Renta Básica: en la universalidad está la clave

Persisten dudas respecto a que la renta básica universal sea una adecuada solución a la pobreza y desigualdad crecientes en nuestra sociedad. Pero la realidad palpable demuestra que el empleo precario —que convierte a los trabajadores en pobres estructurales— y las ayudas condicionales —que llevan décadas aplicándose y no han conseguido erradicar la pobreza— son medidas muchísimo peores. Son, de hecho, experiencias fracasadas. Es hora de abrir la mente, comprender las nuevas realidades del trabajo y la idea de libertad real que alienta en la propuesta del ingreso garantizado.
Participar en el debate convocado por la IMF Business School sobre Renta Básica Universal (RBU) resultó muy estimulante, pese a hallarme en franca minoría en la defensa de esta idea. Porque resulta alentador comprobar que, al margen de algún cálculo extremo, al selecto elenco de economistas allí reunido el coste de instaurar un ingreso garantizado a toda la población no les parecía del todo inasumible. Una vez compensadas las prestaciones actuales redundantes con el ingreso básico, éste podría ser viable, requiriendo un 5% del PIB. Sin embargo, casi todos mis compañeros de mesa coincidieron en rechazar la RBU con la tradicional batería de objeciones de índole antropológico y moral. 

 De izquierda a derecha, Cive Pérez; J. Manuel López Zafra, economista de CUNEF; Lorenzo Dávila, director del Dpto de Investigación de IMF; Miguel Sebastián, economista y ex ministro de Industria; y Carlos Martínez, presidente de IMF.

"Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre...", reza la letra de una vieja canción de Joan Manuel Serrat. Cuyos ecos vinieron a mi fuero interno al escuchar la nutrida batería de críticas formuladas por mis doctos compañeros de debate y, sobre todo, por los rotundos resúmenes de la prensa económica que dio cuenta del evento con titulares de este tenor: Más contras que pros a la renta básica universal.
Titular que responde a una profecía autocumplida, habida cuenta de que, salvo el que suscribe, el resto de convocados a esta mesa redonda son personas cuya posición es manifiestamente contraria a la RBU. Que cuando incluso los números demuestran la viabilidad de la propuesta, la rechazan con el argumento de que desincentivaría el trabajo.
¿Trabajo? ¿Qué trabajo desincentivaría un ingreso garantizado? ¿El empleo precario, que convierte a los trabajadores en pobres a su pesar? Las grandes cifras de desempleo estructural no las ha producido la hoy inexistente RBU. ¿El empleo cualificado que las nuevas tecnologías reservarán a una minoría? Estamos, pues, cada vez más cerca del modelo que hace tiempo se ha descrito como Sociedad 20-80, en la que bastará el trabajo de alrededor del 20% de la población activa para hacerla funcionar. Esa minoría de trabajadores cualificados será suficiente para asegurar el control de las máquinas y los procesos productivos. El 80% restante de la población sólo tendrá acceso a empleos de bajísima cualificación, serviles en su mayoría, o se verá condenada al desempleo estructural. 
Es preciso que, entre todos, logremos salir de la zona de confort ideológico sobre la noción de trabajo en la que todavía sigue instalado el pensamiento convencional: trabajo como vía de dignificación del ser humano / empleo como solución política a la pobreza. Porque empleo y trabajo son categorías conceptuales radicalmente distintas. En la era de la Cuarta Revolución Industrial, cuando el actual modelo productivo ya no es capaz de ofrecer empleo digno a toda la población, está claro que habrá que garantizar la supervivencia de las personas respetando al mismo tiempo su dignidad.
La única fórmula que, hoy por hoy, satisface la doble condición de asegurar la supervivencia y la dignidad de la gente es la Renta Básica Universal. Al igual que la democracia, pese a todos sus defectos, elimina al menos los males producidos por las dictaduras, el ingreso garantizado abre ante la mayoría de la población un horizonte de libertad real frente a la opresión liberticida del totalitarismo económico.
Resulta, por tanto, llamativa la objeción a la RBU planteada por Juan Manuel López Zafra, uno de los intervinientes: “La mejor forma es darle a cada individuo la capacidad para ser responsable de su desarrollo personal. No es ético plantearnos una mayor intervención en la esfera del individuo para conseguir una corrección de un problema sin atacar la fuente de ese problema: la cada vez mayor intervención del Estado. Con la renta básica, el ciudadano se convierte en un súbdito”.
Prima facie, tal objeción presume que la RBU incrementaría el grado de intervención del Estado en la vida personal. Sugiere la sombría y distópica visión de una sociedad en la que, para recibir la RBU, todas las personas deberíamos acudir periódicamente a las ventanillas de Leviatán. Que extendería así al conjunto de la población tanto el dominio como el estigma que hoy sufren los beneficiarios de la moderna sopa de convento que con gran cicatería otorgan las administraciones no a todos los necesitados.

En efecto, desde las Leyes de Pobres (Poor Laws) inglesas del siglo XIX —con sus tenebrosos centros de internamiento forzoso de parados e indigentes (workhouses)— hasta la fecha, las ayudas condicionales a la gente en situación de necesidad sí que constituyen un factor de servidumbre y dominación por parte del Estado sobre las personas. Sometidas a grandes humillaciones durante el proceso de concesión, vigilancia y eventual castigo de infracciones al régimen de ayudas.
Pero es la propia idea de universalidad de un ingreso básico que garantice a todo el mundo el derecho a la existencia la que rompe radicalmente con esa dependencia. Aspira a incrementar el grado de libertad real eliminando la intervención vigilante y punitiva del Estado. La RBU está concebida no como una ayuda del Estado sino como fruto de un contrato social entre todos los individuos que conforman la comunidad política. Su instauración adoptaría la forma de un derecho universal, igual para todas las personas incluidas en ese ámbito. La clave liberadora radica en la universalidad: pues, a partir de ahí, los agentes estatales pierden la actual potestad discriminatoria e intervencionista sobre los individuos. Al Estado no le queda otra misión que la de asegurar la correcta distribución del rédito.
¿Somos dependientes del Estado al utilizar una carretera? A juzgar por el entusiasmo con que tirios y troyanos circulamos por ellas en nuestros vehículos habría que forzar mucho el argumentario para asegurar que el Estado controla nuestra libertad de movimiento a través de la red vial. Una carretera es una infraestructura construida a instancias del Estado y puesta a disposición de toda la población como un servicio de carácter universal que a nadie discrimina. El único control ejercido por el Estado sobre las personas concierne al respeto de las reglas de juego orientadas a la seguridad de todos los usuarios. Y en esto hay un consentimiento general del conjunto de la sociedad. 
Por cierto, no está de más señalar que, si alguna detestable intromisión existe hoy en la vida personal, ésta viene dada por las cámaras de vigilancia, tanto estatales como privadas, que monitorizan la vida diaria de las personas en carreteras y resto de espacios públicos, bancos, centros comerciales, etc. Y que un genuino espíritu liberal debería clamar por su eliminación.
Elevando la mirada encontramos otra medida de conspicuo carácter universal: el derecho al sufragio, una conquista civil irrenunciable. En el ejercicio del mismo, a nadie se le ocurriría pensar que sufre una dependencia del Estado, aunque sean agentes estatales los encargados de organizar la infraestructura electoral y velar por el buen orden de los comicios.
De la misma forma en que hoy no sería de recibo establecer alguna forma discriminatoria en el ejercicio del voto, la RBU no puede ser otra cosa que un derecho de toda la ciudadanía. Sería contradictorio que una medida que persigue erradicar la pobreza —y su cortejo de trampas asistenciales— fuera concebida con carácter exclusivo para pobres. Esa es la crucial diferencia respecto a las rentas mínimas de inserción. El miembro de una sociedad políticamente bien articulada no necesita ser “insertado” en ningún lugar, pues forma parte, por propio derecho, del cuerpo social del que emana la soberanía que legitima al Estado.
La mujer que yo quiero, no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre. Pero ella es más verdad que el pan y la tierra.  Cuando para la conquista del pan ya no cuenta ni la tierra ni el trabajo, factores de los que la mayoría social se ha visto desposeída, la renta básica universal se aproxima más a la verdad que los viejos convencionalismos socioeconómicos.