Este día se cumplen 4 años del hallazgo dl cuerpo del fotoperiodista potosino Daniel Esqueda Castro, crimen que ha quedado impune y que la autoridad es incapaz de explicar la causa por la cual no solo el expediente no avanza, sino que inclusive es entorpecido.
El día 5 de octubre del 2017, Daniel fue privado de su libertad por hombres armados quienes se ostentaron como policías de investigación. El día 6 de octubre, su cuerpo apareció cerca de las vías del tren a las orillas de la ciudad y con un disparo de arma de fuego. De acuerdo a filtraciones, posteriormente se sabría que no habría muerto por impacto de arma de fuego sino por golpes en la cabeza producto de tortura.
Semanas anteriores, Esqueda Castro precisó que había sufrido amenazas por parte de Policías de Investigación durante sus coberturas en la fuente policial. El periodista acudió a la Comision Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y solicitó protección del Mecanismo Estatal. Sin embargo, el mecanismo mencionado no habría respondido adecuadamente a la petición, dejando al periodista en un estado de indefensión.
En una primera reunión de los familiares con el entonces gobernador Juan Manuel Carreras, este prometió celeridad y justicia en el caso, pero ese día nunca sucedió. Antes bien, las investigaciones se tornaron lentas y tropezaban, inclusive se llegaron a registrar interrogatorios hostiles en contra de testigos con la intención de causar temor.
La investigación realizada por la Fiscalía General del Estado (FGE) se detuvo, y de acuerdo con propias fuentes internas, esto se debió a una negociación que el propio Gobierno de Carreras, a través de algunos de sus secretarios, concretaron para evitar que el caso se resolviera. En la Fiscalía General del Estado simplemente ya no se encuentra el expediente y los familiares no son atendidos debidamente, los traen a vuelta y vuelta. El vicefiscal Aarón Salas, parece desviar la atención del caso y hasta pudiera parecer que esto es resultado de un ánimo de adversidad contra Daniel, con el que tuviera un desencuentro un año antes de su muerte en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina (FENAPO).
La hipótesis que se maneja para explicar poque no se busca resolver este caso, a pesar de la importancia que representa y que inclusive ya es de conocimiento casi público quienes pudieron ser los autores materiales e intelectuales, es que el Estado no busca reconocer que se trató de un crimen perpetuado por personas que trabajan en la instituciones. Pero esto no frenaría el poco prestigio de las mismas, pues en un larga lista de denuncias se ha señalado una y otra vez a la FGE como una de las instituciones corrompidas por el hampa.
En un video difundido días despúes de la muerte de Daniel, en el que es torturado por sus captores, este acepta trabajar para el crimen organizado y señaló que varios compañeros lo hacían. El video es grabado bajo tortura y en respuesta a esto el Estado de forma velada intentó criminalizar a la víctima, pero cometería un error. En la entrevista se reconoce la voz del interrogador como un miembro de la Policía de Investigación, el cual fue sido asesinado meses después.
La familia ahora busca establecer responsabilid contra los funcionarios omisos en el caso, como antecedente recientemente se encontró culpabilidad a varios de ellos por el caso de la violencia que personal de la Policía de Investigación ejerció contra pobladores de la Comunidad de La Nora, en la delegación de La Pila.
El Estado no ha podido esclarecer el crimen porque no ha querido, lo que ha provocado un punto de inflexión de vulneración las garantías de las y los periodistas para ejercer su trabajo. La Ley de Protección es inservible, la nueva Ley lo es igual, al sostener un mecanismo inoperante que permitió la muerte de un periodista y la impunidad de varios casos de agresión hasta la fecha.
El nuevo gobierno tiene un compromiso fuerte por ser garante en que se pueda ejercer la libertad de prensa.
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