No se puede negar que Pedro Sánchez adolece completamente del sentido y respeto por la libertad. Principio que todo político debería tener asumido por encima de credos, ideologías y disciplinas de partido. Si algo ha demostrado este profesional de la pose e indigente moral absoluto es que su ambición de poder no respeta límites y que, cuando parece respetar alguno, es precisamente porque está planeando el mejor modo de quebrantarlo causando el mayor daño posible.
El pseudo-doctor Sánchez ya ha formado gobierno y algunos de los miembros de ese gobierno no aportan otra cosa que haber trabajado en algún supermercado, haber elogiado públicamente dictaduras comunistas, poseer un dudoso pasado relacionado con narcotraficantes, ladrones y fundamentalistas asesinos, y mostrar una asombrosa capacidad de engullir todo lo que declararon a voces en un pasado no lejano con tal de formar parte de un gobierno de felones cuya retribución económica les solucione sus vidas. Una capacidad de engullir solo comparable a la de una anaconda comiéndose a otro animal, o a la de un político que traga lo que antes había dicho con la misma sencillez que se guarda comisiones y prebendas en su paraíso fiscal. Para otros miembros del Gobierno, su principal activo es haber obedecido ciegamente a su partido, y en los últimos dos años, más concretamente a Pedro Sánchez. En realidad, tal parece ser el único requisito necesario entre los ministros socialistas del nuevo gabinete.
Aun con todo, y con la década y media pasada que llevamos a cuestas desde que un salvaje atentado alzó al poder a Zapatero y dejó el camino allanado para que Rajoy se revelase como el idóneo heredero del anterior,la ingenuidad de no pocos españoles, que ni aprenden en carne propia ni ajena, resulta ser no ya llamativa, sino más bien desesperante.
El nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado ha desatado toda una marea de críticas en las redes sociales y en cierto tipo de prensa que, en demasiadas ocasiones, demuestran no ver mucho más allá de titulares ni adivinar nada que no sea inmediato.
Para quien tenga memoria, Dolores Delgado fue la última ministra socialista en funciones de la Cartera de Justicia. Una ministra que en una democracia decente habría dimitido por iniciativa propia cuando ciertos medios hicieron pública su “relación” de amistad con el excomisario Villarejo, un indeseable puesto en evidencia por numerosas filtraciones de sus grabaciones que, como en efecto dominó, sacaron a la palestra actuaciones del exjuez Baltasar Garzón y a la propia Delgado en unas conversaciones, digamos… “chocantes”, que desvelaban toda una trama de espionaje contra políticos, jueces y empresarios.
Por descontado, Dolores Delgado no dimitió. O no quiso ella, o Pedro Sánchez, entonces Presidente de Gobierno también en funciones, no se lo permitió. Pocas semanas después el asunto quedó diluido y olvidado con los siguientes escándalos políticos, porque, si algo es absolutamente seguro e inevitable en España es que un caso de corrupción, a no tardar, fácilmente será solapado y apartado por otro más reciente. Este país es una máquina de producir casos decorrupción de todo tipo. Si no es en la política, es en la banca, o en la Justicia, o en el ámbito policial, o en el mundo de los medios de comunicación, o en todos ellos entrelazados a un tiempo. No pasa una sola semana en la que no aparezca uno, o dos, o tres escándalos de semejante índole. Y como esta sociedad, en conjunto, parece tener una memoria muy limitada, termina por aparcar en el olvido los sucesos más flagrantes hasta el punto de que sigue defendiendo y votando a quienes los protagonizaron.
El nombramiento de Dolores Delgado ha provocado la alarma contra la politización de la Justicia. Como si la Justicia no hubiera estado politizada antes. Ya en los ochenta el indeseable socialista ex vice Presidente del Gobierno, Alfonso Guerra, anunció a voz en grito aquello de “Montesquieu ha muerto”, en clara referencia a que el principio de separación de poderes que debería regir en una democracia había sido tocado y hundido a iniciativa de Felipe González y su gobierno cuando el PSOE, en aplastante mayoría en el Congreso, aprobó que los políticos pudieran elegir desde entonces a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Y desde aquellos días hasta hoy son incontables las ocasiones en que jueces y fiscales han estado bajo fundadas sospechas de actuar al dictado de los políticos de turno. Por tanto, esta maniobra de Pedro Sánchez no debería sorprender a nadie.
La Asociación de Fiscales ha criticado públicamente la actuación de Sánchez. Y poco más podrá hacer ante este descarado intento de asalto a la independencia de la Fiscalía. Hay demasiados interesados y demasiada basura que enterrar como para que una simple queja de los fiscales pueda conseguir que el presidente del ejecutivo respete la norma reflejada en el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal que especifica que un Fiscal General del Estado no puede recibir órdenes ni interferencias del Gobierno aunque sea un cargo nombrado por el Presidente. Una norma que se ha violado en repetidas ocasiones a lo largo de los años. Y la basura que el gobierno y sus socios necesitan hacer desaparecer tiene diferentes nombres. Puede llamarse tanto “blanqueamiento definitivo de ETA”, “concesiones al independentismo catalán y a su red delictiva”, “protección de Rodríguez Zapatero, además de otros significados socialistas de su gobierno y actuales figuras relevantes de Podemos frente a las más que previsibles acusaciones del nuevo gobierno boliviano por fraude, financiación ilegal y relación con el narcotráfico liderado por Evo Morales…” En realidad cualquier basura que pueda obstaculizar los planes globalistas y corruptos de Pedro Sánchez y el resto de los secuaces de Soros.
Quizás, lo único medianamente gracioso de esta jornada ha sido contemplar a Pablo Iglesias tragarse de nuevo sus palabras para elogiar en esta ocasión a la misma Dolores Delgado de la que pidió su dimisión cuando fueron publicados los audios de Villarejo en la que ella mantenía una sugerente conversación con el excomisario y el exjuez.
El desastre para España parece asegurado. Nada bueno se puede esperar mientras el destino de la nación esté en manos de semejante banda de personajes. Hay quienes plantean la posibilidad de que esta legislatura sea breve porque PSOE y Podemos comenzarán a apuñalarse a no tardar. De nuevo, la cortísima y selectiva memoria historia española olvida que la izquierda hace lo imposible por obtener el poder, y una vez conseguido, hace lo imposible de nuevo para no perderlo.
Todo puede suceder pero, a buen seguro, las intenciones de Sánchez son permanecer en el poder el mayor tiempo posible. Hasta ahora, no hay mayor prueba de ello que el hecho de haber pactado para formar gobierno con un partido con el que aseguró por activa y por pasiva que jamás pactaría.
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