Con motivo de la celebración el 15 de este mes del Día
Internacional de la Democracia y el Ciudadano, un H.·. realizó unas reflexiones acerca del estado de la
democracia en el Estado español. Por este motivo, la plancha lleva por título:
REFLEXIONES ACERCA DE LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA
Por definición, la democracia es una forma de organización
social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la sociedad. En
sentido estricto, la democracia es una forma de organización del Estado en la
cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos
de participación directa e indirecta que confieren legitimidad a sus representantes.
En sentido amplio, el concepto de democracia hace referencia a una forma de convivencia
social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se
establecen de acuerdo a mecanismos contractuales, esto es, por acuerdo de las
voluntades.
En este sentido, conviene tener presente que el artículo 1
de la Constitución española se dice expresamente que España es un “Estado
social y democrático de Derecho”, entendiendo por “Estado democrático” aquél en
el que los ciudadanos participan de modo más o menos directo en el gobierno del
país, y en el caso español (como en tantos otros) además lo hacen sujetos incondicionalmente
al imperio de la Ley, como “Estado de Derecho” que es. Sin embargo, y aprovechando
la celebración hoy 15 de setiembre del Día Internacional de la Democracia y la Ciudadanía,
instaurado por medio de la Resolución 62/7 de la Asamblea General de las acciones
Unidas de 8 de noviembre de 2007, parece oportuno dedicar un poco de nuestro tiempo
a preguntarnos si aquello que la teoría define con tanta pomposidad y
magnificencia se ve reflejado en nuestro día a día. La onomástica del día de
hoy proporciona una oportunidad perfecta para examinar el estado de la democracia
en el mundo y, más concretamente, en nuestra realidad más cercana.
Antes de abordar la cuestión, es importante recordar los
siguientes aspectos:
• La democracia es tanto un proceso como una meta, y sólo
con la plena participación y el apoyo de la comunidad internacional, los
órganos nacionales de gobierno, la sociedad civil y los individuos puede el
ideal de democracia tornarse en realidad para ser disfrutado por todos, en
todas partes.
• Los valores de libertad y respeto por los derechos humanos
y el principio de celebrar elecciones periódicas y genuinas mediante el
sufragio universal son elementos esenciales de la democracia. A su vez, la
democracia proporciona el medio natural para la protección y la realización
efectiva de los derechos humanos. Estos valores se han incorporado en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, por todos nosotros conocida, y
han sido elaborados aún más en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
que consagra una multitud de derechos políticos y libertades civiles en que se
basan las democracias significativas.
• El nexo entre democracia y derechos humanos figura en el
artículo 21.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece:
La voluntad de la población debe constituir la base de la autoridad de
gobierno; ello se expresará en elecciones periódicas y genuinas que serán
mediante sufragio universal y se celebrarán por voto secreto o por
procedimientos de votación libres equivalentes.
• Los derechos consagrados en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en los instrumentos de derechos
humanos posteriores que abarcan los derechos de los grupos tales como los
pueblos indígenas, las minorías, las personas con discapacidades, etc., son
igualmente esenciales para la democracia, habida cuenta de que garantizan la
distribución equitativa de la riqueza, y la igualdad y equidad con respecto al
acceso a los derechos civiles y políticos.
Partiendo de estos elementos, el análisis del estado de la
democracia en el caso español arroja resultados verdaderamente muy
preocupantes. Al respecto, parece interesante citar algunos de los principales
resultados del Informe sobre la Democracia en España de este año, elaborado por
un equipo de 134 expertos en ciencia política, sociología, derecho y economía,
bajo el título Reformular la política, y que se centra en explorar el
descontento de la ciudadanía con el funcionamiento de la democracia en el
Estado español. En su elaboración, se analizan 57 indicadores, que van desde la
rendición de cuentas a la limpieza de las instituciones. El resultado de este
análisis es que la nota media que obtiene la democracia española, según el estudio,
es de un 5,2 sobre 10, similar a la del año anterior pero un punto inferior a
la del primer informe, del año 2008. La novedad es que añaden un nuevo factor
negativo: los derechos sociales, que eran una de las fortalezas del sistema
democrático, ahora parece erigirse en una de sus mayores debilidades.
Por otra parte, se mantienen la mayor parte de las
tendencias negativas observadas en ediciones anteriores, entre las cuales cabe
destacar:
• La corrupción y la sumisión del poder político al poder
económico.
• Los derechos de los trabajadores no se han recuperado y
las garantías sanitarias tradicionalmente proporcionadas por el Estado se
desvanecen.
• La exclusión de las capas sociales más vulnerables como
resultado de la Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma del código penal y la
política de control de fronteras.
Estos resultados son coherentes con los del último barómetro
del Centro de Investigaciones Sociológicas, que incluyó preguntas específicas
sobre estos asuntos en el 2012 y concluía que de cada 10 españoles estaban poco satisfechos
con esas medidas. En este sentido, conviene señalar que es a partir de 2008
cuando el porcentaje de personas satisfechas con la calidad democrática cae
estrepitosamente, y desde entonces este indicador de satisfacción no se ha
recuperado. De hecho, el citado Informe señala que España es el país europeo en
el que más ha aumentado la insatisfacción ciudadana sobre la democracia desde
el inicio de la crisis y de una manera más abrupta, según los datos de la
Encuesta Social Europea. De este modo, la desconfianza ciudadana en las
instituciones debiera ser un factor de profunda preocupación para la clase
política española.
Más allá de la percepción de las debilidades y carencias de
la democracia española, y que quizás algunos podrían cuestionar, un hecho que
parece innegable es que la crisis económica ha venido acompañada de un notable
aumento de las desigualdades económicas y, en consecuencia, sociales. En
relación a este aspecto, el Informe sobre la Democracia en España 2015 sostiene
que la desigualdad no es solo susceptible de dañar el crecimiento económico creando
ineficiencias en la distribución de los factores y en la productividad, sino
que también tiene hondas repercusiones políticas. En concreto, los actuales
niveles de desigualdad se están haciendo intolerables para la opinión pública,
que empieza a reclamar que se respeten las reglas del contrato social para que
nadie se quede atrás. El impacto de las políticas de austeridad impuestas por
una troika ajena a la realidad cotidiana de los ciudadanos debiera hacer
recapacitar a los líderes europeos, que parecen vivir completamente en otra
realidad, pero también a una élite política española, de todo tipo de colores e
ideologías políticas, que ha repartido el esfuerzo del ajuste de forma
claramente desigual y en todo caso con una muy dudosa concepción de la
progresividad. La falta de proporcionalidad en el reparto del esfuerzo amenaza
con ahogar a buena parte de nuestra sociedad, en la línea de la metáfora del sociólogo
polaco Zygmunt Bauman para describir la desigualdad social en la era global:
Un puente no colapsa
cuando la carga que sostiene supera la fuerza promedio de sus tramos; el puente
colapsa mucho antes, cuando el peso de la carga sobrepasa la capacidad portante
de uno de sus tramos: el más débil. (…) No importa cuánta fuerza tienen en
general los tramos, las pilas y los estribos: el tramo más débil es el que
decide el destino del puente entero.
La lección que podemos extraer de esta gráfica metáfora de
Bauman se podría resumir con una frase sencilla y directa: la democracia es la
primera víctima de la desigualdad. Por lo tanto, la desigualdad económica (y
social) debiera ser, sin lugar a dudas, otra de las fuentes de profunda
preocupación de la clase política española. El reparto del esfuerzo social para
hacer frente a la crisis, el funcionamiento de las instituciones básicas del
Estado democrático y de derecho (principalmente la separación de poderes que
preconizaba Montesquieu hace un par de siglos) y la percepción de la ciudadanía
respecto de la marcha de ambos aspectos debieran ocupar una posición principal
en la agenda política en una democracia madura.
¿Podemos considerar que España es una democracia madura? ¿Puede
ser un país donde se adoptan reformas legales que llevan a amplias capas de su
población a carecer de acceso a la justicia universal y gratuita ser
considerado como una democracia madura? ¿Puede un país convivir con capas cada
vez más amplias de su sociedad pauperizadas mientras su élite política (de
todos los colores e ideologías) alumbra nuevos casos de corrupción estructural?
¿Puede un país que multa a su población por manifestarse
pacíficamente alrededor de sus cámaras legislativas, representación de la
soberanía del pueblo, ser considerado como una democracia asentada? Un país
donde sus cuerpos y fuerzas de seguridad en frontera reciben instrucción de
disparar a los inmigrantes que llegan indefensos a nado después de un naufragio
y buscando asilo, ¿es una democracia respetable?
Feliz Día de la Democracia.
Un H.·. de la R.·. L.·. Descartes
Or.·. de Barcelona, a 15 de septiembre del 6015