WASHINGTON (AP) – La Corte Suprema dice que los empleadores pueden prohibir que sus trabajadores se unan para disputar sus salarios y condiciones en el lugar de trabajo, una importante victoria para los intereses comerciales.
Los magistrados dictaminaron el lunes 5-4, con la mayoría de los miembros conservadores de la corte, que las empresas pueden obligar a los empleados a usar individualmente el arbitraje, no los tribunales, para resolver disputas.
El resultado no afecta a las personas representadas por los sindicatos, pero se estima que 25 millones de empleados trabajan bajo contratos que prohíben la acción colectiva de los empleados que desean presentar reclamos sobre algún aspecto de su empleo.
El resultado podría provocar una nueva ronda de demandas destinadas a limitar la clase o la acción colectiva para plantear denuncias de discriminación racial.
La administración Trump respaldó los negocios, revirtiendo la posición que la administración Obama tomó a favor de los empleados.
La tarea del tribunal era reconciliar las leyes federales que parecían apuntar en diferentes direcciones. Por un lado, las leyes laborales del New Deal explícitamente les daban a los trabajadores el derecho de unirse. Por otro lado, la anterior Ley Federal de Arbitraje fomenta el uso del arbitraje en lugar de los tribunales.
El juez Neil Gorsuch, escribiendo para la mayoría, dijo que los contratos son válidos según la ley de arbitraje. “Como cuestión de política, estas cuestiones son seguramente debatibles. Pero, como cuestión de derecho, la respuesta es clara”, escribió Gorsuch.
En desacuerdo con los liberales de la corte, la jueza Ruth Bader Ginsburg calificó la decisión como “gravemente errónea” y probablemente conduzca a una “gran inactividad de los estadios federales y estatales diseñados para mejorar el bienestar de los trabajadores vulnerables”. Ginsburg dijo que las quejas individuales pueden ser muy pequeñas en términos de dólares, “apenas de un tamaño que justifique el gasto de buscar reparación solo”. Ginsburg leyó un resumen de su disidencia en voz alta.
La Junta Nacional de Relaciones Laborales, rompiendo con la administración, argumentó que los contratos que requieren que los empleados renuncien a su derecho de acción colectiva entran en conflicto con las leyes laborales. Los intereses comerciales se unieron a favor de los contratos.
Los tribunales inferiores se habían dividido sobre el tema. El tribunal superior consideró tres casos: dos en los que los tribunales de apelación dictaminaron que dichos acuerdos no pueden ejecutarse y un tercero en el que el tribunal de apelaciones dijo que eran válidos.
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