacar dinero, y (¡qué casualidad!) solo se le ocurre gravar a los ciudadanos con subida de impuestos y tasas, que (¡qué casualidad!) afectan en su mayor parte a la clase media, a los curritos, a los que están haciendo más esfuerzos para que este País salga de la crisis.
Y también afectará al colectivo de abogados y procuradores, que verá como descienden los encargos profesionales. Esta es la gran aportación de Gallardón a la reforma de la Justicia, ahora para demandar, con el dinero por delante.
