Hace algunos días, los potosinos reafirmaron su voluntad de declarar la Sierra de San Miguelito como Área Natural Protegida, sin embargo, el secretario general del ayuntamiento de San Luis Potosí, Sebastián Pérez García, se negó a firmar un documento en el que queda asentada la decisión de proteger la sierra.
Se le pidió al funcionario garantizar, por medio de su firma, que no habría cambio de uso de suelo y excluir de la actualización del Plan del Centro Estratégico las 2 mil 69 hectáreas en que el Carlos López Medina, alias el Chato, pretende llevar a cabo sus proyectos, pero éste respondió con una negativa y arguyó que se debe permitir a los constructores presentar sus planes de trabajo para que se evalúe su sustentabilidad y factibilidad.
Por su parte, el activista Michel Hernández, le volvió a solicitar a Pérez García que firmara para discutir en alguno de los puntos de la orden del día de una sesión de cabildo la exclusión de las mencionadas hectáreas de reserva, pero el secretario volvió a responder con evasivas al invitar a los presentes a participar en los foros para el Plan del Centro Estratégico, a pesar de que se le pidió devolverles la tranquilidad a los comuneros al comprometerse, al menos, a someter a revisión el punto de la protección ante el ayuntamiento.
Además, Carlos Covarrubias, asesor jurídico de los opositores a la urbanización de la Sierra de San Miguelito, denunció que el ayuntamiento de Xavier Nava entregó al Chato un plan de desarrollo urbano, el cual utilizó y simuló que ya estaba aprobado por la Procuraduría Agraria Nacional y Estatal. El activista añadió que este empresario llega a amenazar e intimidar a los comuneros diciéndoles que ya tiene autorización del presidente municipal e, incluso, del gobernador para cambiar el uso de suelo e iniciar la construcción.Finalmente, los activistas solicitaron una cita con el Instituto Municipal de Planeación (Implan), con el objetivo de conocer el estado de la Sierra de San Miguelito y los proyectos que ahí se pretenden llevar a cabo, además de denunciar las anomalías que persisten en dicho proceso. Dicha reunión podría tener lugar el 5 de junio.