Salud prepara un decreto que mejorará el acceso al registro de voluntades vitales anticipadas en la comunidad

La Consejería de Salud prepara un decreto que mejorará el acceso al registro de voluntades vitales anticipadas en la comunidad. El objetivo de este decreto, que forma parte del desarrollo normativo de la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas ante el Proceso de la Muerte, es mejorar el acceso de los profesionales al testamento vital del paciente gracias a la inclusión del mismo en la historia digital y ampliar el número de puntos en los que los ciudadanos pueden inscribir su voluntad vital anticipada en el registro. Actualmente, este servicio se realiza en las ocho Delegaciones Provinciales de Salud.
Un total de 19.344 andaluces han inscrito su voluntad vital anticipada en el registro, vigente desde 2004, y que junto a la garantía de tiempos máximos de espera, la segunda opinión médica y el diagnóstico genético preimplantatorio, entre otros, forma parte del grupo de los llamados derechos de tercera generación garantizados en la comunidad, tal y como ha señalado hoy en Sevilla la consejera de Salud, María Jesús Montero, durante la inauguración de la jornada ‘Derechos en conflicto: aborto, eutanasia y objeción de conciencia’.
El encuentro, de carácter estatal, reúne a profesionales sanitarios, juristas y expertos en bioética para debatir sobre aborto, eutanasia y objeción de conciencia, temática que centra una jornada de trabajo organizada por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, la Asociación Derecho a Morir Dignamente, la Asociación para la Defensa del Hospital Severo Ochoa, la asociación Jueces para la Democracia, el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, la Cátedra de Derecho Penal de la Universidad Carlos III.
La consejera ha valorado el trabajo de las entidades organizadoras del encuentro en tanto en cuanto "representan los valores más actuales de una sociedad democrática que respeta la conciencia individual y a la autonomía de sus ciudadanos".
La Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte es un ejemplo de esa convivencia, ya que desde que entrase en vigor el pasado mes de mayo, se ha sucedido sin incidentes en lo que a la objeción de conciencia se refiere, prevaliendo la decisión del paciente, siempre y cuando su voluntad no contravenga el ordenamiento jurídico.
Según los datos extraídos de la encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (2009), el 74,3% de las personas encuestadas antepondrían la decisión del paciente sobre la del médico a la hora de administrar un tratamiento, y el 80,9% considera que todas las personas deben tener acceso a la asistencia sanitaria necesaria para tener una muerte sin dolor ni sufrimiento.
En este sentido, Montero ha señalado que la Consejería de Salud apuesta por resolver los conflictos "razonablemente, con sensibilidad, con seriedad, y con el necesario equilibrio entre el posible ejercicio de la objeción de conciencia y los derechos de la ciudadanía". Si bien, ha matizado que "no cabe en ningún caso que el efecto real sea impedir o limitar el derecho legítimo" y ha añadido que la objeción de conciencia no puede usarse para impedir la autonomía del paciente.