Riqueza súbita

Todos conocemos a personas que en poco tiempo han adquirido una notable fortuna sin tener una actividad honorable, les tocara una lotería o recibieran una herencia.

Todos sospechan de ese patrimonio, casi siempre ostentoso; tanto, que hay comarcas en Pontevedra o en Cádiz, por ejemplo, sin muchas fuentes de riqueza, con chalés modelo Hollywood y más Ferrari, Maserati y Porsche que en áreas con grandes empresarios.

A veces uno de esos ricos es un funcionario de la Guardia Civil descubierto en Galicia que acumuló durante bastantes años una fortuna sin que nadie investigara cómo con su sueldo era más rico que algunos narcos a los que perseguía.

La presunción de inocencia es un elemento esencial del sistema democrático, pero esta regla no debería aplicarse a los cargos públicos, propuso UPyD en el Congreso.

Lo mismo opina el magistrado Daniel de Alfonso, director de la Oficina Antifraude de Cataluña, que solicita “que se tipifique como delito el incremento injustificado del patrimonio de un cargo público”.

A ese delito “puede dársele una respuesta rápida”, afirma, “siempre que lo quiera el Gobierno central”.

De acuerdo, pero ¿por qué no hacer igual con todo “nuevo rico”, y no sólo político, que presente un “incremente injustificado de su patrimonio”?

Hay tal maraña legal en la legislación española que, dicen los inspectores de Hacienda, es muy difícil inculpar al narcotraficante que se ha hecho multimillonario seguramente sin tocar un gramo de droga, porque para eso tiene a sus mulos y sus camellos, que es a quienes se detiene.

Ese es otro de los grandes males españoles.

Hasta se diría que no se ha legislado eficazmente contra la riqueza súbita e injustificable de cualquier ciudadano, político o no, para protegerlo.

Estamos apadrinando a narcos, estafadores y demás grandes delincuentes.

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SALAS