El INEGI argumenta que todos sus procesos de censo en 2010 fueron notificados a los Estados; Quintana Roo no podrá acceder a fondos de la ONU ante la delimitación que hizo el INEGI de la franja en disputa que adosó a Campeche
Por Enrique Huerta/ Luces del Siglo
Los más de 9 mil kilómetros cuadrados que
Quintana Roo intenta recuperar.
Documento que advierte las
afectaciones al patrimonio
de Quintana Roo.
1) No pudieron localizar el oficio con relación al Censo de Población 2010 que fue entregado en la Oficialía de Partes de la Secretaría de Gobernación el 3 de mayo, varias semanas antes del censo que se realizó entre el 31 de mayo y 25 de junio de ese año. En ese oficio el INEGI, dice el documento “arroja un demérito de 27 mil 581 habitantes no asignados al Estado de Quintana Roo, y que de conformidad con el artículo 6 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, será considerado como oficial y de uso obligatorio”. El gobierno no previó esta situación.
2) Cuando el gobierno rescata el documento en el INEGI (Revisión y Análisis de las Zonas Pendientes por Asignar en la Península de Yucatán), advierte esta asignación indebida: “Yucatán 66 localidades, 5 mil 567 habitantes, Campeche 125 localidades, 21 mil 814 habitantes”, dice el documento.
Pero la principal afectación es la presupuestal. El análisis describe que impacta en el índice de marginación y el rubro pobreza extrema por partida doble: por asignación de recursos ordinarios derivados del presupuesto, según el consejero Jurídico de Quintana Roo, Raúl Labastida Mendoza, son alrededor de 100 millones de pesos, y la obtención de recursos extraordinarios derivados de lo que se podría haber captado a través de fondos mundiales, como los que se desprenden del rubro Objetivos del Milenio de la Declaración del Milenio, signado en Nueva York el 8 de septiembre del 2000, asignación de la ONU a través de UNFPA, UNICEF, OMS y la OIT. Otra vertiente, está en el FMI y el BID.
Finalmente, el estado de Quintana Roo interpone una controversia contra el INEGI que espera todavía su resolución y que los analistas jurídicos prevén se podría dar a mediados de este año. Es por eso que Luis García Villanueva, del Comité Prodefensa de los Límites de Quintana Roo, dice que el INEGI respondió que, al no recibir objeciones del gobierno de Quintana Roo, tomaron los parámetros dados a conocer mediante oficio y publicación en el Diario Oficial de la Federación.
En la Síntesis Metodológica y Conceptual del Censo 2010, dice con respecto a las coordinaciones, “en el Diario Oficial de la Federación, con fecha al 29 de enero del 2010, se publicó el Acuerdo de la Junta de Gobierno del INEGI por el que se establecen las bases para la coordinación, participación y colaboración en la organización, levantamiento, procesamiento y publicación del Censo de Población y Vivienda 2010”.
En ese documento, se aclara que las discrepancias respecto de los límites estatales se encuentran documentadas en la publicación “Atlas, Situación actual de la división político-administrativa interestatal de los Estados Unidos Mexicanos”. En ella, se observan los huecos y traslapes que existen en siete zonas del país denominadas Zonas Pendientes de Asignar: de acuerdo con los resultados de Censo 2010, en estas zonas se ubican 829 localidades, e involucran a ocho entidades federativas.
En el acuerdo publicado en el Diario de la Federación, fechado el 29 de 2010, por el que se establecen las bases para la coordinación, especifica que el INEGI proporcionará oportunamente a las autoridades toda la documentación, capacitación y procedimientos necesarios para efectuar las tareas censales señaladas.
En entrevista con Luces del Siglo, Carlos Fernando Novelo Vela, coordinador estatal del INEGI, confirmó: “cada vez que hacemos eventos censales ponemos a disposición de los presidentes municipales, de los funcionarios estatales, la cartografía que se va a emplear para el censo, y se la damos antes para que la pueda validar y para que nos digan si están de acuerdo, si están conformes o no con ese asunto”.
Recordó que los límites que utiliza el INEGI para sus trabajos son límites geo-estadísticos, no coinciden necesariamente con los político-administrativos. “Para hacer nuestros trabajos tenemos que referenciar la información que captamos con algún espacio geográfico, entonces el INEGI crea el Marco Geoestadístico Nacional y data desde 1978”, especificó.
Según dijo, utilizaron la cartografía de la Reforma Agraria que está identificada por los límites de los ejidos o por límites de pequeñas propiedades. De esta manera, refirió, contabilizaron 141 localidades habitadas, de las cuales 125 están referenciadas a Campeche, con 21 mil 814 residentes; 16 localidades quedaron referenciadas a Quintana Roo, con 3 mil 303 residentes.
El delegado aseguró que dichos límites no han sido movidos desde 1978, con los cuales, se han realizado 14 registros censales.
El ex magistrado Joaquín González Castro opina que Quintana Roo tiene toda la razón jurídica e histórica, por lo cual, una vez dado el fallo a favor de Quintana Roo, el INEGI deberá romper todos los mapas y los Atlas de México en los que otorga a Campeche la franja en disputa. En ese sentido, Google debería modificar sus mapas actuales.
El tema volvió a tomar resonancia nacional cuando en pleno discurso por el 149 Aniversario del Decreto que ratifica la erección del Estado de Campeche, el diputado de ese estado, Luis González Curi, calificó a los quintanarroenses de “piratas constitucionales”. “No aceptamos reclamo alguno respecto a la soberanía que el estado ejerce desde su nacimiento, sobre la superficie que, legal e históricamente, nos corresponde. No cederemos un metro de nuestro territorio”, dijo el representante que, sin embargo, no aceptó dar su versión contactado en su oficina por este semanario.
En su discurso oficial fue con todo al recalcar: “enfrentamos desde el siglo pasado un conflicto limítrofe, absurdo y sin sentido con el estado de Quintana Roo, entidad que por cierto nació en 1974, porque los límites del estado de Campeche quedaron perfectamente definidos desde los Convenios de División Territorial suscritos con el gobierno de Yucatán, en mayo de 1858”.
No pasó mucho para que llegara la réplica: el gobernador Roberto Borge Angulo, a través de su vocería, expresó: “sabemos que es una sola voz (la de González Curi), no la de todo el pueblo de Campeche. Adjetivos como los usados por este personaje rebajan su investidura y conducen un tema estrictamente jurídico al ámbito que algunos quisieran: el del pleito callejero”, y finaliza: “dejemos que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que nos otorgue la inapelable e irrenunciable razón histórica y jurídica”.
No obstante, fiel a su estilo, Borge Angulo le pidió al gobernador de Campeche, Fernando Ortega Bernés, que el presidente de la Gran Comisión se retracte por sus dichos, sin advertir el mandatario quintanarroense que se tratan de poderes distintos y que su homólogo no le puede pedir eso al presidente del poder Legislativo, al menos públicamente. Hasta el cierre de esta edición, el diputado campechano González Curi no se había retractado.
Mientras la temperatura sube entre los gobiernos de Quintana Roo y Campeche, en la Suprema Corte aguardan dos controversias constitucionales que plantean el deslinde de los límites territoriales. De otorgársele la razón al gobierno de Campeche, la situación quedaría tal como está actualmente, pero si se la conceden a Quintana Roo, el máximo tribunal del país estaría desconociendo los atlas geográficos del país que han servido de sustento a los censos de población en las últimas cuatro décadas, además de que echaría prácticamente a la basura toda la inversión que se realizó para estos conteos demográficos.
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