Rescate de mineros en Chile

Luego del drama del encierro que tuvo a los 33 mineros atrapados a 700 metros bajo tierra y la alegría del rescate, seguido por el mundo entero, hay varias interrogantes que quedan por responder en relación a la minería en Chile.

La industria estuvo sobre el tapete con esta historia, que echó luz sobre las deficiencias de seguridad de ese importante sector de la economía chilena y la necesidad de cambios en las regulaciones.

A continuación, un breve análisis sobre qué pasará con: “Los 33″; Los demás trabajadores de la mina San José; Las demandas de los familiares y La minería chilena.

¿Qué pasará con “los 33″?

Sin quererlo, de la noche a la mañana los mineros atrapados pasaron de ser unos trabajadores anónimos a estrellas mediáticas. El futuro inmediato les depara matrimonios ¿dos se les propusieron a sus novias desde la mina- , vacaciones, ofertas televisivas, literarias y deportivas.

Los psicólogos hablan de consecuencias como estrés postraumático y el impacto de la fama. La pregunta es ¿serán capaces de trabajar en una mina de nuevo? Mucho tendrá que ver con las propias necesidades y de la fortaleza mental, que variará de un minero a otro. Muchos ya adelantaron que no regresarán a la minería.

La vocera de la presidencia de Chile, Ena von Baer, aseguró que el gobierno se involucrará de cerca en el proceso de reinserción laboral de los 33 mineros.

También existe una iniciativa parlamentaria para otorgar una pensión de gracia a los mineros, aunque Von Baer sólo dijo que los pasos a seguir “se van a ir conversando”.

¿Qué pasará con los demás mineros de San José?

Desde que la mina dejó de operar, unos 300 trabajadores quedaron desocupados.

El malestar entre los empleados de la Minera San Esteban, propietaria del yacimiento San José, se puso de manifiesto después de que la empresa anunciara su intención de declararse en quiebra, lo que podría evitarle asumir los costos del rescate pero también las obligaciones con los trabajadores.

El presidente chileno, Sebastián Piñera, dijo que la mina no se volverá a abrir mientras no garantice la seguridad de quienes trabajen en ella.

Antes del 23 de octubre, la minera San Esteban debe anunciar si puede pagarles a sus acreedores y si, por el contrario, se declara en quiebra. En ese caso, no tendrá que pagar indemnizaciones.

Los pasivos de la compañía declarados ante la justicia rondan los US$ 9.500 millones.

¿En qué quedan las demandas?

Las familias de los mineros han presentado demandas contra la compañía pidiendo en total cerca de US$ 12 millones, mientras que el ministerio público perseguirá a los dueños por la vía penal.

Abogados de los familiares dicen que los inspectores gubernamentales y la firma dueña de la mina San José, en donde ocurrió el accidente, actuaron con negligencia al haber permitido que la mina reabriese hace dos años pese a existir preocupaciones por la seguridad de las instalaciones.

La mina San José fue clausurada en 2007 por un accidente que causó la muerte de un trabajador tras una explosión. Un año más tarde fue reabierta.

El derrumbe del 5 de agosto bloqueó el acceso de la mina ubicada en las cercanías de Copiapó, unos 800 kilómetros al norte de Santiago, y los 33 obreros no pudieron salir debido a que el ducto que tenía que servir como vía de escape no contaba con las escaleras necesarias.

¿Cómo queda la industria minera?

El derrumbe puso de relieve la necesidad de fiscalizar y garantizar la seguridad en la actividad minera, reconocida como el máximo impulsor de la economía del país.

Los expertos afirman que la legislación que data de 1983 cuenta con la necesaria regulación para la seguridad de los operarios, aunque el problema está en la escasa capacidad para fiscalizar que estas medidas se cumplan.

Los responsables públicos del sector minero chileno demostraron que estaban poco preparados para prever el accidente. Las críticas han sido tan duras y continuas desde el sector minero nacional que Piñera se vio obligado a despedir al máximo responsable, el director de la entidad reguladora de actividades de minería en Chile (Sernageomin, Servicio Nacional de Geología y Minería).

El accidente desvela el punto débil de una industria de la que siempre se pensó que cuidaba por la seguridad de sus empleados. Piñera dictó nuevas medidas que modernizan la regulación e incrementan el presupuesto a través del rico desierto de Atacama.

Las pequeñas y medianas minas han sentido el golpe del accidente, puesto que -después de que sucedió- el gobierno cerró decenas de negocios en dudoso estado aduciendo motivos de seguridad. Los inversores en esos negocios han acusado a Piñera de estar llevando a cabo una caza de brujas para tapar los errores que pudieran haber sido cometidos antes del accidente de San José.

Aunque cese la actividad de esos pequeños pozos, es poco probable que el suministro mundial pueda verse afectado, puesto que el grueso de la producción corresponde a las grandes compañías que dedican buena parte de sus presupuestos para cumplir con la regulación internacional en materia de seguridad.