Retos globales del Estado del bienestar(I)

La crisis económica de 2008 se ha utilizado para cuestionar el modelo de Estado del bienestar en Europa. Sin embargo, también ha servido para defender su vigencia. El modelo del Estado del bienestar ha sido garante de la estabilidad social en tiempos de crisis. Los defensores del Estado de bienestar argumentan que promueven tanto la libertad como la igualdad y que potencia el emprendimiento sin renunciar a la seguridad. Después de su época dorada, durante los años donde dominó el keynesianismo, la mayoría de los países han adoptado una visión más liberal para hacer frente a las crecientes tensiones presupuestarias derivadas del cambio demográfico, de la evolución de la sociedad y de la globalización. Bajo esta visión, la política de austeridad no fue una política improvisada por la Unión Europea para hacer frente a la Gran Recesión en 2008 sino el fruto de un consenso económico que comenzó a fraguarse en 1973 con la crisis del petróleo. La consolidación de un Estado del bienestar mixto, en el que el sector privado está presente en la dotación de servicios o bienes financiados por el sector público. Sin embargo, esta síntesis entre lo público y lo privado ha generado problemas en el equilibrio entre la dimensión económica y la dimensión social sobre todo a raíz de la crisis de 2008. 
El debate fundamental sobre el Estado del bienestar gira entorno a su sostenibilidad financiera y económica y sobre si el crecimiento económico es capaz de soportar la cantidad de recursos para hacer frente a la demanda creciente de bienestar por parte de los ciudadanos. El problema de la sostenibilidad financiera del Estado del bienestar no es nuevo. Desde la crisis del petróleo en los años 70, se ha intentado racionalizar el gasto público buscando una mayor eficiencia y un mayor ahorro. En este contexto, hay que buscar la sostenibilidad del Estado del bienestar. El Estado puede hacerlo a través de la imposición fiscal y el endeudamiento. Respecto al endeudamiento, la política fiscal del Gobierno tiene que ser capaz de limitar el crecimiento de la deuda, y, al mismo tiempo, poder pagarla, sin comprometer el Estado de bienestar. El Estado debe vigilar la acumulación de la deuda por si no pudiera devolverla. De las condiciones que, hacen que, el Estado del bienestar sea fiscalmente sostenible, unas son externas- como el crecimiento económico, la productividad, el impacto de la globalización o la evolución demográfica- y otras son internas, y tienen más que ver con la voluntad de los gobiernos de que dediquen más o menos recursos al bienestar o bien que implanten políticas de redistribución de la riqueza. El modelo del Estado del bienestar en los países del norte de Europa, los servicios públicos básicos se consideran derechos del ciudadano, y, consecuentemente, los gastos sociales no se consideran "gastos" en sí, sino como "inversión", como un medio de potenciar las capacidades y la productividad de las personas. Existe un convencimiento de que esta inversión en el futuro repercutirá en el propio Estado.
Uno de los mayores retos a los que se enfrenta el Estado del bienestar en los países occidentales es la demografía. El crecimiento económico es una de las principales causas de la reducción de la fertilidad en el mundo. En lo que se refiere al Estado del bienestar, el bajo nivel de la natalidad incide en la posibilidad de reducir el Estado de bienestar porque reduce la población activa y, como consecuencia, se reduce las aportaciones económicas vinculadas al empleo. El Estado de bienestar creciente exige un crecimiento demográfico que está entredicho en los países desarrollados en las últimas décadas por las bajas tasas de natalidad. Las tasas de natalidad en los países europeos son muy bajas además hay que sumar el envejecimiento progresivo de la población europea. Este hecho va a tener efectos en los hábitos de consumo así como en el sistema productivo en las próximas décadas en Europa: habrá un aumento de los servicios sanitarios de la población y una reducción en la demanda en educación y en vivienda por el decrecimiento de la población infantil y jóvenes. A corto plazo, el retraso en la edad de jubilación es una de las consecuencias más inmediatas. Sin embargo, algunos países escandinavos, la financiación de las pensiones se ha hecho depender de los presupuestos y no de las cotizaciones sociales. Además, se ha potenciado la creación de sistemas apoyados en tres pilares: uno público- básico- y dos complementarios, consistentes en un fondo de pensiones privado y otro compuesto por las cotizaciones de las empresas. En todo caso, estas reformas del sistema de pensiones tendrán éxito en sociedades con tasas de natalidad altas y tasas de ocupación elevadas, como es el caso de los países escandinavos.
Parte de esta evolución demográfica se explica por la transformación experimentada por la familia en los últimos 30 años a raíz del acceso de la mujer a la universidad y su incorporación masiva al mercado de trabajo. Nuevamente, los países escandinavos pueden ser un ejemplo a seguir. Las políticas familiares juegan un papel capital. El objetivo es potenciar la conciliación, haciendo compatible la vida familiar con el trabajo, y para ello se dedica más de un 10% del gasto social a esta cuestión y un 3,5% del PIB.