El Gobierno de Patxi López, con la connivencia del Partido Popular, ha decidido “meter mano” a las ayudas sociales, desmantelando lo que ha sido una política progresista, que lejos de recortes necesitaba mejoras, máxime en un contexto de crisis económica como el actual. La protección social debe ser considerada un derecho y ni se puede ni se debe jugar con ella, y menos aún con excusas tan falsas como es hacer frente al fraude en el cobre de la Renta de Garantía de Ingresos. El fraude no está en las personas que reciben ayudas de las instituciones; el fraude real está en las empresas y profesionales liberales que eluden sus obligaciones con Hacienda. Lamentablemente, el Gobierno PPSOE no lo ve así y recurre a la coartada del fraude para legitimar una política neoliberal, que fomenta la exclusión y la insolidaridad.