San Luis Potosí.-Por lo menos 60 mil personas que habitan en comunidades y colonias asentadas en mil 933 hectáreas de San Luis Potosí y Mexquitic, podrían perder su patrimonio, pues aparecieron cinco escrituras a nombre de un particular, que jurídicamente, podría desechar la documentación que poseen las familias.
Esta situación provocaría el peor conflicto en materia de propiedad, aseguró, Carlos Covarrubias Rendón, asesor jurídico de habitantes que ya iniciaron un proceso legal, para evitar el despojo.
“Un acto de ésta naturaleza implica establecer condiciones de litigios donde la tenencia de la tierra sea un factor de desestabilización en cuanto a empadronamientos, registros, traslados de dominio, programas de regularización y/o equipamiento urbano. Es inverosímil que la autoridad registral no informara de la gravedad del asunto para poder establecer un mecanismo de solución y atención”.
Y es que, indicó, recientemente comuneros detectaron que existen escrituras a nombre de un particular, en una superficie de mil 933 hectáreas, en donde viven al menos 60 mil personas, de las comunidades de Paisanos, Maravillas, Colorada, Monte Obscuro, La Unión, además de colonias como Angostura, El Tabacal, Salazares, María Cecilia y un sinfín de sectores de ambos municipios.
“El asunto no es cosa menor, pues si bien tenemos la posesión desde tiempos inmemoriales del territorio, lo cierto es que lo que está sucediendo se suma a toda una serie de actos ilegales e irregulares que se están generando por autoridades de caracter estatal, específicamente el Instituto Registral y Catastral de San Luis Potosí”.
El juicio al que se harán referencia es el número 1390/2012 que promoviera ante el Juzgado Cuarto de lo Mercantil, Sofía Paulina Tobías Garcia en contra de Maria Felix García Pardo, Iván Rene Chapa Santoyo y la Empresa Asesoría y Corretaje Inmobiliario y de Sistema S.A. de C.V. y del Instituto Registral y Catastral.
“Los folios, ya existen y ponen en riesgo la estabilidad de la tenencia de la tierra de miles de ciudadanos. Esto puede implicar enormes conflictos por la tenencia de la tierra, generar inseguridad, inestabilidad y situaciones de consecuencias muy graves para la estabilidad social del municipio”.