Referendum y estancamiento

En relación con el referéndum Monarquía-República, hace unos días en un debate de TV3 oí el comentario más acertado sobre el asunto, curiosamente por parte de un político de ERC del que todavía no sé el nombre, pero me enteraré.  Decía que si él fuese el Príncipe, y teniendo en cuenta las probabilidades de ganar el referéndum que según dicen en Madrid tendría la Monarquía, sería él mismo quien pediría el referéndum, porque al Rey Juan-Carlos lo nombró Franco, y los que votamos la Constitución no lo hicimos pensando en términos de Monarquía o República, sino en poner fin a la dictadura de Franco, y si Felipe VI accediese al trono después de un referéndum tendría toda la legitimidad que ahora se pone en duda.

Una demostración más de que en esta segunda etapa del franquismo, ya fuera de la dictadura, los franquistas no piensan, tienen la neurona atascada, en realidad le tienen un tremendo pánico a la Democracia y solo saben pegar todo lo duro que pueden, o dejar pasar el tiempo sin solucionar los problemas, a ver si mientras tanto alguien vuelve a descubrir América.

Parece que por fin el BCE se ha decidido a acabar con el estancamiento y apuesta por el crecimiento económico, aunque la decisión no parece muy firme porque en mi opinión lo están haciendo solo a medias.

La bajada de tipos de interés del 0,25 al 0,15 es ridícula y por supuesto que algún efecto va a tener sobre el sistema financiero, pero muy limitado. Los 400.000 millones inyectados en la banca, a dicho coste del 0,15% anual, con el objeto de que de una vez el crédito fluya hacia las pymes y los particulares, ojala me equivoque, pero no creo que vaya a tener el efecto que corresponde a la cifra, precisamente porque me temo que la banca no los va a invertir en su totalidad en la imprescindible y necesaria reaparición del crédito.

Las razones porque la banca no cede a pymes y particulares más créditos que los indispensables son varias. Por un lado, el regreso a los coeficientes de capital sobre total balance de 1/10, cuya anulación fue una de las principales razones del estallido de la crisis (solo en USA el promedio del coeficiente llegó a 1/26, es decir un solo dólar de fondos propios por cada 26 de inversión), pero que sería absurdo retocar cuando es una de las poquísimas antiguas normas del sistema financiero que nuestros actuales gobernantes, adictos locos al liberalismo salvaje,  se han dignado restablecer ante el evidente daño que su desaparición causó. Si a ello añadimos que, a la hora de conceder crédito, las grandes compañías sean nacionales o multinacionales tienen preferencia absoluta, entre otras razones por las muy estrechas relaciones que mantienen con la banca a nivel de accionistas y de miembros del Consejo de Administración, y todavía añadimos lo peor: desde hace tiempo la banca tiene alternativas de inversión en mercados financieros y de cambios que aunque sean especulativas les proporcionan buena rentabilidad a un riesgo que en este momento es menor que el de los préstamos a las pymes y los particulares, es fácil concluir que muy probablemente una vez los bancos han cubierto las necesidades financieras de sus grandes clientes cumpliendo su coeficiente de fondos propios, lo que queda va en su mayor parte a dichas inversiones especulativas, y lo poco que prestan a pymes y particulares lo hacen además a tipos de interés desorbitados que, aunque sea en pocos casos, pueden llegar al 10%, a años luz del interés que el banco paga a los bancos centrales, precisamente porque se trata de una inversión marginal que no interesa a la banca.

Esta situación no se soluciona solo bajando de manera ridícula el tipo básico del BCE e inyectando 400.000 millones en el sistema, sino actuando además “a la antigua”, haciendo lo que para los actuales gobernantes liberales furibundos es pecado capital: obligándoles por Ley o norma a cumplir su función social de financiación de particulares y empresas, porque para algo se trata de uno de los poquísimos sectores protegidos que quedan, que ha sido apoyado además con fondos públicos.

Tengo cada día más claro que, indudablemente con un objetivo oculto, los gobernantes de demasiados países, entre los que por supuesto se encuentran los de la U.E., los USA y todos los occidentales, decidieron en su día ir por la vía del liberalismo furibundo, sin normas y reduciendo la intervención del Estado en la Economía a la mínima expresión, aunque parezca que el mundo se hunde, y el BCE acaba de dar una buena muestra de ello: el próximo mes de Noviembre el BCE empezará a actuar con funciones más parecidas a un verdadero banco central, supervisando y legislando directamente sobre los bancos de la U.E., y resulta que nuestro eficaz gobierno al mismo tiempo promulgó una nueva Ley que ya ha superado incluso el trámite parlamentario pero que se da bofetadas con las futuras funciones del BCE, que la nueva Ley otorga al Banco de España. Uno de los conflictos es la constitución del Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Depósitos, que gestiona los fondos que garantizan los depósitos bancarios hasta un importe de 100.000 €. El conflicto se produce porque la Ley española coloca en dicho Comité a un representante del Ministerio de Hacienda y a otro del Ministerio de Economía, y el BCE dice que se opondrá no para evitar que dichos fondos puedan usarse en destinos otros que la garantía de los depósitos, sino para evitar la intervención y/o supervisión del gobierno en el FGD, es decir por una razón de puro liberalismo salvaje.

Mientras tanto el gobierno Rajoy, siguiendo la moda europea de darse cuenta que si no hacemos algo no nos vamos a mover del fondo del pozo, anunció un plan de financiación de pymes por un importe de 6.300 millones de Euros, en su mayoría en forma de préstamos de ICO. Aparte que opino que reformar muy a fondo la Administración Pública, incluyendo el liberar a las empresas de gestionar y responsabilizarse de las obligaciones fiscales y de Seguridad Social de sus empleados, para que deje de ser una carga sobre todos los sectores, haría muchísimo más por la mejora de la economía que su plan, además la Vicepresidenta Sáenz de Santamaría anunció a bombo y platillo que se van a limitar al 0,3% las comisiones que los bancos cobran a los comerciantes por la gestión de sus cobros mediante tarjeta de crédito, en una demostración más de que ante estos gobernantes españoles y europeos lo más inteligente sería largarse a toda velocidad en cualquier dirección y no parar hasta que alguien nos garantizase que los tenemos a miles de kilómetros.

Por el lado español, en primer lugar se trata de una imposición de la U.E., que nuestra Vicepresidenta vendió como una gran idea del gobierno Rajoy para incentivar el consumo y el crecimiento, que incluso si fuese verdad se trataría de una inmensa contradicción por parte de un gobierno que hace poco más de año y medio le pegó al consumo y al crecimiento una soberana paliza mediante una subida salvaje de IVA, que transforma esta insignificante rebaja en el coste de las tarjetas de crédito en un chiste malo sobre consumo y crecimiento.

Por parte de la U.E. se trata de la medida interesada de siempre, que no puedo decir a quien interesa y/o quien la promueve, pero seguro que el promotor interesado existe, y provoca que la U.E, incurra en otra inmensa contradicción, al preocuparse mucho porque los comerciantes españoles pagaban unas centésimas por ciento de más en las liquidaciones de sus tarjetas de crédito, mientras sobre el hecho que los españoles desde siempre estén pagando unas comisiones bancarias que multiplican por tres las que pagan los clientes de bancos en países civilizados del resto de Europa, ni se enteran, no hacen ni comentarios y les importa un bledo.

¡Por Dios!, que vuelvan los Spaak, Tindemans, De Gaulle, Wilson, Heath, de Valera, Kreisky, y sobre todo y muy en especial los Adenauer, Herhard, Kohl y Schmidt de Alemania.