La jueza Mercedes Alaya va a conseguir que casi todos se pongan en su contra; por un lado los socialistas, por motivos obvios y por otro lado los separatistas catalanes, por fastidiarles la cadena independentista que montaron ayer, coincidiendo con la Diada de Cataluña. (Que digo yo que podrían haber aprovechado los del Fairy la fila para intentar batir su récord de limpieza de platos). Y es que lo de la imputación de los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ha levantado un gran revuelo. Yo no voy a hablar sobre la imputación, pues desconozco el proceso judicial abierto y, además, todavía no se ha llevado a efecto la misma, ya que al tratarse de personas privilegiadas con un aforamiento por su condición de políticos, la juez Alaya ha de ponerlo en su conocimiento previamente. De lo que voy a hablar es de las responsabilidades políticas frente a las judiciales, como ya hemos comentado en otras ocasiones. Y es que una cosa son las cuentas que se deban rendir ante la Justicia y otras las que se deben rendir ante los ciudadanos, y de esto último en España tenemos un déficit importante (bueno, y de lo primero también). Porque en cualquier País con una democracia avanzada, con una sociedad civil fuerte, cualquier político imputado en un caso de corrupción dimitiría de todos sus cargos; y me limito a los casos de corrupción, no a cualquier tipo de imputación, como debería ser. Por eso Manuel Chaves y José Antonio Griñán deberían dimitir de todos sus cargos, deberían apartarse de la política y de la vida pública; igual que deberían hacer todos los políticos imputados por corrupción, sean del partido que sean, vivan donde vivan. Y la ciudadanía debería ser implacable, exigir las dimisiones y no votar a ningún partido que cuente entre sus listas con personas imputadas. Mientras tanto tendremos que seguir aguantando a imputados en las instituciones, y así se seguirá corrompiendo la democracia.
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