Cuatro meses después de llegar al Gobierno, el 20 de abril de 2012, Mariano Rajoy emitió un Real Decreto que retiraba la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles.
Aunque les garantizaba asistencia en urgencias y a la maternidad, toda la oposición declaró inhumana e ilegal la medida, mientras por toda España el personal hospitalario salía a protestar.
En el Parlamento la oposición en bloque inició una guerra contra Rajoy. Aún continúa, y actúa hostilmente contra cualquiera de sus propuestas. El “No es no” socialista nace de ahí.
Más de cuatro años después el Tribunal Constitucional acaba de aprobar el Decreto, justificándolo por la necesidad de sostener un sistema que deben pagar sus beneficiarios legales y naturales, los españoles.
Parece por tanto que el Constitucional tiene en cuenta que los indocumentados, muchos llegados con enfermedades de tratamientos caros, y algunos trayéndose para curarlos a familiares enfermos, no han contribuido a sostener un sistema caro, y no gratuito.
Sorprendentemente, y pese a todas las advertencias de opositores y hospitales, se desconocen casos de muertes por desatención entre los 800.000 indocumentados que había en 2012, fallecimientos que sí ocurren en Francia, Alemania o Reino Unido.
Ante esta sentencia debe recordarse el peso y valor de la caridad, la entrega de servicios por sentimientos de amor religioso o fraternidad laica, y una de las razones de que los indocumentados no murieran por las calles.
Es una honrosa práctica gratuita que hemos desacreditado con la falacia de que todos tenemos iguales derechos cívicos, incluidos los que deben pagarse.
Debemos defender la caridad y no imponerle a los contribuyentes cargas que podrían aconsejarles hacerse más evasores aun, hostiles a sostener un Estado dominado por quienes le llaman justicia a lo que es amor, religioso o fraternal.
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