Represaliados republicanos versus torturadores franquistas.


La jueza argentina, María Servini de Cubría,  libra una orden de busca y captura contra cuatro antiguos miembros de las fuerzas de seguridad españolas. Maria Servini de Cubría, que instruye en su juzgado de Buenos Aires la causa por crímenes de la dictadura franquista, dictó el mes pasado una orden de detención calificada de histórica. La jueza lo hizo vía Interpol y apunta a cuatro presuntos torturadores franquistas entre los que figura Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño. Se trata de uno de los más temidos policías del régimen por sus brutales métodos con los detenidos. Junto a él, la jueza cursó la orden internacional de detención contra  otros dos policías franquistas que formaban parte de la Brigada PolíticoSocial: José Ignacio Giralte González y Celso Galván Abascal, y contra el guardia civil, Jesús Muñecas Aguilar. Cuatro personas que tendrán que declarar ante la jueza argentina si ésta logra diluir las pesadillas y trabas que le tiene la administración de justicia hispana. Los denunciantes, en este caso, forman parte de una generación que, en los años sesenta, no dudó en aplicar la persecución, la tortura y la cárcel. Desde el juzgado argentino se libra un exhorto para que el Gobierno de España colabore con esta diligencia. “En el transcurso de la causa –escribió la periodista Aurora Moya en El Plural.com–, los antecedentes de la actuación del Gobierno español hacen suponer a los componentes de la red AQUA que impulsa la querella muy poca colaboración en este tema. No hay que olvidar que las videoconferencias solicitadas por la jueza que debían realizarse en el consulado argentino en Madrid fueron interrumpidas cuando el Ministerio de Exteriores planteó una ‘queja’ al argentino. Ahora bien, si los cuatro imputados quieren viajar a otro país, corren el riesgo de que Interpol les detenga como ya ocurrió en el caso de Pinochet cuya orden de detención dictó el juez Baltasar Garzón”. La querella argentina constituye un sólido eslabón en la larga lucha por conseguir la verdad, la justicia y la reparación. Para su éxito, es condición necesaria que sea promovida y apoyada por un vasto movimiento social. Con este objetivo se constituyó en Madrid, el 21 de junio de 2012, la “Red Ciudadana de apoyo a la Querella Argentinacontra los crímenes de franquismo” o la  conocida “CeAQUA” (Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo)

En la primavera del año 2010, un grupo de represaliadas y represaliados políticos del franquismo inicia una reflexión sobre la necesidad de constituir una asociación que llenase el hueco que existía en España dentro del movimiento por la memoria histórica iniciado anteriormente. No se trataba de apelar al victimismo, pero sí de defender el papel de las luchas sociales y políticas que, durante 20 años (entre mediados de los 50 y mediados de los 70), fueron determinantes para el final de la dictadura. Los pactos de la Transiciónimpusieron un manto de silencio sobre la naturaleza del franquismo y sus crímenes que, en primer lugar, perseguía dotar de impunidad a sus perpetradores. Como efecto colateral, este pacto exigió también ignorar la resistencia antifranquista y a sus víctimas. Reconocer la existencia de éstas hubiera implicado identificar a los responsables de los crímenes, a los que el sistema encubría. Las víctimas fueron olvidadas. “Y, en los últimos años, asistimos a una larvada relectura del franquismo mediante su banalización, cuando no su embellecimiento, por parte de epígonos mediáticos e historiadores supuestamente respetables, cuya mayor y más costosa obra es el reciente Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia, realizado con el objetivo de fijar como definitivo el relato que conviene a sus intereses”. Pero, poco a poco, y cada vez con más fuerza, las represaliadas y represaliados vivos se han hecho presentes, dando testimonio directo de aquellos crímenes (detenciones, multas, torturas, cárcel, asesinatos, exilio, falta de libertad, censura…). “Formamos parte –claman los mismos– de la generación que, desde los años 60, se enfrentó a la dictadura, y por ello sufrió tortura, cárcel, exilio, clandestinidad y el más diverso tipo de represalias. Nuestro testimonio tiene el valor del documento histórico, y tenemos la obligación de transmitirlo ahora por la dignidad de nuestra memoria y en defensa de todo aquello por lo que siempre hemos luchado…”.

Más de 40 juristas alzaron su voz contra el genocidio franquista. Cristina Almeida, José Luis Pitarch, Joan Garcés… son algunos de los nombres que componen la lista inicial del comité jurídico, encargado de elaborar la iniciativa legislativa popular de “Verdad, Justicia y Reparación” para las víctimas de la dictadura. Distintas asociaciones de memoria histórica y derechos humanos han impulsado una iniciativa popular para resarcir a las víctimas del franquismo. Los pactos de la Transición impusieron un manto de silencio sobre la naturaleza del franquismo. La abogada, Virginia Díaz, vicepresidente de la Asociación Foropor la Memoria, en notas sobre la sentencia del TS del 27/02/2012, relativa a los crímenes del franquismo, declara que la Leyde Amnistía de 1977 no es un instrumento que pueda ser utilizado por los Tribunales para impedir investigaciones de delitos contra la humanidad y que, conforme a lo que ya se ha expuesto, existen indicios suficientes dentro del procedimiento abierto ante la Audiencia Nacional que no valora, ni tiene en cuenta la sentencia para que sólo así puedan ser calificados los crímenes cometidos durante el franquismo. “Por lo tanto, las víctimas, las asociaciones y organismos internacionales de derechos humanos, no acuden a los tribunales sólo en busca de la verdad. Acudimos a ellos porque sólo en sede judicial y sólo a través de la intervención de los tribunales y de la aplicación de las leyes penales en materia de derechos humanos, podemos llegar al resarcimiento de las víctimas, a levantar el manto de la impunidad y a conseguir los tres objetivos que cualquier país civilizado debe anteponer para completar su sistema democrático de valores y derechos: la justicia, la verdad y la reparación. Esta sentencia es un nuevo retroceso en el avance y consecución de la defensa de los derechos humanos”.
 Jesús Rodríguez Barrio, miembro de La Comuna. El 14 de abril de este año, la Comuna (grupo formado por la generación que, desde los años 60 se enfrentó a la dictadura, y por ello sufrió tortura, cárcel, exilio, clandestinidad y el más diverso tipo de represalias, luchando siempre contra la impunidad),montaba un homenaje en Madrid a los republicanos asesinados por el fascismo. Fue en el cementerio de La Almudena, en donde Jesús Rodríguez Barrio, miembro de La Comuna, recordaba los escritos de Max Aub: “Estos que ves ahora, deshechos, maltrechos, furiosos, aplanados, sin afeitar, sin lavar, cochinos, sucios, cansados, mordiéndose, hechos un asco, destrozados, son, sin embargo, no lo olvides hijo, no lo olvides nunca, pase lo que pase, son…..lo mejor de España, los únicos que, de verdad, se han alzado, sin nada, con sus manos, contra el fascismo, contra los militares, contra los poderosos, por la sola justicia; cada uno a su modo, a su manera, como han podido, sin que les importara su comodidad, su familia, su dinero. Estos que ves, españoles rotos, derrotados, hacinados, heridos, soñolientos, medio muertos, esperanzados todavía en escapar, son, no lo olvides, lo mejor del mundo. No es hermoso. Pero es lo mejor del mundo. No lo olvides nunca, hijo, no lo olvides…”  Estas palabras que Max Aub, en “El campo de los almendros”, dedicó a los republicanos derrotados, sonaron aún más poderosas en la voz del actor Álvaro de Luna, quien las pronunció en el Homenaje Republicano. “Allí estuvieron –recuerda Rodrígue Barrio– personas comprometidas con la justicia y los derechos humanos (entre ellos, el magistrado Martín Pallín). Hubo artistas que nos regalaron emotivas canciones. Y hablaron también los descendientes de las víctimas. Hubo, también, otros poemas… Pero cuando abandoné el acto, un poco antes de su conclusión para poder asistir a la manifestación republicana, las palabras escritas por Aub y pronunciadas por Álvaro, resonaban todavía en mi cabeza como un trueno. Jamás unos derrotados, unos perdedores, habrán recibido mejores palabras. Nunca unos vencidos habrán recibido mayor honor. Los asesinados por el fascismo, por defender la libertad y la justicia, durante la guerra, después de la guerra y durante los 40 años de dictadura. Los que sufrieron cárcel, exilio y fueron humillados, aplastados y reducidos a la nada… por levantar la cabeza y resistir contra el franquismo, recibieron un 14 de abril más poderoso que nunca, el homenaje emocionado de los que piensan, de los que seguimos pensando, que son lo mejor del mundo…”.
Observaciones preliminares del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU al concluir su visita a España.
Durante la última semana de septiembre, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas de Naciones Unidas, visitaba España y se reunía con distintas autoridades y con asociaciones de víctimas del franquismo. El objetivo de su visita era examinar las principales iniciativas y políticas emprendidas por el Estado español sobre cuestiones relativas con las desapariciones forzadas o involuntarias, en particular, los aspectos concernientes a la justicia, la verdad, la reparación y la memoria para las víctimas de estos crímenes. En su primer informe, constataron que, en España, no se tiene en cuenta “el carácter de delito de lesa humanidad” en el caso de las desapariciones cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura. “Esta interpretación es contraria a las obligaciones internacionales de España y se recomienda su modificación”, reza el texto que dejaron. Instan “al Estado español a juzgar las desapariciones forzadas a la luz de estas obligaciones internacionales y a establecer legislativamente la imprescriptibilidad de las desapariciones forzadas o la determinación de que la prescripción solo puede comenzar a computarse a partir del cese de la desaparición forzada”. Asimismo, constatan que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2009 “restringió de manera considerable la competencia de los tribunales españoles y la aplicación del principio de jurisdicción universal”, en contraste con la legislación anterior. Por ello, el grupo de trabajo llama a los tribunales españoles a asegurar que aquella reforma de 2009 “no obstaculice el ejercicio de su jurisdicción universal sobre actos de desaparición forzada”. Anima a España a ratificar la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad y a incluir en el nuevo Código Penal como delito autónomo la “desaparición forzada”. Para los expertos de la ONU, la avanzada edad de muchos de los familiares y testigos que vieron por última vez con vida a personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura hace necesario que el Estado actúe con “urgencia y celeridad” en esta materia. Pero, a la hora de aplicar las recomendaciones en España, todo queda en papel mojado. 
Por el contrario, la querella presentada en la Argentina comienza a moverse. José María Galante, de La Comuna, declara ante la jueza en Buenos Aires para aportar su testimonio. Su relato de cuando tenía 21 años pone los pelos de punta por la brutalidad y el ensañamiento. Palizas salvajes, la cabeza sumergida en agua nauseabunda hasta casi ahogarle, el tormento de la barra, colgado por las rodillas y golpeado desnudo en las partes más vulnerables. "Desde entonces no puedo moverme como antes…". Galante lo relata así a ELPLURAL.COM: "Mi primera detención, bajo la acusación de ‘actividades subversivas’, se produce el 5 de octubre de 1969, a la una de la madrugada, en mi casa familiar. Me detienen dos miembros de la Brigada Político Social (BPS) llamados Celso Galván y otro apodado "El Gitano". Al entrar en la Dirección General de Seguridad (DGS), me hacen el pasillo, obligándome a pasar entre dos filas de agentes de la BPS y funcionarios de la Policía Armada que me golpean con porras, vergajos, me dan patadas, puñetazos… Después me fichan y encierran en una celda". En su denuncia, como en la de otros querellantes, aparecen nombres comunes de policías como el "comisario Conesa, y Billy el Niño", señalados como especialmente sanguinarios. Los querellantes aportan listas de torturadores, de jueces y de militares que compusieron tribunales y consejos de guerra. Los testimonios de otros querellantes son tan espeluznantes o aún más que el de Galante. También por las torturas a Galante en 1969, está imputado Celso Galván a quien también señala Acacio Puig Mediavilla, arrestado en 1973 y conducido a los calabozos de la DGS, donde denuncia que sufrió todo tipo de vejaciones y malos tratos. El ex guardia civil, Muñecas, está imputado por las torturas que sufrió Andoni Arrizabalada Basterrechea, en 1968, en el cuartel de la Guardia Civil de Zarautz. Hoy, dicen sus víctimas, recibe la pensión máxima de jubilación por sus servicios prestados al Estado como guardia civil. Fue además uno de los militares golpistas el 23-F, aquel que anunció los diputados la "próxima" llegada de la "autoridad, militar, por supuesto" y dirigió el grupo armado que tuvo a su cargo la vigilancia de las puertas del Parlamento.
Francisco Lobatón explica su caso a Wyoming, en El Intermedio. En 1974, un juzgado de Madrid condena al estudiante Francisco Lobatón por una falta de malos tratos y otra de coacciones. Trabajaba entonces de cartero y estudiaba Ciencias Políticas. El periodista cuenta que iba a una asamblea de profesores para apoyar el movimiento estudiantil del que era militante activo. En la entrada se les identificó, se descubrió que él no era profesor y “recibí una pistola en la cabeza. Recuerdo aquel toque frío. Ese fue el encuentro”. En ese momento, Lobatón se encontró con una fuerza especial al haber sido elegido por sus compañeros para apoyar una causa en la asamblea de profesores. “Tuve la inconsciencia -explica hoy– de intentar zafarme de los que me detenían por lo cual fui acusado de desórdenes públicos y atentado a la fuerza pública”. La asamblea se situaba en la parte alta de la facultad. Le bajaron a su clase, lugar donde “empezaron los golpes”. “Billy el Niño se hizo cargo y luego me acompañó amablemente hasta la dirección general de seguridad”. Paco Lobatón comenta que cuando le detuvieron reaccionó como pudo pero, una vez que le metieron en el coche policial, “te sobrecoge y más si el individuo que hay detrás, al pasar por el Parque del Oeste, le decía al conductor ‘para, para, que a este le vamos a liquidar aquí mismo’. Billy el Niño sacó una porra extensible regalada por sus amigos nazis italianos y la empezó a aplicar sobre mi pecho y me golpeó incesantemente hasta llegar a Sol”. Consiguió que el médico le levantara un atestado donde aparecieron lesiones por las que ‘Billy el Niño’ fue convocado a juicio. “Algo inaudito”, explica. Le condenaron a un día sin empleo y sueldo. Lobatón asegura que recibió golpes “pero no fue tortura”. Habla del caso de un amigo, Miguel Ángel Gómez Álvarez, que estuvo detenido durante siete días y al que se le practicó la tortura “en distintos formatos”. “Tuvo que pasar un mes entero en enfermería. Y no pudo andar hasta un mes después”. Su delito era ser estudiante que luchaba por sus libertades. A Lobatón le condenaron a cinco años y medio “por asistir a una reunión”, por los desórdenes públicos, asociación ilícita etcétera… Después de pasar por la cárcel de Carabanchel, decidió marcharse y exiliarse en Ginebra.

En una decisión sin precedentes, la jueza María Servini de Cubría pide, a través de la Interpol, la extradición de altos funcionario policiales y de la Guardia Civil en la causa abierta en Argentina para juzgar los crímenes del franquismo. Los cuatro exfuncionarios mencionados al principio pasan a ser imputados y deben ser extraditados. A tal fin, magistratura argentina cursa a las autoridades españolas la orden de detención. El texto puntualiza que se deberá comunicar “el arresto preventivo de los nombrados con fines de extradición a efectos de recibir declaración indagatoria a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)”. En marzo de este año, los abogados solicitan por escrito a la jueza que emita órdenes de captura internacional contra nueve responsables del régimen franquista: tres ex ministros, José Utrera Molina (suegro del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón), Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez; y dos ex jueces, además de los cuatro exfuncionarios de seguridad que ahora han pasado a estar procesados en la causa. La magistrada decide proceder contra estos últimos. Juan Antonio González Pacheco, alias “Billy el Niño”, es considerado como uno de los mayores torturadores del régimen franquista. Tiene un amplio dossier de diligencias judiciales por presuntas torturas en los últimos años del franquismo. Su nombre llega a aparecer hasta en 17 querellas, presentadas en Argentina, unido de manera indisoluble al delito de tortura. En 1974, llegó a ser condenado, junto a otros tres policías, por el Juzgado Municipal número 19 de Madrid, a pagar 1.000 pesetas por una falta de malos tratos y otra de coacciones al estudiante Francisco Lobatón. Un año antes, en 1973, ya había sido condenado por otra falta de lesiones interpuesta por Enrique Aguilar Benítez de Lugo. El policía, con un amplio dossier judicial por presuntas torturas, fue absuelto por la Leyde Amnistía de 1977. También prestó declaración ante la Audiencia Nacionalpor su presunta relación con los asesinos de los abogados de Atocha y por los grupos antiterroristas paramilitares Antiterrorismo ETA y Batallón Vasco Español, autores de varios asesinatos durante la Transición. El 1 de julio de 1977, el Ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, le condecoraba con la Medallade Plata al Mérito Policial y se le organizó una cena homenaje “como desagravio a la persecución de la que es objeto por parte de algunos medios de comunicación”. En 1985, González Pacheco aparece como jefe de seguridadde la empresa automovilística Talbot, en Madrid, donde también trabaja en diversas empresas de seguridad. En 2011, según la documentación previa a la demanda de la Red Aqua, figura como jefe de tráfico de la empresa Loomis. 
Celso Galván Abascal, exescolta de Franco y de la Casa Real, fue acusado por el asesinato del estudiante, Enrique Ruano, el 17 de enero de 1996, cuando era inspector de la Brigada Político-Socialdel franquismo. La Sección Segunda de la Audiencia Provincialdecidió su absolución por “falta de pruebas”, si bien indicaba el propio auto que no es posible admitir sin dudas razonables la versión oficial del suicidio por parte del estudiante. El tercero de los perseguidos por la Interpol es Jesús Muñecas, actualmente, propietario de un centro de equitación en Valdemoro. Recibe la pensión máxima de jubilación por sus servicios prestados al Estado a lo largo de su dilatada trayectoria como guardia civil. Su nombre no pasó a la historia, como el de Tejero, pero sí su intervención en el 23-F, al anunciar a los diputados la “próxima” llegada de la “autoridad, militar, por supuesto”. Durante el secuestro de los diputados en el hemiciclo, él mismo se ocupó de dirigir el grupo armado que tuvo a su cargo la vigilancia de las puertas del Parlamento. Previamente, había sido denunciado en varias ocasiones por delitos de torturas en la Comandancia de Zarautz y en la Comandancia de la Guardia Civil de Tolosa, dependiente de la de San Sebastián. Por ninguna de ellas fue condenado. Sí lo fue tras el 23-F por “delito consumado de rebelión militar”por el que es condenado a tres años y seis meses de prisión. Salió en libertad en octubre de 1984, tras cumplir las tres cuartas partes de la condena y obtener setenta y cuatro días de reducción por trabajos realizados. El cuanto a José Ignacio Girante González, fue miembro destacado de la Brigada PolíticoSocial hasta su disolución y, posteriormente, fue comisario del Cuerpo Nacional de Policía. En su trayectoria como policía del régimen siguió un camino similar al de Billy el Niño. Su nombre aparece en, al menos, cuatro de las querellas presentadas en Argentina, asociado a torturas a miembros del movimiento estudiantil del tardofranquismo.
Las palizas de Billy el Niño. El exinspector dejó una huella imborrable en decenas de sus víctimas. Lo cuenta José María Irujo en “El País” del pasado domingo. “Se empeñó en que centenares de estudiantes que pasaron por sus manos en la siniestra primera planta de la Dirección General de Seguridad, en Madrid, no le olvidaran. Y lo ha conseguido. Una legión de sus víctimas reaparecen ahora con testimonios espeluznantes, todos diferentes, pero con un siniestro nexo común: el inspector que les torturó era un violento histriónico que gozaba con el dolor que les infligió. Treinta y siete años después de la disolución de la Brigada Político Social –policía política del franquismo–, la memoria de estas víctimas perturba la paz del exinspector de 67 años, flaco como un espárrago, que pasea por el centro de Madrid con sus zapatos clásicos embotado en impecables trajes con pañuelo y camisas de gemelos y corbata a juego. Billy toma el aperitivo en Lucio y se reúne a cenar con viejos colegas de la policía para recordar sus hazañas contra el FRAP, GRAPO y ETA… José Luiz Uriz, de 64 años, ex parlamentario socialista navarro, pensó que iba a morir en sus manos: “Situado justo detrás de mí, me daba fuertes golpes en la nuca mientras otro de sus compañeros decía: ‘Ten cuidado que se te va a ir la mano otra vez y te lo vas a cargar’. Y él respondía: ‘No importa, hacemos como con Ruano [estudiante muerto durante la dictadura], lo tiramos por la ventana y decimos que se quería escapar”… La pistola de González Pacheco estuvo muy cerca de la cabeza de muchos estudiantes, en su mayoría jóvenes comunistas a los que, en los años setenta, se detenía por asociación ilegal. Jesús Rodríguez Barrios, de 59 años, entonces militante de LCR y ahora profesor de Macroeconomía en la UNED, la tuvo a escasos centímetros de su sien y escuchó el sonido de sus balas. Billy le esperaba en la puerta de su casa y, cuando huyó, le dio el alto a golpe de disparos. “Me interrogó tres veces. Una vez sacó su arma, me encañonó y me dijo: ‘Si te pego un tiro no pasa nada’. Era muy chulo, un exhibicionista que torturaba por placer. Su apodo viene porque era de gatillo fácil y hacía ostentación de su arma”… Entró en la brigada antiterrorista a las órdenes de Roberto Conesa y acabó su carrera en la policía judicial. “Era uno de sus niños bonitos”, recuerda un comisario. En 1982 pasó a la situación de excedencia para trabajar como jefe de seguridad de Renault. “Discute con todo el mundo. Se ha vuelto más visceral y exaltado”, asegura uno de sus excompañeros. 
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, citará a declarar al exguardia civil, Jesús Muñecas y al exinspector José Antonio González Pacheco, tras confirmar, según fuentes jurídicas, que los otros dos reclamados por la juez, María Servini de Cubría, han muerto. Las Fuerzas de Seguridad han comunicado al juez Ruz que tanto Billy El Niñocomo Muñecas están localizados en sus domicilios. El magistrado les citará a declarar una vez que Argentina remita formalmente la petición de extradición cursada para ellos. No obstante, la Fiscalíade la Audiencia Nacional informó en un escrito al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de que las detenciones de estos ex altos funcionarios de la Policíay de la Guardia Civil“no son necesarias, habida cuenta la antigüedad de los hechos”. Según aclara el Ministerio Público, las órdenes internacionales de detención dictadas por la magistrada provocarían “una causa de denegación” de la solicitud debido a que, en ellas, “no constan datos de tiempo y lugar de su comisión”. La Fiscalía recuerda que el Convenio Bilateral sobre Extradición y Asistencia Judicial España-Argentina exige “un relato de hechos y circunstancias precisas de tiempo y lugar de comisión del delito” que no consta en las órdenes emitidas. La juez Servini acusó a los cuatro de delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad calificada por la aplicación de torturas y sustracción de menores.
Garzón, Grandes, Torres, Gálvez y Chamizo, en la presentación de Convocatoria Cívica.
El exjuez de la Audiencia Nacionaldisparaba el pasado miércoles contra los privilegios de la Iglesia. Así lo contaba Olivia Carballar y Fabiola Navas, desde Sevilla: “Aquí no habrá un Estado laico hasta que deje de darse religión en las escuelas públicas”. Y arremetía contra la corrupción: ‘Es una vergüenza que se esté juzgando ahora a Carlos Fabra, que el presidente del Gobierno no aclare en el Parlamento su relación con Gürtel, que prescriban delitos como en los ERE’. Disparó contra el despilfarro de dinero público de los políticos: ‘Me encontré al ministro Soria, en Buenos Aires, haciendo jogging. Me ha encantado que no se celebren aquí los Juegos Olímpicos’. No dejó de disparar contra el Constitucional: ‘¿Cómo es posible que el presidente del TC sea o haya sido militante de un partido?’. Contra la falta de transparencia y otras cosas de la Casa del Rey. Se preguntó cual es la marca de España, y por el Caso Noos. Disparó contra los recortes del Gobierno: ‘Es una obligación democrática que la ley Wert no llegue a promulgarse’. Y disparó, contra aquellos que dispararon a las 150.000 personas que aguardan aún la justicia en las cunetas: ‘Hay que repetirlo: 150.000. Que la ONU haya tenido que venir a decirnos que no cumplimos con las directrices internacionales es vergonzoso. La justicia en este país, deja mucho que desear. El gran error es pasar página sin haberla leído’. El Garzón más rojo, más radical, disparó sin nada en un discurso en el que sólo dejó viva a la gente. ‘Esa gente que lo está pasando mal, la gente que no puede pagar el ‘puto autobús’ para seguir estudiando, como denunció el catedrático de Economía, Juan Torres, recordando una reciente experiencia vivida por Concha Caballero. La gente que no se atreve a protestar y a gritar que trabaja como un esclavo porque tiene miedo, lamentó el exdefensor del pueblo andaluz José Chamizo. La gente, como afirmó la escritora Almudena Grandes, que tiene que invadir la democracia y las instituciones. O esa otra a la que se le está esquilmando el derecho a la información, que expuso el periodista Juan José Téllez. La gente que sigue estando discriminada: ‘Nosotras, las mujeres, necesitamos más democracia’, concluyó la catedrática Lina Gálvez. En resumen: el acto Convocatoria Cívica, que ya fue presentado, en Madrid, el pasado julio, fue una reivindicación de la gente. Nace como una unión entre ciudadanos para intentar que los políticos asuman las propuestas de la calle. No son ni serán un partido político, repiten. ‘Se trata de una iniciativa contra la indiferencia y que brota de la indignación’, afirmó Garzón en su primera intervención pública en España después de que la justicia argentina pidiese la extradición de cuatro altos funcionarios franquistas. El exmagistrado abogó por que los problemas que afectan a los ciudadanos ‘no se resuelvan a puerta cerrada y como paquetes que se ofertan en un supermercado, donde los tomas o los dejas’ ”. El comisario A. Lozano Márquez recibe un premio en manos de la alcaldesa socialista, Gemma Arajo.El pasado 26 de abril tuvo lugar en la ciudad de La Línea de la Concepción una reunión de la junta de portavoces de los grupos políticos que conforman la Corporación Municipal, donde el equipo municipal de gobierno, formado por PSOE y PA, propuso al resto de grupos la concesión de la Medalla al Mérito a Ángel Lozano Márquez, comisario del Cuerpo Nacional de Policía, al estar próxima su jubilación. Y el 11 de junio, todos los grupos del ayuntamiento premiaban al comisario por “los méritos más relevantes en su merecida jubilación”. De esta manera, la alcaldesa reconocía ser una población agradecida. “En distintas ocasiones –indicó la alcaldesa socialista, María Gemma Araujo– hemos entregado con todo orgullo títulos meritorios de nuestra ciudad a personas que, a título particular, han contribuido en su socorro, beneficio, mejoras o a elevar el nombre a otros estamentos por sus méritos profesionales o personales. Hoy hacemos lo propio pero añadiendo una particularidad que nunca antes se había dado, porque, si bien la Medallaal Mérito por la Ciudadtiene como merecedor a Ángel Lozano Márquez por su trayectoria como destacado comisario del Cuerpo Nacional de Policía en su ciudad, a nadie se le escapa que, por extensión, también se reconoce en este acto el trabajo que todos los funcionarios policiales han venido efectuando por la seguridad de los linenses”. Y Gemma Araujo señaló que el pase a la jubilación de Ángel Lozano quien había contribuido a la reducción en un 23,4% del total de delitos y faltas en el municipio durante el primer semestre del año en curso así como al esclarecimientos de delitos y faltas, datos muy altos y claramente satisfactorios en comparación con otras poblaciones”. Tras la entrega de la medalla tomó la palabra el homenajeado, en un recorrido desde su infancia y dejando claro que, desde esos años jamás, vislumbraba llegar profesionalmente a estar a cargo de la comisaría linense. Tuvo palabras también de solidaridad hacia su pueblo, exigiendo una justicia social por la situación geográfica que tiene la población y por la necesidad de ayuda que merece desde otros estamentos. El acto acabó con la emoción lógica reflejada, significando un "¡Viva La Línea!" 
José Ortega Ortega, vecino de Algeciras de 69 años, militante del PCE desde 1963 y concejal en el primer ayuntamiento democrático de San Roque, entre 1979 y 1983, no sale de su asombro y de su indignación desde que, a finales de junio pasado, leyera la noticia. A José Ortega –recuerda Andaluces.es (periódico digital de ideas y noticas) –le vinieron de golpe recuerdos muy dolorosos: su detención en abril de 1975, su estancia durante tres días en la comisaría de La Línea, las torturas y malos tratos allí sufridos y su entrada en la cárcel de Algeciras, de donde no salió hasta ocho meses después, pasada la muerte de Franco. “Yo he sido albañil toda mi vida. Recuerdo muy bien que el día que vinieron a detenerme, era domingo y yo estaba de descanso. En Guadiaro, donde vivía con mi mujer y mi hija mayor, dos días antes, habían detenido a otro compañero del partido, José Llaves Bernal; así que quemé todos los ejemplares de Mundo Obrero que tenía y escondí en el fondo de una caja de herramientas muy grandes el libro que estaba leyendo: El único camino, de la Pasionaria”. El domingo 13 de abril de 1975 un grupo de agentes de la Brigada PolíticoSocial de la Policíaentró en casa de José Ortega. La registraron de arriba abajo y encontraron en un desagüe pequeños trozos de papel de algunos ejemplares de Mundo Obreroque no se habían quemado del todo. Suficiente para esposarlo, meterlo en un coche y llevarlo a la comisaría de La Línea. Con él había otros seis detenidos, todos militantes del PCE y de Comisiones Obreras: Andrés Barrachina, Jacinto Domínguez, Andrés Martín Díaz, José Llaves Bernal, Cristóbal Mateo Gómez y Alberto. Allí pasaron todos tres días sin dormir, siendo interrogados una y otra vez, y sufriendo torturas y malos tratos para que confesaran y delataran a más compañeros. “Yo acabé con los brazos desollados y cuando el juez que nos mandó a la cárcel me preguntó cómo me había hecho las heridas se lo expliqué: estuve casi todo el tiempo esposado y de los empujones que me pegaban para un lado y para otro se me quedó la carne viva”, recuerda José.
 “Ángel Lozano –recuerda José Ortega en Andaluces.es– era entonces un policía jovencito, pequeño y delgado. Se sentaba enfrente de mí y ponía la pistola encima de la mesa. Me amenazaba, me insultaba y me provocaba. Alguna vez me encañonó y una vez llegó a decirme. Tú serías capaz de matarme con las manos… ¿Verdad? Yo le respondí que no, que yo no tenía instinto criminal como él”. José Ortega cuenta que a él le pegaron patadas, codazos y empujones, pero que hubo otros compañeros que sufrieron peores torturas: “A Llaves Bernal le hicieron de todo. Lo tendían en el suelo, le echaban agua, todas las torturas más duras. Acabó destrozado. El hombre perdió la cabeza de tanto sufrir y lo mandaron al psiquiátrico del penal de El Puerto de Santa María. Allí estuvo encerrado más tiempo que nosotros y tardó por lo menos dos o tres años en recuperarse”. Ortega también recuerda a otro policía de La Línea con un lobanillo en la cabeza y otro en el cuello. Ponía encima de la mesa un papel en blanco y le decía: apunta ahí todos los nombres que tú sepas. “Como yo no le hacía caso, me pegaba codazos en el hígado y me tiraba al suelo rodando. Pero a mí me pegaban y no me dolían los golpes. Yo creo que no era por ser joven y estar fuerte, sino por los nervios que me entraban”, explica José. Este albañil, hijo de republicano que luchó con y por la República, dice que nunca se le olvidarán aquellas 72 horas que pasó en la comisaría de La Línea: “Nos tenían en celdas individuales y cuando nos sacaban para interrogarnos metían una colchoneta asquerosa que ponían sobre el pollete de hormigón que servía de cama. Y cuando nos traían de vuelta a la celda sacaban la colchoneta para que no tuviéramos la más mínima comodidad”. De la comisaría, al juzgado y de allí a la cárcel de Algeciras, acusados de asociación ilícita y propaganda ilegal. El fiscal pedía para ellos tres años de cárcel. Ninguno de ellos llegó a ser juzgado. Franco murió el 20 de noviembre del 75 y ellos salieron en libertad dos semanas después.
Gemma Araujo, alcaldesa socialista de La Línea.
Cuatro años después, en junio de 1979, José Ortega Ortega fue elegido concejal en las listas del Partido Comunista de España en San Roque, municipio gaditano al que pertenece la pedanía de Guadiaro donde él vivía desde pequeño. Y acabó abandonado el PCE para entrar en el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE), del que es fundador en el Campo de Gibraltar. A principios de julio de este año, habló con representantes del PSOE para que no condecoraran a un policía con pasado de represor pero no le hicieron caso. Mandó un escrito a los periódicos de la zona, pero se lo publicaron como carta al director, pasadas unas semanas del acto oficial. José lo tiene claro: “Lo que hay en España no es una verdadera democracia. Es la continuación del franquismo maquillado. Sólo hay que preguntarse quién es el rey, de dónde viene y por qué está ahí”, dice. “A los policías que torturaron y maltrataron ni se les juzgó ni se les echó del cuerpo, como se habría hecho en una verdadera democracia. Y no solo eso, sino que se les protegió, se les fueron dando ascensos y condecoraciones”, añade. Gemma Araujo, alcaldesa socialista de La Línea, admite que conoce la carta de José Ortega en la que acusaba al excomisario Lozano de haberle torturado cuando formaba parte de la Brigada PolíticoSocial de la Policía Nacional. Añade que la carta le llegó cuando el expediente para condecorar al excomisario ya se había iniciado y cuando faltaban pocos días para la ceremonia de entrega. Afirma que no se paró el expediente porque no hay ninguna prueba, ningún documento que demuestre que Lozano Márquez participara en la tortura de comunistas o socialistas. “Por la edad que tiene, sí es posible que formara parte de la Brigada PolíticaSocial, pero no tenemos ninguna prueba de las acusaciones tan graves que hace ese hombre en su carta”, agrega. La alcaldesa recuerda que todos los grupos políticos de La Líneaapoyaron la concesión de la medalla. “Incluida Izquierda Unida”, enfatiza. Ceferina Peña, concejala de IU, afirma que a su grupo no llegó ninguna carta y que tampoco la alcaldesa les dio la información que en ella se contiene. Afirma que en el expediente abierto para otorgar la medalla no hay ninguna información en contra de Lozano Márquez. Francisco González Deleito, hoy abogado del Ayuntamiento de San Roque y joven militante del PCE a principios de los setenta, concluye: “No es de recibo que se le den méritos o condecoraciones a gente que participó en aquellas acciones represivas de la Brigada Políticoy Social. Siendo generosos, podemos creer que la gente se puede arrepentir o que cambie, que se vuelva demócrata de verdad, pero de ahí a ponerle condecoraciones, me parece ya demasiado”.

Pasamos, sin más, a los fotomontajes de esta semana, la mayoría de Rocambol.com. Y comenzamos con el de Rajoy en tierras japonesas. “Más Fraga en Fukusima” titulan este montaje  de José Luis Águeda. Lástima que nuestro presidente no se bañara en el mar, como Fraga Iribarne cuando la bomba en Almería. Le siguen otras composiciones de Aznar, campeón; su espolsa, Ana Botella; el agradecimiento de Rouco Varela ante el ministro Ruiz-Gallardón y la alcaldesa, Ana Botella; Pons y Rato, desternillándose de risas; más risas; lo que piensa Carlos Floriano, vicesecretario de organización, Fátima Báñez, ministra de Trabajo o el diálogo entre la alcaldesa de Valencia y Francisco Camps…









Repasamos el humor de esta semana mantenido por Peris, Forges, El Roto, J. R. Mora, Donato Martingo, Erlich… 








 Pep Roig dibujó, desde Mallorca: Última Hora. Por decreto;  Brisas. Se lo ganan a pulso; Bauzá, campeador; La gomina de las alas y  El argumentario desbarrado.




 Terminamos con con cuatro vídeos. El primero, sobre la RAE. No es un anuncio de los años setenta del pasado siglo. Es de hace unos días y lo ha hecho la Real Academia de la Lengua, un organismo que tiene 300 años de existencia. Pero, pese a su lema –limpia, fija y da esplendor– es difícil concentrar tanto sexismo, tanta caspa, tanta estupidez y tanto desprecio a la mujer en tan poco tiempo. Otro retrato de la Marca España. Bochornoso.

Es segundo es un gran éxito musical disponible durante las manifestaciones en las calles de Málaga.

El tercero es un video cartoon que explica ciertos hechos sobre la homosexualidad que mucha gente no parece tener muy claros. Subtitulado al castellano por Creareify.

Finalmente, José Juan Guijarro recoge diez testimonios de la sociedad civil que proponen cómo se debería resolver el conflicto que vive la comunidad educativa en una huelga de los docentes de las Islas Baleares que ha durado tres semanas.