Represión administrativa

Se está convirtiendo en una costumbre por parte del gobierno del PP el utilizar su poder para tratar por todos los medios a su alcance de frenar las protestas legítimas de los ciudadanos contras sus políticas , lo hacen utilizando en los ayuntamientos donde gobiernan ordenanzas municipales que de manera caprichosa y arbitraria castigan a las personas que se manifiestan o protestas. En Ciudad Real lo han hecho multando a dos activistas del 15 M por repartir octavillas aduciendo que con ello contravenían la ordenanza de limpieza, cuando estos jóvenes se negaron a dejar de repartirlas fueron denunciados por la policía por desobediencia a la autoridad; en otro caso a un activista por utilizar un megáfono en una concentración por ir en contra de la ordenanza sobre ruidos, argumento ridículo mas aún si pensamos que nunca se ha aplicado al ruido de otras actividades como procesiones. Y así han multado con severas cantidades a aquellos colectivos que les resultan molestos por oponerse a sus políticas de recortes. En las ordenanzas también preveían multas por manchar las calles con la cera de las velas , hasta que las cofradías se dieron cuenta de que esto les perjudicaba e inmediatamente el ayuntamiento retiró este artículo diciendo que era un error, evidentemente no era uno de los colectivos contra los que querían ir.
Este tipo de actuaciones en que se pretende que una simple ordenanza pase por encima de la propia Constitución van en contra de derechos fundamentales como son el de reunión y manifestación , así denuncian y multan a quienes participan en un escrache o a quien se concentra sin autorización , cuando la propia Constitución y la ley Orgánica que la desarrolla dicen claramente que no es necesaria autorización y solo se habla de comunicación , si esta se hace a través de los medios por lo visto ellos aducen que no se ha comunicado , pero sus fuerzas policiales se presentan en el lugar de reunión mucho antes ya que es de sobras conocida. En fin , todos los medios para tratar de amedrentar a la gente y evitar así que por miedo la gente proteste.
Con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que preparan pretenden dar un paso mas ya que están viendo que siempre que este tipo de denuncias llegan a los tribunales son desestimadas , quieren así evitar la intervención de un juez que les diga que lo que pretenden es ilegal. Y ademas de entrada quien se ve denunciado y multado tiene que hacer frente a la minuta que supone la intervención de un abogado mas las tasas que el ministro de Justicia ha impuesto para poder acceder a la justicia y defenderte, con lo que puede que al final para poder ejercer un derecho vas a tener que gastarte mas dinero del que te costará la multa.

En este contesto el día 16 varios compañeros tendrán que acudir a juicio por una de estas denuncias por una concentración ante la presencia de la presidenta Cospedal y el Consejero de Educación de Castilla-La Mancha Marcial Marin , incluso una de las personas denunciadas por la policía se da el caso de que ni tan siquiera estaba presente y le incluyen en el grupo por ser un activista habitual, otra de las cosas que pretenden con las identificaciones arbitrarias. A continuación os dejo el texto de apoyo a estos compañeros, un manifiesto que estamos firmando y que os pido si queréis incluir vuestra firma os dejo la dirección de la recogida de firmas al final del Manifiesto.
Cospedal te odia. Querían acabar con todo, y lo están consiguiendo. La educación pública, ahogada en recortes presupuestarios y en despidos masivos de profesores, se convierte en una educación excluyente con una reforma educativa sin precedentes. La sanidad es entregada a empresas privadas que la convierten en una suerte de beneficencia. Los servicios sociales, los derechos de las personas dependientes, las pensiones, los derechos laborales maltratados por sucesivas reformas, el empleo, el derecho a vivienda, las políticas de igualdad… todas y cada una de las cosas que creímos irrenunciables desparecen rápidamente. Nos lo han quitado todo. Nos están expulsando de nuestro propio país. Ni siquiera nos permiten soñar con un futuro. Pero al menos nos queda una cosa. La dignidad de quienes no permiten que todo esto ocurra sin alzar su voz para evitarlo. La dignidad de quienes todos los días luchan por defender sus derechos fundamentales, por su vivienda, por su empleo, por su educación, por su sanidad, por la libertad de todas y de todos. La libertad y la dignidad que ahora también están en juego.El Partido Popular, con su Secretaria General a la cabeza, María Dolores de Cospedal, está persiguiendo a las personas dignas que protestan para defender nuestros derechos. Utilizando a las fuerzas de seguridad del estado para aislarse de la protesta social, los dirigentes del PP denuncian a manifestantes pacíficos que tan sólo ejercen sus derechos de libertad de expresión o manifestación. Quienes protestan son agredidos, perseguidos, denunciados y encausados. María Dolores de Cospedal intenta amordazar a los que se oponen a los recortes con una oleada de sanciones administrativas y procedimientos penales sin precedentes en esta democracia. Ahora también están en juego nuestros derechos políticos. Las reformas del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como la Ley Antiprotesta) que planea el Partido Popular suponen el golpe de gracia definitivo para los ya malheridos derechos civiles que caracterizan a las democracias formales.La verdadera esencia de estos anteproyectos puede percibirse no sólo gracias a lectura de las propuestas legislativas, sino del proceder de los líderes del PP en general y de su Secretaria General en particular, quienes han emprendido una campaña de persecución sistemática contra todas las personas que han osado mostrar el rechazo a sus políticas. Tal es el caso de los 7 ciudadanos que Cospedal lleva a juicio el próximo 16 de diciembre. Su delito, protestar, participar en una tímida y pacífica concentración de protesta durante la visita que hicieron a Ciudad Real Maria Dolores de Cospedal y el Consejero de Educación de Castilla-La Mancha, Marcial Marín. Una protesta completamente legítima y legal, que no incumplía ninguno de los parámetros que establece la Constitución y la Ley para el ejercicio del derecho fundamental de reunión. El atestado policial, que rezuma motivaciones políticas en cada uno de sus párrafos, pretende desvergonzadamente que pertenecer a movimientos sociales o partidos políticos opuestos al régimen es motivo suficiente de sospecha, e indicio de cometer un acto ilícito. Resulta llamativo que uno de los acusados, descrito en el atestado policial como personaje destacado entre los movimientos sociales, aquel día ni siquiera estuvo entre los manifestantes.Los firmantes de este manifiesto queremos declarar que el del 16D no es simplemente un juicio contra siete ciudadanos. Es un juicio contra la libertad de expresión y de protesta, es un juicio contra los derechos fundamentales, es el día en el que Cospedal quiere silenciar a quienes se le oponen. Si se condena o se sanciona a los acusados ese día, en adelante todas las personas seremos condenadas a la pena de sentir miedo cuando queremos ejercer nuestros derechos fundamentales, penadas por la duda razonable que nos asaltará cada vez que queramos manifestar nuestra opinión con libertad o reunirnos con nuestros compañeros y compañeras para expresar públicamente nuestro rechazo. Si no somos capaces de evitar este peligroso camino, pronto nadie tendrá el valor de enfrentarse a María Dolores de Cospedal y sus políticas, y ya no quedará nadie dispuesto a expresar en un acto de generosa valentía lo que pensamos todas y todos mirando a los ojos a quienes nos están ejecutando.Hay muchos otros procedimientos abiertos, muchos otros ciudadanos perseguidos por los que dicen ser sus representantes, muchos otros ciudadanos que han sido condenados o sancionados a penas terriblemente injustas. Cada vez que uno de estos procedimientos es iniciado, todos corremos el peligro que ahora denunciamos. Por eso exigimos que se absuelva a los acusados y que se archive cualquier expediente administrativo sancionador dirigido contra ellos. Así mismo pedimos la dimisión inmediata de Maria Dolores de Cospedal de sus cargos de Presidenta de Castilla-La Mancha y Secretaria General del PP. Una presidenta de comunidad autónoma que además es la máxima responsable del partido de gobierno de este país no puede perseguir a sus ciudadanos impunemente. Finalmente reclamamos la inmediata rectificación de las medidas de carácter antidemocrático del gobierno del PP y el cese de la deriva autoritaria que ha tomado el gobierno, en un vano intento de controlar lo incontrolable. La respuesta social a sus políticas no cesará por el miedo.http://www.cospedalteodia.org/apoyos/