Repagar la sanidad pública

Políticos y empresarios están preparando en España la introducción del copago por la utilización de servicios sanitarios públicos, financiados hasta ahora exclusivamente a través de impuestos. Los máximos responsables de la sanidad en varias comunidades autónomas, como Cataluña, Valencia, Madrid o Asturias, se han manifestado en las últimas semanas a favor de aplicar estas medidas. Desde la Coordinadora Anti-privatización de la Sanidad Pública de Madrid (CasMadrid) aseguran que el Ministerio de Economía está estudiando la viabilidad del copago.

A falta de mayor concreción sobre el asunto, son varias las posibilidades que se barajan: Introducción de un ticket moderador -2 o 3 euros- para ser atendido por el médico de cabecera o pediatra; cobro de una tasa en Urgencias si el médico que presta asistencia considera que el motivo “no es urgente”; cobro de un porcentaje mínimo en farmacia a los pensionistas –en torno a un 10 %, como los pacientes crónicos- o en base a una escala, según el nivel de renta; o no cubrir ciertas prestaciones sanitarias (eficaces, pero de alto coste). Para recibirlas se debería pagar aparte o suscribir una póliza de seguro con una empresa privada (como actualmente la salud bucodental o la podología).

Desde distintos colectivos sanitarios se están llevando a cabo movilizaciones contra el copago. Para Angels Martínez, portavoz de Dempeus per la Salut Pública:

“Hay evidencia de que las distintas fórmulas de copago reducen sin discriminar tanto la demanda necesaria como la considerada innecesaria, y que tienden a afectar la salud y la economía de una forma sesgada: las repercusiones son más negativas para las personas con menos ingresos y las de grupos sociales más desfavorecidos”.

Esta organización ha impulsado un manifiesto, que también ha firmado la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), en el que plantea que cualquier medida que signifique una barrera económica, por pequeña que sea, que suponga un desembolso para el acceso a los servicios de salud es perjudicial, regresiva e injusta en la medida que expulsa de un sistema universal o pone trabas a su acceso precisamente a los personas con las rentas menores o mínimas.

“El pago o copago de la atención a los problemas de salud puede no ser asumible o bien representar una importante carga para las personas de los grupos más desfavorecidos. Este es un aspecto fundamental a tener en cuenta desde la perspectiva de la equidad. Las distintas formas de copago existentes o en discusión pueden generar dificultades de acceso económico que acaban determinando desigualdades sociales en salud”, se afirma en dicho documento.

Los colectivos sanitarios que están en contra de la implantación del copago entienden que los ingresos fiscales deben sostener todo el gasto sanitario actual y su desarrollo.

“Conviene una revisión a fondo tanto de nuestra fiscalidad mejorando su carácter redistributivo, como el aumentar la financiación de unos servicios de sanidad probadamente eficientes a pesar de que están por debajo de la media europea”, argumentan.

Desde CasMadrid concluyen:

“El copago consiste en volver a pagar por algo que ya hemos pagado y se pretende justificar a través de un bombardeo de falsos mensajes que nos dicen que “el sistema es insostenible” debido al incremento del gasto y a una supuesta sobreutilización de los servicios, ocultando que España dedica mucho menos dinero que la media de la Unión Europea para la Sanidad Pública”.

Éste es el texto original que mandé a la publicación médica British Medical Journal (BMJ), de la que como saben soy corresponsal in Spain. A quienes tengan curiosidad por leer la información en inglés les adjunto cómo se ha publicado:

Published 8 June 2010, doi:10.1136/bmj.c3063
Cite this as:BMJ 2010;340:c3063

News

Spain considers charging for health care to help plug its financial deficit

Miguel Jara

¹Madrid

The Spanish government is considering introducing a fee pervisit for publicly funded healthcare services in a bid to helpplug the hole in its finances.

Health authorities in various autonomous regions like Catalonia,Valencia, Madrid, or Asturias, have backed this approach inthe past few weeks, despite widespread opposition.

The campaign group, the Madrid Network Against Privatisationof Public Health Care (CAS Madrid), states that the treasuryis studying the feasibility of implementing a fee per visitsystem.

The various options under consideration, it says, include charging2 top>financial penalty for anyone requesting emergency services fornon-urgent care, in the view of the attending doctor.

Other options include requiring pensioners to pay a proportionof the overall cost of drugsaround 10% for those with long termconditions, or on a sliding scale, depending on income—andsimply not providing certain expensive services for free, forcingpatients to either pay for them privately or to take out insurancecover.

“There is evidence that a fee per visit reduces both necessaryas well as unnecessary visits, and it is indiscriminate: therepercussions are worse for those who have lower incomes andfor marginalised groups,” commented Angels Martínez,spokesperson for Dempeus per la Salut Pública [StandingUp for Public Health Care].

The organisation has published a joint manifesto with the SpanishFederation for the Defence of Public Health Care (FADSP). Thissays that any initiative which creates an economic barrier,no matter how small, to accessing services, is damaging, backwards,and unjust, because it undermines the principle of universalhealth care and disproportionately affects those on low incomes.

“A fee per visit for health services may not be affordable forthe poorest. This is a fundamental issue. The various fee-per-visitoptions being discussed can create economic barriers which generatesocial inequalities in health,” says the manifesto.

Opponents of the fee per visit system feel that public moneyshould fund all healthcare services, now and in the future.“There needs to be a review of the taxation system in orderto improve how funds are distributed, such as increasing thefinancing of some health care services which are efficient,”they say.

Antonio Gómez of CAS Madrid concludes that: “Fee pervisit means that we, the citizens, will have to pay twice. Thegovernment is trying to justify this in an avalanche of propaganda,which says that “the system is unsustainable” because of risingcosts and increasing demand for services, while they hide thefact that Spain spends less on health care than the EuropeanUnion average.”

Cite this as:BMJ2010;340:c3063