Revista Opinión

Se cumple la cuarentena de Sortu

Publicado el 24 marzo 2011 por Rgalmazan @RGAlmazan

La decisión del Tribunal Supremo estaba cantada. Cuando los dos partidos mayoritarios se ponen de acuerdo y presionan a este Tribunal, es prácticamente imposible que la sentencia no esté en consonancia con lo que estos partidos solicitan.

La cosa es sencilla, el Tribunal Supremo de España está nombrado por el rey –éste sólo firma— a propuesta del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) –que es quien decide—, cuyos vocales los nombra el parlamento, con una mayoría cualificada de dos tercios. Para que se dé esa proporción aritmética han de estar de acuerdo los dos grandes partidos, que se reparten el pastel del nombramiento de sus jueces vocales. De ahí, la constante pelea, de los dos partidos, por incluir a uno de los suyos, y que hace que se pasen sin renovar los órganos judiciales mucho tiempo, por un quítame allá ese juez.

Así es que si el fiscal del Estado (otro apéndice del gobierno) coincide con los dos grandes partidos en declarar ilegal a Sortu, a ver cómo se atreve la mayoría del Supremo a legalizarlo.

Ahora el camino que queda es el Constitucional, pero claro, con esta sentencia del Supremo, Sortu no llegará a poderse presentar a las municipales del 22 de mayo. Y ahí es donde se ha ganado la batalla. Verán ustedes, aunque el Constitucional es fácil que diga que esta sentencia es inconstitucional, será tarde para presentarse. Por lo tanto, ya se empieza a cumplir la cuarentena de la que tanto ha hablado el PP y que tanto deseaba el PSOE. El primer objetivo del proceso se ha cumplido, no se podrán presentar a estas elecciones.

Y, miren ustedes, lo que llama la atención es que, por lo que se sabe de la sentencia –lo que ha salido en los medios de comunicación— los estatutos cumplen la ley de partidos. Sin embargo, se “cree” que esta organización no se ha desvinculado de ETA y que todo se ha hecho como una cuestión aparente y formal.

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No seré yo quien apueste por las intenciones de Sortu, pero si cumplen la ley de partidos, todas las manifestaciones que sean opinión o creencia de lo que pueda pasar o prejuzgar la futura conducta de los integrantes de este partido, no dejan de ser valoraciones que debería quedarse al margen, los jueces deben limitarse a los hechos.

Estamos perdiendo tiempo. El fin del terrorismo llegará más tarde. Sin duda, esta legalización permitiría que Sortu quedara desvinculada de ETA, pues se hubieran aprobado unos estatutos donde se dice que:

"Sortu desarrollará su actividad desde el rechazo de la violencia como instrumento de acción política o método para el logro de objetivos políticos, cualquiera que sea su origen y naturaleza; rechazo que, abiertamente y sin ambages, incluye a la organización ETA, en cuanto a sujeto activo de conductas que vulneran derechos y libertades fundamentales de las personas".

¿Qué pasará si, como parece, Eusko Alkartasuna acoge en sus listas para las municipales a gente de Sortu? ¿Se ilegalizará también a EA? 

Esta sentencia demuestra un seguidismo al bipartidismo imperante y es una infamia judicial, pues no se atiene a los hechos, sino que trata de interpretar lo que puede ocurrir. Se está cargando el principio que rige en nuestro ordenamiento jurídico sobre la presunción de inocencia y sobre la posible reinserción social.

Habría que haber legalizado a Sortu, también están de acuerdo algunos juristas muy ligados al PSOE, como es el catedrático Javier Pérez Royo, hoy lo ha vuelto a decir en la cadena SER. No hay lugar para no aprobar unos estatutos que están de acuerdo a la ley. Si luego, se demostrara con hechos que los estatutos aprobados son papel mojado y siguen ligados a ETA, se actúa y se les ilegaliza. Hacerlo ahora es simplemente una cuestión política y una aberración judicial.

A mi modo de ver es también un error político, pues conduce a una ralentización en el proceso de normalización y de desaparición del terrorismo en el País Vasco. Y, nos jugamos mucho en el envite. La miseria política ha prevalecido sobre la valentía y la independencia judicial.

Salud y República


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