Ayer se hacía pública la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea que declara ilegal el conocido como ‘céntimo sanitario’ y que es un
impuesto que han aplicado casi la totalidad de comunidades autónomas para
financiar (supuestamente) la sanidad, recaudando en algunas hasta más de cuatro
céntimos de euro por cada litro de carburante que repostábamos los ciudadanos.
Según informaba el diario ‘El Mundo’, el Tribunal de Justicia argumenta
que la ley europea permite que los hidrocarburos puedan estar sujetos a
impuestos indirectos distintos del impuesto especial armonizado establecido por
dicha directiva, aunque para ello son necesarios dos requisitos que no se han
cumplido en el caso español.
Por un lado el gravamen debe perseguir una o varias finalidades
específicas y, por otro, debe respetar las normas impositivas que se aplican al
resto de impuestos especiales y del IVA en lo que respecta a su aplicación,
base imponible, liquidación y devengo.
Y es que en este caso la Justicia europea considera que España no ha
cumplido ninguno de estos dos requisitos. En primer lugar la finalidad
recaudatoria no es específica ya que ha sido creado para financiar
competencias de las Comunidades Autónomas, para lo que ya existe la actividad
fiscal ordinaria recogida en los presupuestos de cada Gobierno regional.
"El aumento de la autonomía de un ente territorial mediante el
reconocimiento de una potestad tributaria constituye un objetivo puramente
presupuestario, que no puede, por sí solo, constituir una finalidad
específica", argumenta la Corte de Luxemburgo.
También defiende que el hecho de que, en virtud de la norma nacional,
este impuesto especial esté orientado a atender gastos en materia sanitaria no
basta para considerar que tiene una finalidad específica ya que, si ese fuera
el caso, "cualquier impuesto podría considerarse que también tiene una
finalidad específica". Para considerarlo así el tributo "debería
tener por objeto, por sí mismo, garantizar la protección de la salud y del
medioambiente”.
Esto es un ejemplo más de las chapuzas de nuestros gobernantes y
demuestra las necesidades que tienen de sacar dinero de donde sea con tal de
mantener el chiringuito que tienen montando. Todo para la casta.
Así las cosas, ¿cuánto se tardará en dar cumplimiento a esta
sentencia?, porque comparado con la sentencia de la ‘Doctrina Parot’ ya van
tarde. Según parece se han recaudado unos 13 mil millones de euros que se
deberían devolver a los ciudadanos, pero ¿cómo se haría eso? Al final no nos
devolverán nada. Todo para la casta.
Revista Política
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